Malema: entre la provocación política, la justicia y las heridas abiertas de Sudáfrica

 

Julius Malema canta “Kill the Boer” junto a simpatizantes del Economic Freedom Fighters, en una escena que mezcla apoyo político y fuerte polémica.

Por Francisco Veracoechea | News Week Latam

La figura de Julius Malema se ha consolidado como una de las más disruptivas —y, al mismo tiempo, reveladoras— del escenario político sudafricano contemporáneo. Su ascenso no es un accidente ni un fenómeno aislado: es la consecuencia directa de una promesa incumplida. Tres décadas después del fin del apartheid, Sudáfrica sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini entre los más altos a nivel global y una tasa de desempleo juvenil —especialmente entre la población negra— que supera ampliamente los promedios internacionales.

En ese contexto de frustración estructural emerge Malema, no como un moderador del descontento, sino como su amplificador. Desde el liderazgo del Economic Freedom Fighters (EFF), ha construido un discurso que mezcla reivindicación histórica, nacionalismo económico y confrontación directa con las élites. Su narrativa no busca consenso: busca movilizar, tensionar y obligar a tomar posición.

La insistencia en consignas como “Kill the Boer” resume esa estrategia. El canto, originado en la lucha contra el apartheid, ha sido objeto de múltiples interpretaciones jurídicas en Sudáfrica. Tribunales, incluido el Constitucional, han determinado en distintas ocasiones que no constituye discurso de odio en sí mismo, al entenderse dentro de un contexto histórico y político específico. Sin embargo, su reiteración en el presente —en actos políticos contemporáneos— genera temor real en sectores de la comunidad afrikáner, especialmente en un entorno donde la violencia rural es una preocupación constante.

Esa ambigüedad no debilita a Malema; lo fortalece. Le permite sostener un discurso que, dependiendo del público, puede ser leído como memoria histórica o como provocación. En política, esa doble lectura es poder.

La condena dictada este 16 de abril de 2026 introduce un elemento judicial que reconfigura, al menos parcialmente, su escenario político. Malema fue sentenciado a cinco años de prisión por delitos relacionados con la posesión y uso ilegal de armas —derivados de un incidente ocurrido en 2018—, aunque permanecerá en libertad bajo fianza mientras apela la decisión. El dato es crucial: no ha sido encarcelado, pero la sentencia existe.

Más allá del impacto inmediato, el fallo abre una interrogante política de mayor alcance. En Sudáfrica, una condena superior a 12 meses sin opción de multa puede implicar la pérdida del escaño parlamentario, lo que representaría un golpe significativo para el EFF y para la proyección institucional de Malema. No es solo un asunto penal; es un posible punto de inflexión político.

Al mismo tiempo, la sentencia no guarda relación con su discurso. No hay condena por incitación al odio racial, lo que subraya una distinción fundamental: la justicia sanciona hechos concretos, no interpretaciones políticas. En un entorno polarizado, esa diferencia es incómoda, pero esencial.

El hecho de que la jueza que dictó la sentencia sea blanca ha sido utilizado en el debate público como elemento simbólico. Sin embargo, elevar ese dato a prueba de sesgo sin evidencia verificable supondría abandonar el terreno de los hechos para entrar en el de las percepciones. Y el periodismo, por definición, no puede operar en ese vacío.

La controversia ha trascendido fronteras, amplificada por figuras como Elon Musk, quien denunció lo que calificó como un “genocidio blanco”. La afirmación ha sido rechazada por el presidente Cyril Ramaphosa, que insiste en que la violencia en el país responde a una criminalidad estructural y generalizada, no a una política sistemática dirigida contra un grupo racial específico.

La realidad, sin embargo, es más compleja que ambas narrativas. Sudáfrica presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, superando los 40 por cada 100.000 habitantes. En ese contexto, los ataques a granjas —muchas de ellas propiedad de blancos— existen, son en ocasiones extremadamente violentos y han sido documentados por organizaciones como AfriForum o la Transvaal Agricultural Union. Aunque estas cifras son objeto de debate, lo que resulta indiscutible es la percepción de inseguridad entre los agricultores, que ha impulsado procesos de emigración y ha alimentado un sentimiento de vulnerabilidad persistente.

