La caída de El Mencho y el escenario que se abre para México y América Latina

 

Por Francisco Veracoechea

News Week Latam

La confirmación de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, representa uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en México en la última década. No solo por la figura que encarnó, sino por el tipo de organización que construyó y las implicaciones que su ausencia genera dentro y fuera del país. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió tras un operativo federal realizado en Tapalpa, según información oficial, abriendo un nuevo ciclo de incertidumbre en el mapa criminal.

Durante años, Oseguera Cervantes fue más que un jefe visible. Su papel consistió en consolidar una estructura criminal altamente adaptable, con capacidad de expansión territorial y una lógica empresarial orientada a controlar rutas, mercados y flujos financieros. A diferencia de otros liderazgos históricos del narcotráfico, el CJNG no dependió exclusivamente de un mando vertical, sino de una red de células con autonomía operativa, lo que explica su rápida expansión y su resistencia frente a la presión del Estado.

Este modelo permitió al grupo operar en al menos 28 estados de la República y extender su influencia a más de 35 países, de acuerdo con reportes oficiales y agencias internacionales. El control de corredores estratégicos, incluidos puertos como Manzanillo, fue clave para sostener su crecimiento. La caída de su fundador, por tanto, no supone un colapso automático, sino una reorganización interna cuyos efectos ya se manifiestan.

En las horas posteriores a la confirmación de su muerte, se registraron bloqueos y disturbios en distintas regiones de Jalisco, Michoacán y Colima. Estos episodios reflejan tanto la capacidad de movilización del grupo como el vacío de poder que deja la ausencia de su principal figura. Para especialistas en seguridad, este tipo de reacciones no son un fenómeno nuevo, sino parte de un patrón que suele acompañar la caída de liderazgos criminales de alto perfil.

El riesgo inmediato para México es una intensificación de la violencia derivada de disputas internas y de la presión ejercida por organizaciones rivales, entre ellas el Cártel de Sinaloa. Estados con antecedentes de alta conflictividad, como Guanajuato y Michoacán, podrían enfrentar un escenario de mayor fragmentación criminal, con consecuencias directas en los niveles de inseguridad local.

La sucesión dentro del CJNG no está definida de manera formal. Analistas coinciden en que la organización podría transitar hacia un liderazgo colegiado o fragmentado, lo que dificulta la contención por parte de las autoridades. Una estructura menos centralizada reduce la posibilidad de golpes decisivos y multiplica los focos de conflicto, especialmente a nivel regional.

Más allá de las fronteras mexicanas, la caída de El Mencho tiene implicaciones en América Latina. El CJNG mantiene presencia en Centroamérica, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde participa en el control de rutas de drogas y migrantes. En Sudamérica, investigaciones judiciales y reportes de inteligencia señalan vínculos operativos en Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil, así como redes de lavado en el Cono Sur. La fragmentación del CJNG podría redistribuir estas alianzas, pero no eliminarlas.

Uno de los puntos centrales del debate es el impacto real que la muerte de El Mencho tendrá sobre el consumo de drogas. La experiencia histórica indica que la eliminación de un líder criminal no reduce de forma automática la oferta ni la demanda. Mientras exista un mercado sólido, particularmente en Estados Unidos, las cadenas de suministro tienden a reconfigurarse con rapidez. En algunos casos, la competencia entre grupos genera incluso una mayor disponibilidad de sustancias y un incremento de la violencia asociada.

Para México, el desafío no se limita a contener reacciones inmediatas o posibles venganzas. El verdadero reto es evitar que el vacío de poder derive en un ciclo prolongado de homicidios, desplazamientos internos y control territorial por parte de múltiples actores criminales. La respuesta institucional en las próximas semanas será determinante para establecer si este golpe se traduce en una reducción sostenida de la violencia o en una nueva fase de inestabilidad.

La muerte de El Mencho marca un punto de quiebre simbólico, pero no el final del fenómeno que representó. El futuro del CJNG y del panorama criminal en México dependerá de la capacidad del Estado para ir más allá de los liderazgos individuales y atacar las estructuras financieras, la corrupción y las redes transnacionales que sostienen al crimen organizado. En ese terreno se juega, más que en cualquier operativo, la posibilidad de un cambio duradero.

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Cuando el control nuclear deja de existir: el vacío que deja el Tratado START

 

Por Francisco Veracoechea

News Week Latam

El equilibrio nuclear nunca fue una garantía de paz, sino un ejercicio permanente de contención. Durante décadas, las grandes potencias asumieron que la acumulación ilimitada de armas atómicas no ofrecía mayor seguridad, sino un riesgo constante de destrucción mutua. De esa lógica nació el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START, uno de los pilares menos visibles —pero más decisivos— de la seguridad internacional contemporánea.

Tras el final de la Guerra Fría, el control del armamento nuclear se convirtió en una forma de diplomacia silenciosa. No eliminó las tensiones ni las rivalidades, pero estableció reglas mínimas que limitaron sus consecuencias más peligrosas. START fue, ante todo, un acuerdo de supervivencia. No partía de la confianza, sino del reconocimiento de que el error humano, la mala interpretación o el accidente podían desencadenar una catástrofe global.

El primer tratado START fue firmado en 1991, en un contexto de transición histórica. La Unión Soviética se desintegraba, el orden bipolar se desmoronaba y el mundo entraba en una etapa de incertidumbre estratégica. En ese escenario, Washington y Moscú optaron por reducir sus arsenales nucleares estratégicos y, por primera vez, aceptaron inspecciones presenciales y el intercambio de información sensible. Aquella decisión marcó un cambio de paradigma: incluso los adversarios más profundos podían acordar límites cuando el riesgo era compartido.

Ese espíritu se mantuvo, con altibajos, durante las décadas siguientes. En 2010, ya con Rusia como heredera del arsenal soviético, Estados Unidos y Rusia firmaron el llamado Nuevo START, que entró en vigor en 2011. El acuerdo fijó topes precisos al número de ojivas nucleares desplegadas y a los sistemas capaces de lanzarlas. Sin embargo, su valor principal no residía en las cifras, sino en la previsibilidad que introducía en una relación marcada por la desconfianza.

Durante años, el Nuevo START funcionó incluso cuando el clima político se deterioraba. Fue una de las pocas áreas en las que ambas potencias mantuvieron un diálogo técnico constante. Ese canal no resolvía los conflictos, pero evitaba que estos se trasladaran al terreno nuclear. En un sistema internacional cada vez más volátil, esa estabilidad silenciosa actuó como una red de seguridad.

La erosión del tratado no fue repentina. Las tensiones acumuladas por la expansión de la OTAN, las sanciones económicas y la confrontación estratégica fueron debilitando la confianza necesaria para sostenerlo. La guerra en Ucrania terminó por romper ese frágil equilibrio. En 2023, Moscú anunció la suspensión de su participación en el acuerdo, un gesto cargado de significado político. Aunque el tratado sigue vigente formalmente hasta febrero de 2026, su arquitectura práctica quedó seriamente dañada.

La posible desaparición definitiva del Nuevo START abriría un escenario inédito desde los años sesenta. Por primera vez en más de medio siglo, no existirían límites verificables sobre los arsenales nucleares estratégicos de las dos principales potencias atómicas. Sin inspecciones ni intercambio de datos, cada movimiento militar se interpretaría bajo el prisma de la sospecha. En ese contexto, el riesgo no es solo el conflicto deliberado, sino el error.