Reducir este fenómeno a “genocidio” simplifica en exceso. Ignorarlo, también.

En paralelo, el trasfondo económico sigue siendo determinante. Las políticas de empoderamiento económico negro (B-BBEE) buscan corregir desigualdades históricas mediante requisitos como la participación accionaria de al menos un 30% por parte de grupos históricamente desfavorecidos en ciertos sectores. Estas medidas, aunque justificadas desde una lógica de reparación, generan tensiones en el presente.

El caso de Starlink lo ilustra con claridad. Las exigencias regulatorias han dificultado su entrada en el mercado sudafricano, en medio de críticas —incluidas las de Musk— que califican estas políticas como discriminación inversa. El gobierno, por su parte, ha explorado fórmulas alternativas como los llamados “equity equivalent programs” para equilibrar inversión y equidad.

El dilema es evidente: cómo corregir el pasado sin comprometer el futuro.

En este contexto, la idea de un “apartheid inverso” aparece con frecuencia en ciertos discursos, especialmente fuera del país. Sin embargo, su uso requiere precisión. El apartheid fue un sistema legal de segregación racial institucionalizada. La Sudáfrica actual, pese a sus tensiones, opera bajo un marco constitucional que reconoce la igualdad formal de todos sus ciudadanos, heredero del proceso liderado por Nelson Mandela.

Eso no significa que la reconciliación esté completa. Significa que el conflicto ha cambiado de forma, no que haya desaparecido.

Sudáfrica no solo enfrenta una crisis de desigualdad o de seguridad. Enfrenta una disputa más profunda: la del relato. Qué historia se cuenta sobre sí misma, quién la cuenta y con qué propósito.

En ese terreno, figuras como Malema no son una anomalía, sino una consecuencia.

El lenguaje político adquiere entonces un peso determinante: puede explicar una realidad compleja o reducirla a consignas, abrir espacios de comprensión o profundizar divisiones.

Mientras esa tensión no encuentre un equilibrio, Sudáfrica seguirá oscilando entre la memoria de su pasado y la incertidumbre de su futuro.

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Irán: el error de cálculo que encendió un conflicto sin control

 

Por Francisco Veracoechea

News Week Latam

Lo que fue concebido como una operación rápida, precisa y con objetivos limitados ha derivado en un escenario muy distinto: una guerra que no termina, que se transforma y que comienza a escapar del control de quienes la impulsaron. La ofensiva contra Irán, lanzada por Estados Unidos e Israel a inicios de 2026, partía de una premisa clara: un golpe contundente podría debilitar de forma irreversible al régimen iraní o, al menos, forzarlo a ceder.

Semanas después, esa premisa ha quedado en entredicho. El conflicto no solo persiste, sino que se expande en múltiples direcciones, incorporando nuevos actores, nuevos riesgos y una creciente incertidumbre. Más que una guerra convencional, lo que se configura es una dinámica conocida en Oriente Próximo: conflictos que no se resuelven, sino que evolucionan. La cuestión ya no es cuánto durará esta guerra, sino en qué se está convirtiendo.

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El error de cálculo

La ofensiva inicial respondió a una lógica estratégica que, sobre el papel, parecía sólida. Washington y Tel Aviv apostaron por una operación de alto impacto contra infraestructuras clave, centros de mando y figuras relevantes del aparato iraní. La idea era clara: alterar el equilibrio interno del régimen mediante un golpe rápido que limitara su capacidad de respuesta.

Este tipo de planteamiento no es nuevo. Se sustenta en la premisa de que la superioridad militar, combinada con inteligencia precisa, puede producir resultados decisivos en poco tiempo. Sin embargo, esa lógica ha demostrado tener límites cuando se enfrenta a estructuras estatales complejas y adaptativas.