Los resultados del sistema START, pese a sus limitaciones, fueron tangibles. Los arsenales se redujeron de forma significativa, la transparencia aumentó y la carrera armamentista quedó parcialmente contenida. No fue un proceso de desarme, pero sí una gestión racional del riesgo. Ese legado es el que hoy amenaza con desaparecer.

El problema es que el mundo que heredaría ese vacío es más complejo que el de 1991 o incluso el de 2010. Nuevas potencias nucleares ganan peso, las armas hipersónicas desafían los esquemas tradicionales de defensa y la inteligencia artificial comienza a influir en los sistemas de decisión militar. Los tratados existentes no fueron diseñados para este escenario, y cualquier nuevo acuerdo exigiría una redefinición profunda del control armamentista.

Si no se firma un nuevo tratado, el resultado más probable no será una crisis inmediata, sino una carrera armamentista gradual, menos visible y más difícil de controlar. Más armas, menos transparencia y mayor margen para errores de cálculo. La historia demuestra que estas dinámicas rara vez conducen a mayor seguridad.

A corto plazo, la firma de un nuevo acuerdo parece poco viable. La desconfianza domina la relación entre Washington y Moscú. A largo plazo, sin embargo, la experiencia sugiere que algún tipo de marco será inevitable. El control nuclear no es una concesión al adversario, sino una necesidad compartida.

La desaparición del Tratado START no implica una amenaza inmediata, pero sí la pérdida de uno de los pocos consensos que sobrevivieron al final de la Guerra Fría. Durante décadas, incluso en los momentos de mayor confrontación, las grandes potencias aceptaron que las reglas eran preferibles al vacío.

El problema no es solo la ausencia de un tratado, sino el mensaje que deja su abandono: la idea de que las normas pueden descartarse cuando incomodan al poder. En un sistema internacional cada vez más fragmentado, esa señal resulta especialmente inquietante.

El riesgo nuclear no suele anunciarse con estruendo. No llega en forma de crisis visibles ni de titulares espectaculares. Se instala lentamente, en la opacidad, en la falta de verificación y en la normalización de la desconfianza. Cuando finalmente se hace evidente, suele ser demasiado tarde para corregirlo.

Renunciar al control del armamento nuclear no es una apuesta audaz. Es una apuesta temeraria. En un mundo atravesado por rivalidades crecientes, hay riesgos que no admiten competencia. Cuando se trata de armas capaces de destruirlo todo, el verdadero poder no reside en acumularlas, sino en saber limitarse.

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El país más seguro del hemisferio: lo que los números dicen y lo que los números callan

168 días sin un solo homicidio en 2026. Una tasa que se aproxima a 0.90 por cada 100.000 habitantes — la más baja del hemisferio occidental. El 91% de aprobación popular. Y del otro lado: 547 muertos bajo custodia estatal, el propio Bukele admitiendo 8.000 detenidos inocentes, y una acusación de fiscales de Estados Unidos que sugiere que la paz pudo haberse negociado con las mismas pandillas que prometió destruir. El análisis que ningún número por sí solo puede hacer.

El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele ha reducido sus homicidios en un 92,3% respecto a 2022. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel en Tecoluca con capacidad para 40.000 reclusos, se ha convertido en el símbolo más visible — y más debatido — de esa transformación.  |  Foto: archivo · News LATAM

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Por Francisco Veracoechea Barquero

Periodista y analista de comunicación estratégica · News LATAM

Recorrer hoy un barrio popular de San Salvador ya no despierta el mismo nudo en el estómago. Las pandillas que durante décadas impusieron toques de queda informales, cobraron extorsión a los comercios y decidieron quién vivía o moría en cada cuadra han desaparecido de la escena cotidiana. Las madres que antes recogían a sus hijos del colegio antes del atardecer ahora los dejan jugar hasta entrada la noche. Los mercados bullen sin el fantasma de la extorsión. El turismo que durante años evitó el país por miedo fluye de nuevo hacia playas y ruinas arqueológicas. Docenas de países — entre ellos Estados Unidos, Japón, Australia, Suecia y Noruega — han reducido sus alertas de viaje para El Salvador o lo han catalogado como destino seguro. Algo cambió. Algo cambió de verdad.

Un taxista de San Salvador lo resume sin rodeos: "Antes no me atrevía a manejar de noche por miedo a las maras; ahora puedo llevar pasajeros a cualquier hora sin preocuparme." Un vecino de un barrio anteriormente controlado por pandillas añade: "Mis hijos salen a la calle y regresan sin que yo tenga que rezar cada vez." Muchos salvadoreños describen esta normalidad como un sueño recuperado. La tranquilidad ha devuelto a la gente la posibilidad de vivir sin calcular cada paso. Eso no es poca cosa. En ningún lugar del mundo es poca cosa.

Los números que nadie esperaba ver

Los datos oficiales son difíciles de ignorar. El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios en todo el territorio y una tasa de 1,36 por cada 100.000 habitantes — la más baja de su historia reciente —, con una reducción del 28% respecto al año anterior. En 2026 los números se han vuelto aún más extraordinarios: al 10 de julio, el país registraba solo 30 homicidios en el año, proyectando una tasa de 0,90 por cada 100.000 habitantes. Si esa tendencia se mantiene, El Salvador terminaría el año por debajo de 1 homicidio por cada 100.000 habitantes por primera vez en toda su historia documentada. El país que hasta hace una década encabezaba las listas globales de violencia se acerca a ser el más seguro del mundo.

Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, el país acumula más de 1.000 días sin homicidios. En lo que va de 2026, son 168 jornadas completas sin un solo asesinato — una cifra que habría parecido ciencia ficción hace apenas cuatro años. Los homicidios se han reducido en un 92,3% en comparación con 2022. El respaldo popular acompaña ese discurso: la encuesta más reciente de LPG Datos otorga a Bukele un 91,9% de aprobación tras seis años y medio de gobierno. Nueve de cada diez salvadoreños respaldan su gestión. La seguridad aparece, con diferencia, como el principal factor de ese apoyo.

«El Salvador es ya irrefutablemente el país más seguro de Latinoamérica. Es increíble pensar que hasta hace unos años éramos el país más peligroso del mundo. Un buen Gobierno da resultados, un mal Gobierno da excusas.»

Nayib Bukele, presidente de El Salvador · julio 2026

El método que lo hizo posible

Detrás de esa tranquilidad hay un método que no pasa desapercibido. El régimen de excepción, decretado en marzo de 2022 y prorrogado por la Asamblea Legislativa — controlada por el oficialismo — sin interrupción hasta hoy, suspende garantías constitucionales clave: detención solo con orden judicial, plazos máximos de prisión preventiva e inviolabilidad de las comunicaciones. Permite detenciones administrativas de hasta 15 días sin acceso inmediato a defensa legal. Más de 92.480 personas han sido detenidas desde su entrada en vigor.

El símbolo más visible de esta política es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad construida en Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, con capacidad para 40.000 reclusos. Sus celdas albergan entre 65 y 70 personas cada una. No hay visitas. No hay programas educativos. No hay acceso al exterior. La población penitenciaria de todo el país supera los 107.000 personas — una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo —. En paralelo, la Asamblea Legislativa aprobó en 2025 reformas constitucionales que eliminan los límites a la reelección presidencial, habilitando a Bukele para mantenerse en el poder de forma indefinida.