Irán no es un actor convencional. Su capacidad para absorber impactos, reorganizar su cadena de mando y mantener cohesión interna ha sido subestimada. Lejos de colapsar, el régimen reaccionó con rapidez, ajustó su estrategia y desplazó el conflicto hacia terrenos menos previsibles.

El error no fue de ejecución, sino de diagnóstico. Se sobreestimó la capacidad de un golpe inicial para definir el desenlace y se subestimó la resiliencia del adversario. Ese desajuste es el punto de partida de todo lo que ha venido después.

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La guerra que no terminó

La respuesta iraní no ha buscado una victoria inmediata, sino modificar las condiciones del conflicto. En lugar de una confrontación directa, Teherán ha optado por una estrategia de desgaste, basada en la dispersión de frentes y el uso de herramientas asimétricas.

Misiles, drones y ataques selectivos han ampliado el alcance de la guerra más allá del territorio iraní. El Golfo Pérsico, el entorno del estrecho de Ormuz y otras zonas estratégicas se han convertido en escenarios activos, donde la presión se ejerce de forma constante pero fragmentada.

Este tipo de guerra tiene una lógica distinta. No se trata de avanzar territorialmente ni de imponer una victoria visible, sino de generar incertidumbre, elevar los costos del adversario y prolongar el conflicto en el tiempo. En ese contexto, la superioridad militar pierde parte de su ventaja.

A medida que la confrontación se expande, también se multiplica el número de actores implicados, de forma directa o indirecta. El conflicto deja de ser bilateral y pasa a configurarse como una red de tensiones interconectadas. Cada frente abierto añade complejidad y reduce las posibilidades de control.

Lo que se planteó como una operación puntual ha evolucionado hacia un escenario regional más amplio, donde los límites son difusos y los riesgos se acumulan.

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Un conflicto sin salida clara

Uno de los rasgos más característicos de la situación actual es la ausencia de una salida evidente. Ninguno de los actores principales dispone de una vía clara para cerrar el conflicto sin asumir costos significativos.

Para Estados Unidos e Israel, una escalada mayor implicaría riesgos militares, económicos y políticos difíciles de gestionar. Para Irán, una retirada o concesión sustancial supondría un debilitamiento de su posición regional y de su legitimidad interna.

Este equilibrio de restricciones genera un bloqueo. Cada parte tiene incentivos para continuar, pero también límites que impiden una resolución definitiva. El resultado es un conflicto que se mantiene activo, sin avanzar hacia un desenlace.

En este contexto, la diplomacia queda relegada a un segundo plano. Existen canales de comunicación y propuestas puntuales, pero carecen de la fuerza necesaria para alterar la dinámica general. Mientras la lógica militar predomine, cualquier intento de negociación estará condicionado por lo que ocurra en el terreno.

A esta situación se suma un elemento adicional: la presión política interna. Los discursos públicos y las declaraciones de los líderes refuerzan posiciones y reducen el margen para el compromiso. Retroceder no se presenta como una opción viable, sino como una señal de debilidad.

La guerra, así, se convierte en un espacio donde convergen limitaciones estratégicas y necesidades políticas, dificultando cualquier salida rápida.

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Lo que viene: un conflicto que puede quedarse

A corto y mediano plazo, el escenario más probable no es una resolución, sino una prolongación. El conflicto tiende a estabilizarse en una forma intermedia: episodios de escalada seguidos de fases de relativa calma, sin un cierre definitivo.

La posibilidad de una escalada mayor sigue presente, especialmente si se producen errores de cálculo o incidentes inesperados. En entornos de alta tensión, decisiones puntuales pueden desencadenar reacciones en cadena que alteren el equilibrio actual.

Al mismo tiempo, una desescalada negociada no puede descartarse, pero requiere condiciones que, por ahora, no parecen consolidadas. La falta de confianza entre las partes y la persistencia de objetivos contrapuestos dificultan ese camino.

Mientras tanto, las consecuencias del conflicto se extienden más allá de la región. El impacto sobre el mercado energético, las rutas comerciales y la estabilidad económica global es evidente. Lo que ocurre en Oriente Próximo ya no es un fenómeno aislado, sino un factor que influye en equilibrios más amplios.

En este contexto, el tiempo se convierte en un elemento central. No como una cuenta regresiva hacia el final, sino como un factor que consolida dinámicas. Cuanto más se prolonga el conflicto, más difícil resulta revertirlo.

La guerra contra Irán no se ha prolongado por falta de capacidad militar, sino por una lectura incompleta de su naturaleza. El error no fue lanzar la ofensiva, sino asumir que podía controlarse su evolución.

Hoy, el conflicto no responde a un plan definido, sino a una dinámica que se alimenta de sus propias tensiones. Ninguno de los actores parece capaz de imponer un desenlace, pero tampoco de retirarse sin asumir un costo que no está dispuesto a pagar.

En ese equilibrio inestable reside el mayor riesgo. Porque cuando una guerra deja de estar guiada por objetivos claros y pasa a sostenerse por la imposibilidad de terminarla, deja de ser un instrumento de poder y se convierte en una fuente permanente de incertidumbre.

Oriente Próximo conoce bien ese tipo de conflictos. La diferencia, esta vez, es que sus efectos ya no se limitan a la región.

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Iran: The Miscalculation That Ignited an Uncontrolled Conflict

 

By Francisco Veracoechea

News Week Latam

What was conceived as a rapid, precise operation with limited objectives has evolved into something very different: a war that does not end, that keeps transforming, and is beginning to slip beyond the control of those who initiated it. The offensive against Iran, launched by the United States and Israel in early 2026, was built on a clear premise: a decisive strike could irreversibly weaken the Iranian regime or, at the very least, force it to yield.

Weeks later, that premise has been called into question. The conflict not only persists but is expanding in multiple directions, drawing in new actors, new risks, and growing uncertainty. More than a conventional war, what is taking shape is a familiar dynamic in the Middle East: conflicts that are not resolved, but rather evolve. The question is no longer how long this war will last, but what it is becoming.

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The Miscalculation

The initial offensive followed a strategic logic that, on paper, seemed sound. Washington and Tel Aviv relied on a high-impact operation targeting key infrastructure, command centers, and influential figures within Iran’s apparatus. The idea was straightforward: disrupt the regime’s internal balance through a swift blow that would limit its capacity to respond.

This approach is not new. It rests on the assumption that military superiority, combined with precise intelligence, can deliver decisive results in a short time. However, this logic has repeatedly shown its limits when confronted with complex and adaptive state structures.

Iran is not a conventional actor. Its ability to absorb shocks, reorganize its command chain, and maintain internal cohesion was underestimated. Far from collapsing, the regime reacted quickly, adjusted its strategy, and shifted the conflict into less predictable arenas.

The mistake was not in execution, but in diagnosis. The capacity of an initial strike to define the outcome was overestimated, while the resilience of the adversary was underestimated. That mismatch is the starting point of everything that has followed.

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The War That Didn’t End

Iran’s response has not aimed for immediate victory, but rather to reshape the conditions of the conflict. Instead of direct confrontation, Tehran has opted for a war of attrition, based on dispersed fronts and asymmetric tools.

Missiles, drones, and targeted attacks have extended the scope of the war beyond Iranian territory. The Persian Gulf, the Strait of Hormuz, and other strategic areas have become active theaters where pressure is applied constantly, yet in a fragmented manner.

This type of warfare follows a different logic. It is not about territorial advances or visible victories, but about generating uncertainty, increasing the adversary’s costs, and prolonging the conflict over time. In that context, military superiority loses part of its advantage.

As the confrontation expands, so does the number of actors involved, directly or indirectly. The conflict ceases to be bilateral and becomes a network of interconnected tensions. Each new front adds complexity and reduces the chances of control.