Lo que los números callan

Al 25 de julio de 2026, la cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal desde el inicio del régimen de excepción asciende al menos a 547, según documentación de organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario. El 94% de esas personas no tenían perfil de pandilleros. Ningún responsable ha sido procesado. Las propias autoridades salvadoreñas reconocen que el presidente Bukele admitió públicamente la detención de al menos 8.000 personas sin vínculos delictivos. Las organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 6.400 denuncias por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones al debido proceso. El 40% de las detenciones, estima Socorro Jurídico Humanitario, fueron arbitrarias e ilegales, basadas en llamadas anónimas o "cuotas diarias" impuestas a los cuerpos de seguridad.

Human Rights Watch documenta en su Informe Mundial 2026 detenciones basadas en apariencia física o tatuajes, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos bajo custodia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares para defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian acoso estatal. Jueces y fiscales críticos fueron destituidos en 2021. El equilibrio institucional, en la práctica, ha sido sustituido por la concentración de poder en el Ejecutivo.

547 muertos bajo custodia. 8.000 inocentes detenidos por el propio reconocimiento del presidente. El 94% de los fallecidos sin perfil criminal. Esos también son los números de El Salvador. Y esos también son reales.

Francisco Veracoechea · News LATAM · análisis

La pregunta que más incomoda

Hay un dato que el gobierno de Bukele no incluye en sus comunicados de cifras récord y que sin embargo circula en los tribunales federales de Estados Unidos. Según una acusación formal de fiscales norteamericanos, funcionarios del gobierno de Bukele negociaron con los líderes de la MS-13 desde 2019 condiciones específicas: regímenes penitenciarios más laxos, penas más cortas, liberaciones anticipadas y garantías de no extradición a Estados Unidos. A cambio, la pandilla se habría comprometido a reducir los homicidios visibles en el país y a proporcionar apoyo político durante los procesos electorales. La acusación no es una especulación periodística: es un documento formal de la fiscalía federal estadounidense.

Si esa acusación es correcta, la pregunta cambia de dimensión. Ya no es "¿a qué precio vino la paz?" sino algo más perturbador: ¿fue la reducción de homicidios en parte el resultado de un acuerdo con las mismas organizaciones criminales que el régimen prometió destruir? ¿Fueron las redadas masivas la cara pública de un pacto privado? El gobierno salvadoreño rechaza categóricamente la acusación y la califica de campaña de desinformación. Pero el documento existe. Y la pregunta permanece abierta en un tribunal federal que no depende de la Asamblea Legislativa de San Salvador.

¿Puede durar?

El salvadoreño común responde con hechos: sale a la calle, apoya al gobierno con cifras récord y apuesta a que esta tranquilidad perdure. Esa es una respuesta legítima. El dolor de vivir décadas bajo el terror de las pandillas es real. El alivio de poder caminar de noche es real. Ningún análisis honesto puede ignorar eso.

Pero la historia de América Latina está llena de promesas de orden que trajeron calma breve y, después, autoritarismo o nuevos ciclos de inestabilidad. El llamado "modelo Bukele" despierta admiración en países asfixiados por la violencia y alarma entre quienes ven en él un atajo que sacrifica los contrapesos institucionales que costaron décadas construir. ¿Qué ocurrirá si algún día se levanta el régimen de excepción? ¿Regresará la violencia organizada cuando decenas de miles de detenidos — muchos de ellos inocentes — recuperen la libertad con rencor acumulado? ¿Puede una democracia convivir de forma sostenida con un poder tan concentrado en una sola figura que ahora puede reelegirse indefinidamente?

El tiempo ofrecerá la respuesta. Mientras tanto, El Salvador vive. Respira. Y en silencio, con esa tranquilidad que millones celebran como un regalo, se pregunta si esta paz — forjada con tanta determinación, tanto cemento y tanto silencio — podrá perdurar sin que el precio se cobre de otra forma.

168 días sin homicidios en 2026. 547 muertos bajo custodia. Una acusación en un tribunal federal de Estados Unidos. Todos son números de El Salvador. Y todos son reales. Lo que cada uno decida hacer con esa ecuación dice tanto del observador como del modelo que observa.

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FUENTES: Gabinete de Seguridad de El Salvador / Ministro Gustavo Villatoro · Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador · Human Rights Watch, Informe Mundial 2026 · Socorro Jurídico Humanitario (SJH) · Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) · LPG Datos (encuesta aprobación Bukele, enero 2026) · Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador · Fiscalía federal de Estados Unidos / acusación sobre negociación con MS-13 · Diario El Salvador / Diario La Página / El Pueblo SV · Diario La Huella · La Silla Rota (México) · AFP / Marvin Recinos · EFE / Rodrigo Sura · Reuters · France 24 · The Guardian · NPR · Declaraciones de Nayib Bukele (X/@nayibbukele) · Ministerio de Justicia y Paz de El Salvador · Wikipedia / Centro de Confinamiento del Terrorismo · Wikipedia / Estado de excepción en El Salvador 2022.

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© 2026 Francisco Eduardo Veracoechea Barquero · News LATAM · Reproducción parcial citando la fuente y el autor

Crisis en el Cuerno de África y el Mar Rojo

La guerra que nadie declaró llega al Mar Rojo

Mientras el mundo miraba Ucrania y Gaza, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos libraban una guerra silenciosa por el control del Cuerno de África y el Mar Rojo. En julio de 2026, esa guerra dejó de ser silenciosa: los hutíes declararon bloqueo marítimo a Arabia Saudita, seis superpetroleros saudíes debieron rodear África y el precio del petróleo subió hasta los 90 dólares. La guerra oculta ya no puede esconderse.

El granelero Eternity C hunde en el Mar Rojo, julio de 2025. En julio de 2026, los hutíes declararon bloqueo marítimo total contra Arabia Saudita, forzando a seis superpetroleros saudíes a desviar su ruta y rodear África. Por el estrecho de Bab el-Mandeb — apenas 29 kilómetros de ancho — transita el 7% de la producción mundial de petróleo.  |  Foto: Ansar Allah Media Office vía AP · vía Infobae

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Por Francisco Veracoechea

Periodista y analista de comunicación estratégica · News LATAM

Mientras el mundo fija la mirada en Ucrania y Gaza, una confrontación mucho menos visible — pero no por ello menos decisiva — está reconfigurando una de las arterias comerciales más críticas del planeta: el Mar Rojo y el Cuerno de África. No hay declaraciones formales de guerra ni frentes militares claramente definidos. Lo que existe es una pugna silenciosa por poder e influencia entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, librada a través de financiamiento indirecto, control de infraestructuras estratégicas y alianzas opacas con actores locales. En julio de 2026, esa guerra dejó de ser silenciosa. Y el mundo comenzó a pagar la factura en el precio del petróleo.

El resultado de esta disputa no es abstracto. Se traduce en Estados debilitados, millones de desplazados y crisis humanitarias que, según organismos internacionales, ya superan en gravedad a muchas de las que hoy monopolizan titulares globales. África vuelve a ser escenario de una competencia que no decidió, pero que paga con creces. La pregunta ya no es si existe esta guerra invisible, sino por qué se intensifica ahora y quién obtiene realmente beneficios del caos.

El tablero estratégico del Mar Rojo

El Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb — apenas 29 kilómetros de ancho entre el suroeste de Yemen y el Cuerno de África — concentran entre el 10 y el 15% del comercio marítimo mundial. Por estas rutas circulan hidrocarburos del Golfo, granos hacia Europa y Asia y suministros energéticos esenciales para las economías industrializadas. Cualquier disrupción en este corredor impacta precios globales, cadenas logísticas y estabilidad política más allá de la región. Según datos de la consultora Kpler, solo en junio de 2026 transitó por Bab el-Mandeb el equivalente al 7% de la producción mundial de petróleo.

Desde 2024 y con mayor intensidad en 2025-2026, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han acelerado su proyección sobre esta zona para blindar intereses propios frente a una competencia creciente que incluye a China, Turquía e incluso actores vinculados a Irán a través de fuerzas interpuestas. El Cuerno de África dejó de ser una periferia olvidada para convertirse en un punto neurálgico de la seguridad económica global.

Dos modelos de poder enfrentados

El Cuerno de África y el Mar Rojo: el tablero donde Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos libran su guerra de influencia a través de puertos, milicias y alianzas locales.  |  Infografía: News LATAM

Arabia Saudita ha optado por una estrategia centrada en la estabilidad estatal. Su enfoque privilegia el respaldo a gobiernos centrales reconocidos, la mediación diplomática y los acuerdos militares formales. Riad busca un entorno previsible que garantice la seguridad de las rutas marítimas y reduzca el riesgo de vacíos de poder aprovechables por actores hostiles. Esta lógica explica su implicación en procesos de mediación en Sudán y su alineamiento con Egipto, Turquía y Somalia en la construcción de un nuevo eje de seguridad para el Mar Rojo. El bloque pro-saudí incluye a Egipto, Turquía, Qatar, Eritrea, Yibuti y Somalia.

Emiratos Árabes Unidos, en cambio, ha desplegado una estrategia más pragmática y directa. Prioriza el control de activos estratégicos — puertos, aeropuertos, minas y corredores logísticos — incluso en contextos de fragmentación institucional. Para ello ha respaldado actores no estatales o fuerzas locales semiautónomas cuando le resulta funcional. Este modelo le ha permitido avanzar con rapidez y consolidar presencia territorial, pero también lo ha colocado en el centro de acusaciones recurrentes sobre desestabilización. Emiratos ha construido una pista aérea militar y un moderno puerto de aguas profundas en Berbera, Somalilandia — un territorio separatista no reconocido por el gobierno federal somalí. En 2026, Abu Dhabi salió de la OPEP, lo que confirma que la rivalidad con Riad no es coyuntural: es estructural.

Sudán: el laboratorio del oro y la guerra civil

Sudán se ha convertido en el laboratorio más crudo de esta rivalidad. Tras el colapso de la transición posterior a Omar al Bashir, el país quedó atrapado en una guerra civil entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Informes reiterados del Panel de Expertos de la ONU han documentado el flujo de apoyo externo a las RSF a través de redes de oro y armamento, con Emiratos señalado como actor clave. Arabia Saudita, por su parte, ha impulsado iniciativas de mediación orientadas a preservar una estructura estatal mínima. El choque de estrategias no ha producido estabilidad, sino una guerra prolongada que ha expulsado a millones de sudaneses de sus hogares.

El oro se ha vuelto un factor crucial. La guerra empujó a miles de sudaneses hacia la minería informal como mecanismo de supervivencia ante el colapso económico. Agricultores han abandonado el campo para incorporarse a actividades mineras altamente precarias, mientras el oro se convierte en combustible financiero del conflicto. Según expertos de la ONU, buena parte de ese oro es extraído y traficado ilegalmente para financiar a actores armados — un círculo perverso donde la guerra produce el recurso que financia la guerra.

«Hacia 2026, la tensión más visible es la competencia estratégica entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Ambos países respaldan a bandos rivales y utilizan la guerra civil sudanesa como escenario de proyección de poder.»

Mauricio Meschoulam, analista internacional · El Universal México · mayo 2026

Somalia, Yemen e Israel: nuevas piezas en el tablero

En Somalia, la confrontación alcanzó un punto de quiebre en enero de 2026. El gobierno federal rompió de forma abrupta todos sus acuerdos con Emiratos Árabes Unidos el 12 de enero, canceló concesiones portuarias y expulsó al personal militar emiratí. El detonante: Israel se convirtió en el primer país en reconocer a Somalilandia, la región separatista donde los Emiratos habían construido infraestructura militar y portuaria estratégica. Somalia sospechó que Abu Dhabi facilitó ese reconocimiento dada la estrecha relación emiratí con Israel. Arabia Saudita, Egipto, Turquía y otros países de mayoría musulmana condenaron la decisión israelí. Emiratos no lo hizo. La ruptura Somalia-Emiratos no fue un accidente diplomático — fue la consolidación de dos bloques irreconciliables en la región.

Yemen, aunque a menudo analizado como un conflicto separado, forma parte del mismo tablero. La disolución del Consejo de Transición del Sur debilitó la principal plataforma de influencia emiratí en el sur del país. Etiopía, mientras tanto, se acerca a los Emiratos buscando apoyo profundo, mientras Eritrea se aproxima a Arabia Saudita. El Cuerno de África ya no puede analizarse país por país: es un sistema de vasos comunicantes donde cada movimiento en un punto resuena en todos los demás.

Julio 2026: la guerra sale a la luz

Imagen satelital del estrecho de Bab el-Mandeb, julio de 2026. Por esta vía de 29 kilómetros de ancho transita el 7% de la producción mundial de petróleo. En julio de 2026, los hutíes anunciaron bloqueo total contra Arabia Saudita.  |  Foto: NASA Worldview / Distribución vía Reuters · vía Infobae

El 20 de julio de 2026, los hutíes de Yemen — financiados por Irán — declararon bloqueo marítimo total contra Arabia Saudita. El detonante inmediato fue el bombardeo saudí al aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní. La respuesta hutí convirtió el estrecho de Bab el-Mandeb en un campo de batalla activo. El 22 y 23 de julio, los hutíes atacaron con drones y misiles a los petroleros Encelia y Layla, desencadenando incendios a bordo de ambas embarcaciones. El 24 de julio, el NCC MASA sufrió daños adicionales. Seis superpetroleros saudíes cambiaron de rumbo en el golfo de Adén y comenzaron a navegar hacia el sur de África para evitar el bloqueo — una imagen que habla por sí sola sobre la magnitud de la crisis.

El timing del bloqueo no fue casual. Ese mismo 22 de julio, los secretarios de Energía de Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron el Acuerdo 123, un pacto de cooperación nuclear civil a 30 años que abre la puerta al enriquecimiento de uranio en suelo saudí. La confluencia de tres crisis simultáneas — el cierre iraní del estrecho de Ormuz, el bloqueo hutí en Bab el-Mandeb y el acuerdo nuclear Washington-Riad — redefinió la geometría del conflicto regional. Para Arabia Saudita, que exporta siete millones de barriles diarios y obtuvo ingresos petroleros de 187.000 millones de dólares en 2025, perder acceso al Mar Rojo es una amenaza existencial. El Brent subió a 90,85 dólares. El WTI rozó los 84 dólares. El mundo comenzó a pagar la factura de una guerra que nadie había declarado.