What began as a limited operation has evolved into a broader regional scenario, where boundaries are blurred and risks accumulate.

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A Conflict Without a Clear Exit

One of the most defining features of the current situation is the absence of a clear way out. None of the main actors has a viable path to end the conflict without incurring significant costs.

For the United States and Israel, further escalation would entail military, economic, and political risks that are difficult to manage. For Iran, a withdrawal or major concession would mean weakening its regional position and internal legitimacy.

This balance of constraints creates a deadlock. Each side has incentives to continue, but also limits that prevent a definitive resolution. The result is a conflict that remains active, without moving toward a conclusion.

In this context, diplomacy is pushed into the background. Communication channels and occasional proposals exist, but they lack the strength to alter the overall dynamic. As long as military logic prevails, any negotiation attempt will be shaped by developments on the ground.

An additional factor complicates matters: internal political pressure. Public discourse and leaders’ statements reinforce hardline positions and reduce room for compromise. Stepping back is not presented as a viable option, but as a sign of weakness.

The war thus becomes a space where strategic limitations and political needs converge, making any rapid resolution unlikely.

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What Comes Next: A Conflict That May Stay

In the short and medium term, the most likely scenario is not resolution, but prolongation. The conflict tends to stabilize in an intermediate form: episodes of escalation followed by periods of relative calm, without a definitive end.

The risk of further escalation remains, especially if miscalculations or unexpected incidents occur. In high-tension environments, isolated decisions can trigger chain reactions that alter the current balance.

At the same time, a negotiated de-escalation cannot be ruled out, but it requires conditions that, for now, do not appear to be in place. The lack of trust between the parties and the persistence of conflicting objectives make that path difficult.

Meanwhile, the consequences of the conflict extend beyond the region. Its impact on energy markets, trade routes, and global economic stability is evident. What happens in the Middle East is no longer an isolated phenomenon, but a factor shaping broader global balances.

In this context, time becomes a central element. Not as a countdown to an end, but as a force that consolidates dynamics. The longer the conflict lasts, the harder it becomes to reverse it.

The war against Iran has not dragged on due to a lack of military capability, but because of an incomplete understanding of its nature. The mistake was not launching the offensive, but assuming its evolution could be controlled.

Today, the conflict no longer follows a defined plan, but a dynamic fueled by its own tensions. None of the actors appears capable of imposing an outcome, yet none is willing to withdraw without paying a cost they are unwilling to bear.

That unstable equilibrium holds the greatest risk. Because when a war ceases to be guided by clear objectives and is instead sustained by the impossibility of ending it, it stops being an instrument of power and becomes a permanent source of uncertainty.

The Middle East knows this kind of conflict well. The difference this time is that its effects are no longer confined to the region.

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Las caras de Trump y un orden mundial en fractura

Por Francisco Veracoechea
News Week Latam

La figura de Donald Trump ha dejado de ser un actor político disruptivo en el plano interno estadounidense para convertirse en una fuerza que incide directamente en la reconfiguración del sistema internacional. Su regreso al poder no solo confirma una tendencia política doméstica, sino que profundiza una transformación global que ya estaba en marcha: el debilitamiento del orden liberal surgido tras la Guerra Fría y su sustitución por una dinámica más volátil, transaccional y centrada en el poder.

Durante décadas, Estados Unidos sostuvo un entramado internacional basado en alianzas estables, reglas compartidas y una cierta previsibilidad estratégica. Sin embargo, la visión impulsada por Trump rompe con esa tradición. Bajo el principio de “America First”, la política exterior deja de estructurarse como liderazgo colectivo para convertirse en una negociación constante, donde incluso los aliados históricos son evaluados en función de su rentabilidad inmediata. El cambio no es retórico: altera la lógica misma del sistema.

La guerra en Ucrania ilustra con claridad esta mutación. Desde la invasión ordenada por Vladimir Putin en 2022, el apoyo estadounidense fue determinante para sostener la resistencia de Kiev, acumulando compromisos que superan los 180.000 millones de dólares. No obstante, bajo la nueva administración, ese respaldo ha experimentado un giro sustancial. La ayuda directa se ha reducido de forma drástica y, en su lugar, se ha privilegiado un enfoque orientado a la negociación.