Los superpetroleros saudíes rodean África porque el Mar Rojo ya no es seguro. Eso es lo que significa que una guerra "oculta" deja de serlo: cuando sus consecuencias llegan al precio del combustible en todo el planeta.

Francisco Veracoechea · News LATAM · análisis

El costo real: África paga lo que no decidió

Más allá de las maniobras diplomáticas y las disputas por influencia, la guerra invisible tiene consecuencias devastadoras para la población civil africana. El flujo constante de armas, la financiación de milicias y la competencia entre potencias externas han erosionado aún más a Estados ya frágiles. En Sudán del Sur, los efectos se manifiestan en desplazamientos masivos, inseguridad alimentaria crónica y dependencia casi total de la ayuda internacional. Arabia Saudita suministra hasta el 75% del crudo que importa Egipto y el 25% de Sudáfrica. Las disrupciones en el Mar Rojo impactan directamente las economías de Etiopía, Sudán y todos los países del este africano que dependen de esas rutas para sus importaciones y exportaciones. Djibouti y Egipto, que obtienen miles de millones de dólares anuales de sus puertos y del Canal de Suez, están directamente expuestos.

Reducir esta confrontación a un choque ideológico o religioso sería una simplificación engañosa. Lo que está en juego es poder: control de rutas marítimas, acceso a recursos estratégicos y capacidad de influencia en foros internacionales. Arabia Saudita apuesta por estabilidad y previsibilidad. Emiratos privilegia flexibilidad y control directo. Ambas visiones colisionan en un continente joven, rico en recursos y estructuralmente vulnerable. Si la comunidad internacional sigue mirando hacia otro lado, esta guerra sin nombre no solo destruirá el Cuerno de África: erosionará la estabilidad de rutas globales y alimentará nuevas crisis migratorias y de seguridad que llegarán a todas partes.

En agosto de 2026, la Unión Africana condenó formalmente los ataques hutíes contra los petroleros saudíes en el Mar Rojo, calificándolos de «grave amenaza» para la seguridad marítima internacional. La organización panafricana expresó solidaridad con Arabia Saudita y reafirmó su apoyo a la libre navegación. Fue, quizás, el primer reconocimiento institucional africano de que la guerra que destruye África ya no puede seguir ignorándose desde adentro.

Seis superpetroleros saudíes navegando en formación alrededor de África para evitar un bloqueo en el Mar Rojo. Esa es la imagen de febrero de 2026 convertida en agosto de 2026. La guerra oculta ya no es oculta. Solo falta que el mundo decida mirarla.

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FUENTES: Infobae América / agencias (julio-agosto 2026) · EFE (julio 2026) · AP / Ansar Allah Media Office · Reuters / NASA Worldview (imagen satelital Bab el-Mandeb, jul. 2026) · Mauricio Meschoulam, El Universal México (mayo-julio 2026) · Amwaj.media (julio 2026) · Política Exterior España (julio 2026) · Critical Threats / AEI (julio 2026) · El Universal México · LISA News · Kpler Analytics · LSEG / MarineTraffic (datos de seguimiento AIS) · Panel de Expertos de la ONU / Sudán · Unión Africana — declaración jul. 2026 · Organización Marítima Internacional · Declaraciones de Mahmoud Ali Youssouf (UA), Abdulaziz bin Salman (Arabia Saudita), funcionarios de Mogadiscio y Abu Dhabi · Análisis de campo, News LATAM.

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© 2026 Francisco Eduardo Veracoechea Barquero · News LATAM · Reproducción parcial citando la fuente y el autor

El colapso de la energía en Cuba

Cuba al límite: cuando la energía deja de ser política

Durante casi dos décadas, Cuba sobrevivió su propia ineficiencia energética gracias al petróleo venezolano. Ese colchón geopolítico desapareció. Julio de 2026 fue el peor mes en la historia de la electricidad cubana. Agosto arrancó con el sexto apagón nacional del año. La isla no atraviesa una crisis energética: está en el colapso que siempre fue inevitable.

La crisis energética cubana ha convertido la ausencia de electricidad en la experiencia más cotidiana de la isla. Apagones de 20 horas en La Habana y hasta tres días consecutivos en provincias definen la vida de 10 millones de cubanos en 2026.  |  Foto: archivo · News LATAM

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Por Francisco Veracoechea

Periodista y analista de comunicación estratégica · News LATAM

Durante casi dos décadas, la estabilidad energética de Cuba no dependió de su capacidad productiva, ni de reformas internas, ni de una inserción competitiva en los mercados internacionales. Dependió, esencialmente, de un acuerdo geopolítico: el suministro preferencial de petróleo venezolano. Ese flujo, sostenido desde mediados de la década de 2000, permitió a la isla mantener a flote su sistema eléctrico, su transporte y buena parte de su actividad económica, aun cuando sus propias infraestructuras mostraban un deterioro creciente. La geopolítica fue el colchón que amortiguó décadas de ineficiencia estructural. Y ese colchón ya no existe.

En su punto más alto, entre 2010 y 2014, Venezuela llegó a enviar a Cuba entre 90.000 y 115.000 barriles diarios de crudo y derivados. No era una relación comercial convencional: parte se pagaba con servicios profesionales, otra mediante esquemas de crédito blando y, en la práctica, bajo condiciones muy alejadas del mercado global. Ese petróleo no solo alimentó termoeléctricas y vehículos. Funcionó como un amortiguador político y económico que permitió posponer decisiones estructurales, administrar la escasez sin enfrentarla plenamente y sostener un modelo energético ineficiente y altamente dependiente del exterior. Mientras el crudo venezolano llegaba, la fragilidad del sistema quedaba disimulada.

A partir de 2014, la producción petrolera venezolana entró en caída acelerada. Los envíos a Cuba se redujeron de forma progresiva: de los picos históricos a aproximadamente 27.400 barriles diarios en promedio durante 2025, con meses tan bajos como 11.000 barriles en octubre de ese año. El subsidio ya no existía. Solo quedaban restos de una relación en retirada.

El punto de quiebre: geopolítico, no técnico

El verdadero punto de quiebre no fue técnico. Fue geopolítico. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcó el final de cualquier margen de tolerancia. Washington dejó claro que no permitiría esquemas energéticos paralelos, triangulaciones financieras opacas ni subsidios encubiertos que mantuvieran con vida a economías aliadas fuera de las reglas del mercado. La llamada nueva era Trump no introdujo matices: cerró espacios, aumentó la presión sobre navieras, aseguradoras e intermediarios financieros y elevó el costo del riesgo hasta hacerlo prácticamente inasumible. El petróleo venezolano dejó de ser solo escaso. Se volvió comercialmente inviable.

Para Cuba, esto significó algo más profundo que la pérdida de un proveedor. Implicó el colapso de un modelo energético basado en la excepción política. Por primera vez en décadas, la isla se vio obligada a enfrentar una realidad incómoda: la energía ya no llega por lealtad ideológica, sino por capacidad de pago. Y Cuba carece de esa capacidad. Con una economía debilitada, escasez crónica de divisas y acceso limitado al crédito internacional, comprar combustible en el mercado global implica condiciones estrictas — pagos anticipados, seguros elevados y trazabilidad financiera completa — todo lo contrario al esquema que sostuvo al país durante años.