Trump ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo rápido con Moscú, promoviendo contactos diplomáticos paralelos y respaldando iniciativas de diálogo en escenarios como Riad o Berlín. En este contexto, la guerra deja de ser únicamente un conflicto territorial para convertirse en un espacio de redefinición estratégica donde Estados Unidos ya no actúa como garante automático de un bando, sino como un actor que busca cerrar el conflicto bajo sus propios términos.

El impacto de este cambio trasciende a Ucrania. Para Europa, introduce un elemento de incertidumbre estructural: el compromiso estadounidense ya no se percibe como incondicional. Para Rusia, en cambio, abre una ventana de oportunidad, al sugerir que el desgaste occidental puede traducirse en concesiones políticas. La guerra, que en sus inicios consolidó la cohesión transatlántica, se ha transformado en un escenario donde esa cohesión comienza a mostrar fisuras.

Ese mismo patrón se refleja en la evolución de la OTAN. Durante años, Trump cuestionó el papel de la alianza, denunciando el desequilibrio en el gasto militar entre Estados Unidos y sus socios europeos. Lo que entonces parecía una crítica recurrente se ha traducido en una transformación tangible. Por primera vez en su historia, los 32 miembros de la OTAN han alcanzado el objetivo del 2% del PIB en gasto en defensa, impulsados tanto por la amenaza rusa como por la presión directa de Washington.

Sin embargo, este cumplimiento no ha reforzado necesariamente la cohesión política de la alianza. Al contrario, ha evidenciado un cambio más profundo: la seguridad colectiva ya no se percibe como un compromiso automático, sino como una responsabilidad que cada país debe sostener por sí mismo. En paralelo, se discuten objetivos aún más ambiciosos —hasta el 3,5% o incluso el 5% del PIB— y se acelera el debate sobre la autonomía estratégica europea.

En este contexto, la OTAN no se debilita tanto como se transforma. La presión ejercida por Trump ha obligado a Europa a reaccionar, a incrementar sus capacidades militares y a replantear su dependencia histórica de Estados Unidos. El resultado es una alianza más robusta en términos de recursos, pero más incierta en su dimensión política.

En Medio Oriente, la relación con Irán ofrece otra dimensión de esta política exterior. La retirada del acuerdo nuclear en 2018 y la estrategia de “máxima presión” marcaron un punto de inflexión cuyos efectos se han intensificado con el tiempo. Hoy, Irán dispone de reservas de uranio enriquecido al 60%, reduciendo significativamente el tiempo necesario para alcanzar capacidad nuclear militar, según informes del Organismo Internacional de Energía Atómica.

A este escenario se suman los ataques a instalaciones nucleares registrados en 2025, que han elevado el riesgo de una escalada directa en la región. La política de presión no ha derivado en contención, sino en una dinámica de confrontación sostenida donde la disuasión convive con la posibilidad real de conflicto abierto. El Golfo Pérsico se mantiene como un punto crítico, con incidentes recurrentes que involucran buques, infraestructuras energéticas y actores indirectos.

Más que resolver el problema nuclear, la estrategia ha contribuido a desplazarlo hacia una zona de mayor inestabilidad. Irán no ha colapsado ni ha cedido en sus objetivos estratégicos; por el contrario, ha reforzado su capacidad de resistencia y ha ampliado su margen de maniobra regional.

En América Latina, el caso de Nicolás Maduro marca un punto de inflexión más que una continuidad. Tras su captura en enero de 2026 en una operación liderada por Estados Unidos, el escenario venezolano entró en una fase de transición incierta.

Las sanciones económicas que durante años asfixiaron al país y provocaron una contracción superior al 75% del PIB entre 2013 y 2020 ya no operan en el mismo contexto. La salida de Maduro del poder ha abierto la puerta a una reconfiguración política y a un posible alivio progresivo de restricciones, especialmente en sectores estratégicos como el energético.