La crisis energética cubana no es el inicio de un problema, sino su desenlace provisional. Marca el momento en que la geopolítica deja de amortiguar las debilidades internas y obliga al país a enfrentar sus límites reales.

Francisco Veracoechea · News LATAM · análisis

El impacto se aceleró con crudeza desde principios de 2026. Amplias zonas del país enfrentaron apagones de entre 15 y 20 horas diarias, con un déficit eléctrico que rozó los 2.000 megavatios en picos de demanda. El racionamiento se extendió a semanas laborales reducidas, teletrabajo masivo y priorización estricta de hospitales y cadenas de alimentos. La advertencia emitida a aerolíneas internacionales sobre la imposibilidad de garantizar combustible en aeropuertos cubanos no fue una falla administrativa: fue la manifestación visible de una derrota geopolítica. Las mulas han vuelto a arar el campo. La leña y el carbón — cuyo consumo creció 27% y 66% respectivamente entre 2022 y 2024 según la ONEI — alimentan los hogares. El problema es circular: Cuba necesita turistas para comprar energía. Necesita energía para recibir turistas. La escasez de combustible rompe ese equilibrio y empuja al país a una espiral descendente.

Línea de tiempo del colapso energético

Evolución de los envíos de petróleo venezolano a Cuba desde el acuerdo de 2000 hasta el colapso de 2026. De 115.000 bpd en el pico (2010-2014) a cero envíos confirmados desde enero de 2026.  |  Infografía: News LATAM

El acuerdo Cuba-Venezuela firmado en 2000 estableció el flujo de crudo que en su pico (2010-2014) alcanzó entre 90.000 y 115.000 barriles diarios. A partir de 2014, la caída venezolana comenzó: para 2016-2017 los envíos promediaban 20.000-40.000 bpd. En 2023 aún llegaban unos 51.500-56.000 bpd. En 2024 cayeron a 32.000-35.000 con picos puntuales. En 2025 el promedio venezolano fue de apenas 27.400 bpd, con meses críticos de 11.000 bpd en octubre. Desde enero de 2026, tras la captura de Maduro y el bloqueo petrolero de facto impuesto por Washington — que amenaza con aranceles a cualquier país que suministre crudo a La Habana — los envíos venezolanos se detuvieron. Solo un buque ruso (Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles) alivió marginalmente la situación por unas dos semanas.

Julio 2026: el peor mes de la historia eléctrica cubana

Julio de 2026 quedará en los registros como el mes más oscuro de la historia eléctrica cubana desde que existen datos oficiales. De sus 31 días, solo en tres el déficit de generación bajó de los 2.000 megavatios — lo que significa que durante 28 jornadas, en el horario de máxima demanda, más del 60% del país estuvo simultáneamente sin electricidad. Tres apagones nacionales en siete días. Provincias con hasta tres días consecutivos de oscuridad total.

El 3 de agosto se registró el sexto apagón nacional del año. La Unión Eléctrica (UNE) atribuyó la desconexión a fenómenos meteorológicos que afectaron unidades generadoras ya frágiles. Pero el telón de fondo es más simple: sin crudo de Venezuela, México ni Rusia, las termoeléctricas que queman combustible importado están paralizadas. Los generadores a diésel y fueloil — que representaban otro 40% de la generación — también están inoperativos. Los paneles solares que China ayuda a instalar (92 parques en desarrollo) aún no compensan ni una fracción del déficit.

Cuba requiere más de 100.000 barriles diarios para cubrir su demanda energética. En julio de 2026, en ningún día llegó a esa cifra. La isla opera al límite de lo que puede llamarse funcionamiento.

Mundiario · análisis de la crisis energética cubana · agosto 2026

La respuesta del gobierno de Díaz-Canel ha sido abrir lo que durante décadas se consideró innegociable: en abril de 2026 declaró Cuba abierta a la inversión privada estadounidense para exploración y perforación petrolera. El 29 de julio, el ministro de Energía y Minas autorizó la primera iniciativa de inversión extranjera para importar y vender combustible en la isla. Unas 200 empresas locales recibieron aval para distribuir hidrocarburos al por mayor. La Asamblea Nacional aprobó un paquete de 176 medidas de apertura económica. Un régimen que se construyó sobre la soberanía energética como bandera ideológica está pidiendo ayuda a quien pueda dársela — sin distinción ideológica.

Desde una perspectiva histórica, el momento actual recuerda al colapso energético que siguió a la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, como ahora, Cuba perdió de golpe a su principal patrocinador externo. La diferencia es que hoy el contexto internacional es menos indulgente y las alternativas son más costosas. Ni Moscú ni Caracas están en condiciones de sustituir el papel que desempeñaron. Y Washington ha dejado claro que no habrá excepciones. Mientras no aparezca una fuente de suministro estable y financiable, esa frontera seguirá estrechándose. Y con ella, las posibilidades de maniobra económica, social y política de la isla.

Las mulas aran el campo que antes aró el petróleo venezolano. La leña calienta los hogares que antes calentó el acuerdo de 2000. Cuba está enfrentando, con décadas de retraso, la realidad que el subsidio energético siempre pospuso. La pregunta ya no es si la crisis llegará a su punto más bajo. Llegó. La pregunta es si habrá algo capaz de revertirla.

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FUENTES: Reuters (shipping data y PDVSA docs, 2024-2026) · Kpler Analytics (2025-2026) · TankerTrackers.com · Jorge Piñón, University of Texas (entrevistas NPR/NEPM, enero 2026) · Financial Times (enero 2026) · Bloomberg / Bloomberg Línea (enero-agosto 2026) · Diario de Cuba (agosto 2026) · Mundiario (agosto 2026) · El Independiente España (febrero 2026) · Confirmado Venezuela (agosto 2026) · ONEI (Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba) · Unión Eléctrica de Cuba (UNE) · Declaraciones de Miguel Díaz-Canel y ministro Manuel Marrero · Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba — 176 medidas económicas, julio 2026 · Análisis de campo, News LATAM.

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© 2026 Francisco Eduardo Veracoechea Barquero · News LATAM · Reproducción parcial citando la fuente y el autor

El hombre clave: por qué la segunda captura de Alex Saab aterra al régimen venezolano

Un mes después de la captura de Maduro, la "Operación Relámpago" detuvo en la madrugada de Caracas a los dos hombres que mejor conocen los secretos financieros del chavismo. Alex Saab movió 300 millones de dólares para el régimen. Raúl Gorrín lavó más de 1.000 millones desde PDVSA. Ambos conocen nombres, cuentas y rutas que Washington lleva años intentando rastrear. Si deciden hablar, el mapa de la corrupción venezolana cambia para siempre.

Alex Saab, empresario colombiano y principal operador financiero del chavismo, obtuvo contratos multimillonarios con el gobierno de Maduro para importación de alimentos y viviendas sociales. Fue capturado el 4 de febrero de 2026 en Caracas en un operativo conjunto SEBIN-FBI.  |  Foto: Leonardo Fernández Viloria / Reuters · vía Infobae

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Por Francisco Veracoechea

Periodista y analista de comunicación estratégica · News LATAM

Durante años, en Venezuela se repitió una certeza amarga: los verdaderos responsables del colapso económico no daban la cara. No aparecían en mítines, no firmaban decretos ni hablaban en cadenas nacionales. Operaban en silencio, entre contratos opacos, cuentas en el exterior y estructuras empresariales diseñadas para no dejar huellas. Alex Saab y Raúl Gorrín encajaron perfectamente en ese perfil. Su captura, en la madrugada del 4 de febrero de 2026 — exactamente un mes después de la detención de Nicolás Maduro — marca un punto de inflexión que va mucho más allá de dos nombres propios y obliga a mirar de frente cómo funcionó el poder real en Venezuela durante más de una década.

La "Operación Relámpago" fue una acción conjunta entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y agentes del FBI de Estados Unidos. A las 2:30 de la madrugada, los detuvieron en Cerro Verde, Caracas. No fue una coincidencia de calendario. Según fuentes citadas por el Miami Herald, Washington presentó al gobierno interino de Delcy Rodríguez una serie de exigencias como condición para la cooperación: la entrega de Saab y Gorrín estaba en la lista. El gobierno venezolano, en plena negociación para restablecer relaciones diplomáticas rotas desde 2019 y desbloquear activos congelados en el exterior, los entregó. La captura no fue un acto de justicia espontánea. Fue una moneda de cambio.

Saab: el operador que construyó el puente entre Maduro y el mundo

Operación Relámpago, 4 de febrero de 2026. SEBIN + FBI. 2:30 AM. Cerro Verde, Caracas. Un mes exacto después de la captura de Maduro.  |  Infografía: News LATAM

Alex Saab no era un funcionario. Era algo más útil: un empresario colombiano que podía moverse donde los funcionarios no podían. En los años más duros de las sanciones internacionales contra Venezuela, Saab se convirtió en el puente entre el Estado y un sistema financiero global que le cerraba las puertas a Caracas. Su nombre quedó asociado al programa CLAP — el sistema de cajas de alimentos del gobierno — donde múltiples investigaciones internacionales revelaron sobreprecios sistemáticos, mercancía de mala calidad y un circuito de empresas registradas en paraísos fiscales. La justicia estadounidense lo acusó formalmente de haber lavado 300 millones de dólares obtenidos ilegalmente, transferidos a cuentas bancarias en Estados Unidos entre 2011 y 2015 a través de su socio Álvaro Pulido.

Saab estuvo preso en Estados Unidos desde 2021 — detenido en Cabo Verde durante una escala aérea y extraditado — hasta diciembre de 2023, cuando Joe Biden lo incluyó en un canje que liberó a diez ciudadanos estadounidenses y varios presos políticos venezolanos. Fue uno de los canjes más polémicos de la era Biden: Washington liberó al principal testaferro conocido de Maduro a cambio de presos. De vuelta en Venezuela, Saab siguió en la órbita del poder. Cuando cayó Maduro, su protección desapareció con él. En el nuevo contexto, Saab pasó de ser indispensable a ser negociable.

«Saab podría ser un testigo clave contra Maduro en el juicio por narcotráfico que el exmandatario enfrenta en Nueva York. Conoce las estructuras financieras del régimen como nadie.»

Juan Miguel Betancourt, abogado venezolano · citado por Caribe Peninsular · febrero 2026

Gorrín: el empresario que prosperó en el lado oscuro del dólar

Raúl Gorrín operaba en un terreno distinto pero igualmente estratégico: las finanzas y la influencia mediática. Propietario de Globovisión — el canal de televisión venezolano más influyente durante años — y con acceso directo a altos funcionarios del régimen, Gorrín fue señalado desde agosto de 2017 por la justicia estadounidense. En octubre de 2024, la Homeland Security Investigations (HSI) de Miami lo acusó formalmente de haber lavado más de 1.000 millones de dólares provenientes de sobornos vinculados a PDVSA, utilizando el sistema financiero de Estados Unidos para comprar bienes raíces, yates y artículos de lujo. Entre 2008 y 2017, pagó sobornos a dos extesoreros de Venezuela — Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén, ambos ya condenados en Estados Unidos — que tenían autoridad para fijar las tasas de cambio. En un país donde el dólar era un bien escaso y regulado, tener acceso privilegiado a divisas equivalía a acumular poder económico de forma acelerada y sin límites.

Gorrín representó al empresario que prosperó gracias a la cercanía con el Estado y a un sistema diseñado para beneficiar a pocos. No fue víctima de las distorsiones económicas del chavismo: fue uno de sus beneficiarios directos. Su control sobre Globovisión le daba además un instrumento de influencia política que pocos en el mundo empresarial venezolano podían igualar. La combinación de dinero, medios e información convertía su captura en algo más que una operación judicial — es el desmantelamiento de una pieza del aparato de poder paralelo que sostuvo al régimen.

Lo que saben — y lo que Washington quiere escuchar

La razón por la que la captura de estos dos hombres aterroriza al entorno chavista no es solo legal: es lo que ambos podrían revelar. Saab conoce los mecanismos que permitieron al Estado venezolano evadir sanciones durante años — las rutas de los buques, los intermediarios financieros, los bancos corresponsales, los paraísos fiscales utilizados. Gorrín conoce los nombres de funcionarios que recibieron sobornos, las cuentas bancarias donde esos fondos aterrizaron y las empresas que sirvieron de fachada. Según fuentes citadas por Infobae, si Saab decide negociar información a cambio de reducción de cargos — lo que en la práctica del sistema judicial norteamericano se llama "cooperación" — podría comprometer a docenas de funcionarios del régimen todavía activos, revelar las cuentas en paraísos fiscales donde descansa una porción significativa del dinero público venezolano, y aportar evidencia directa al juicio de Maduro en Nueva York por narcotráfico.

La posible extradición de Saab y Gorrín generó alarma inmediata entre los testaferros y operadores financieros del régimen. Porque si Saab habla, muchos de los que creyeron estar protegidos dejan de estarlo.

Francisco Veracoechea · News LATAM · análisis

En su primera detención en Estados Unidos (2021-2023), Saab mantuvo silencio y se declaró inocente — en parte, porque su familia permanecía en Venezuela bajo la protección implícita del régimen. Ahora, sin Maduro en el poder y sin ese escudo, el cálculo cambia. El sistema judicial norteamericano ofrece incentivos concretos a quienes cooperan: reducción de cargos, acuerdos de culpabilidad, programas de protección. Para alguien que enfrenta décadas de cárcel, esa es una opción que se evalúa con mucha más seriedad.

El impacto en Venezuela y en América Latina

Para Venezuela, el impacto es profundo y contradictorio. Por un lado, se abre una expectativa de justicia largamente postergada. Millones de venezolanos asocian estos nombres con el desabastecimiento, la inflación y el empobrecimiento acelerado de una sociedad que vio cómo se evaporaban los recursos del país a través de exactamente estos mecanismos. Verlos enfrentar procesos judiciales rompe, al menos simbólicamente, la idea de impunidad absoluta que definió al chavismo durante años. Por otro lado, persiste la desconfianza legítima: sin instituciones independientes consolidadas, muchos temen que estas capturas respondan más a ajustes de poder internos y negociaciones diplomáticas que a un verdadero combate contra la corrupción. La pregunta que nadie puede responder todavía es si la justicia avanzará con transparencia o si este episodio se diluirá como tantos otros en la historia reciente del país.

En el plano regional, el caso resuena con fuerza. América Latina conoce bien estas historias: empresarios que crecen al calor del poder, Estados que delegan funciones clave en intermediarios privados y sistemas financieros internacionales utilizados para mover dinero fuera del alcance ciudadano. La caída de Saab y Gorrín es observada con atención porque podría sentar precedentes sobre cooperación judicial internacional, mecanismos de recuperación de activos soberanos y responsabilidades compartidas entre los países que facilitaron el paso de ese dinero. Los bancos corresponsales que procesaron esas transacciones no operaban en el vacío.

La captura de Alex Saab y Raúl Gorrín no resuelve la crisis venezolana ni borra años de deterioro institucional. Pero sí marca el final visible de una etapa en la que ciertos actores parecían definitivamente intocables. Venezuela, y buena parte de América Latina, observa con atención. Porque esta historia no habla solo de dos hombres y sus cuentas en paraísos fiscales. Habla de un modelo de poder que operó durante décadas en las sombras del Estado — y que ahora, por primera vez, tiene que responder en público.

Mientras Maduro enfrenta un juicio en Nueva York, sus principales operadores financieros esperan extradición en Caracas. El círculo se cierra de adentro hacia afuera. Y lo que digan en los tribunales de Estados Unidos podría ser la radiografía más completa jamás hecha del poder real en Venezuela.

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FUENTES: AlbertoNews (fuentes judiciales venezolanas, feb. 2026) · Diario Financiero Chile (feb. 2026) · El Nuevo Siglo Colombia (feb. 2026) · Caribe Peninsular México (feb. 2026) · Transparencia Venezuela (feb. 2026) · Imago Argentina / citando Miami Herald (mar. 2026) · Periodista Digital España (feb. 2026) · Caracol Radio / citando fuentes de inteligencia estadounidenses · Infobae América Latina · Departamento de Justicia de Estados Unidos — acusaciones contra Alex Saab y Álvaro Pulido · HSI Miami — acusación formal contra Raúl Gorrín (oct. 2024) · OFAC — sanciones contra Saab y Gorrín · Declaraciones públicas de Delcy Rodríguez, Juan Miguel Betancourt (abogado venezolano) · Casos judiciales de Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén (EE.UU.) · Análisis de campo, News LATAM.

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De Laura Chinchilla a Laura Fernández: una nueva presidenta, un país exigente

Por: Francisco Veracoechea

Costa Rica vuelve a ser gobernada por una mujer. Más de una década después del mandato de Laura Chinchilla, la victoria electoral de Laura Fernández abre una nueva etapa política cargada de simbolismo, expectativas y desafíos concretos. No se trata únicamente de un relevo en la Presidencia, sino de un momento que obliga al país a revisar su memoria política reciente y a proyectarse hacia un futuro marcado por la complejidad institucional y por una ciudadanía cada vez más exigente.

Laura Fernández llega al poder con un respaldo electoral claro y con una base legislativa significativa. Su partido, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), obtuvo 31 diputados en la Asamblea Legislativa, lo que le garantiza mayoría simple. Ese número le permite aprobar leyes ordinarias, influir de manera decisiva en la agenda parlamentaria y evitar la parálisis que ha condicionado a otros gobiernos en el pasado. Sin embargo, la mayoría calificada —38 votos— queda fuera de su alcance, lo que introduce un límite político evidente: las reformas estructurales, los nombramientos clave y las decisiones de mayor calado requerirán acuerdos con otras fuerzas políticas.

En su primer discurso tras la victoria, la noche del domingo, Fernández prometió presidir un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho. El mensaje buscó transmitir estabilidad institucional y autoridad democrática. No obstante, ese mismo discurso dejó ver un tono más confrontativo cuando calificó a parte de la oposición como “obstruccionista y saboteadora”. La frase marcó desde el inicio una tensión que atravesará todo su mandato: la necesidad de construir consensos frente a la tentación de gobernar desde la confrontación política.

La mayoría que permite avanzar y el límite que obliga a negociar

Contar con 31 diputados coloca a Laura Fernández en una posición más sólida que la de otros presidentes recientes. La mayoría simple le otorga margen de maniobra para impulsar proyectos de ley ordinarios y sostener una narrativa de gobernabilidad. No llega con las manos atadas ni condenada a la inacción. Sin embargo, ese respaldo no equivale a un control absoluto del poder legislativo.

La diferencia entre mayoría simple y mayoría calificada será el verdadero campo de batalla político del nuevo gobierno. Siete votos separan al Ejecutivo de la posibilidad de avanzar en reformas profundas sin depender de la oposición. Esa distancia obligará a la presidenta a ejercer una política de negociación constante, donde el diálogo dejará de ser una promesa de campaña para convertirse en una necesidad cotidiana.

En Costa Rica, la Asamblea Legislativa no es un actor secundario. Es un contrapeso real, con capacidad para condicionar el rumbo del Ejecutivo. La historia política reciente demuestra que los gobiernos que confunden fuerza parlamentaria con poder absoluto suelen enfrentar bloqueos, desgaste prematuro y pérdida de legitimidad. Fernández deberá administrar con cuidado esa frontera entre fortaleza y límite.

A este escenario institucional se suma un contexto económico y social exigente. El costo de la vida, la inseguridad y la percepción de estancamiento pesan sobre amplios sectores de la población. La ciudadanía observa con atención y con menos paciencia que en el pasado. Cada decisión tendrá impacto inmediato y cada error se amplificará con rapidez. La mayoría simple ofrece margen de acción, pero no inmunidad frente al desgaste político.

El futuro de Costa Rica: ¿en manos inciertas?

La comparación con Laura Chinchilla es inevitable. Su gobierno, entre 2010 y 2014, estuvo marcado por dificultades de gobernabilidad, tensiones políticas y un desgaste temprano que limitó su capacidad de acción. Más allá de valoraciones personales, aquel periodo dejó una lección clara: en Costa Rica, gobernar sin consensos sólidos termina pasando factura.

El contexto actual es aún más complejo. La polarización política ha aumentado, el debate público es más áspero y la opinión pública es menos indulgente frente a la ineficiencia o la confrontación estéril. Laura Fernández asume el poder en un país más vigilante, más crítico y con expectativas altas, pero con un margen reducido para errores no forzados.

El desafío del nuevo gobierno no será solo aprobar leyes, sino construir legitimidad sostenida. La firmeza anunciada en el discurso de victoria deberá traducirse en liderazgo efectivo, no en aislamiento político. La negociación no será una concesión, sino una herramienta indispensable para ampliar la base de apoyo más allá de los 31 votos propios.

Costa Rica no enfrenta un salto al vacío, pero sí un periodo de incertidumbre controlada. Su fortaleza histórica ha sido la institucionalidad, el respeto al Estado de derecho y la cultura del acuerdo. Si esas bases prevalecen, el país podrá transitar este nuevo ciclo con estabilidad. Si se erosionan, la incertidumbre dejará de ser política para convertirse en estructural.

Más que en manos inciertas, el futuro de Costa Rica está en manos compartidas. Y en una democracia madura, ese no debería ser un motivo de temor, sino una prueba de carácter.

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