Sin embargo, el cambio no garantiza estabilidad inmediata. La estructura de poder interna permanece en disputa, con actores del chavismo aún influyentes y una transición marcada por tensiones políticas, incertidumbre institucional y el peso de alianzas internacionales heredadas. Venezuela ya no es un caso de resistencia del régimen, sino un laboratorio de transición cuyo desenlace sigue abierto.

El resultado es revelador: la presión externa puede debilitar económicamente a un gobierno, pero no necesariamente provocar su caída por sí sola. En el caso venezolano, el desenlace llegó a través de una acción directa que alteró el equilibrio de poder de forma abrupta.

Más que un éxito lineal de las sanciones, lo ocurrido evidencia que la presión prolongada puede preparar el terreno, pero no siempre define el momento final. Venezuela deja de ser un ejemplo de resiliencia del régimen para convertirse en un caso de ruptura forzada cuyo impacto aún está en desarrollo.

En el trasfondo de estos escenarios emerge un elemento común que redefine la política internacional contemporánea: la transformación del concepto de alianza. Bajo el enfoque tradicional, las alianzas implicaban compromisos estratégicos de largo plazo, basados en valores compartidos y objetivos comunes. En la lógica actual, esas relaciones tienden a convertirse en acuerdos condicionados, sujetos a negociación constante.

El cambio es sutil pero profundo. Estados Unidos no se retira del escenario global, pero redefine su papel dentro de él. La permanencia deja de ser automática y comienza a depender de condiciones específicas, muchas veces de carácter económico o político inmediato. En ese sentido, el liderazgo se transforma en una forma de transacción.

Este desplazamiento ocurre en paralelo con el ascenso de otras potencias que buscan consolidar su influencia. China amplía su presencia a través de inversiones estratégicas y desarrollo tecnológico, mientras Rusia mantiene su capacidad de intervención en el ámbito militar. El sistema internacional se mueve hacia una configuración más fragmentada, donde el equilibrio se construye a partir de tensiones constantes más que de consensos estables.

Las cadenas de suministro globales, por ejemplo, están siendo reorganizadas bajo criterios de seguridad, dando lugar a procesos de relocalización y alianzas selectivas. El comercio internacional, antes regido por principios de apertura, se adapta a una lógica más defensiva. Incluso los organismos multilaterales enfrentan dificultades para mantener su relevancia en un entorno donde las decisiones clave se trasladan a espacios de negociación directa entre Estados.

En ese contexto, la figura de Trump no puede entenderse como una anomalía aislada. Su estilo, sus decisiones y su narrativa responden a una transformación más amplia que atraviesa a múltiples sociedades: el cuestionamiento del globalismo, la desconfianza hacia las élites políticas y la revalorización del interés nacional como eje central de la acción estatal.

El sistema internacional no se derrumba de manera abrupta. Se reconfigura, se adapta y, en ese proceso, deja atrás muchas de las certezas que lo definieron durante décadas. Lo que emerge en su lugar es un escenario más incierto, donde las reglas ya no son incuestionables y donde el poder, en sus distintas formas, vuelve a ocupar un lugar determinante en la definición del orden global.

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The Many Faces of Donald Trump and the Fracturing of the Global Order

 

By Francisco Veracoechea
News Week Latam

The figure of Donald Trump has evolved beyond that of a disruptive domestic political actor to become a force directly shaping the reconfiguration of the international system. His return to power not only confirms a domestic political trend but deepens a global transformation already underway: the weakening of the liberal order that emerged after the Cold War, replaced by a more volatile, transactional, and power-centered dynamic.

For decades, the United States upheld an international framework built on stable alliances, shared rules, and a degree of strategic predictability. However, Trump’s vision breaks with that tradition. Under the principle of “America First,” foreign policy is no longer structured as collective leadership but as constant negotiation, where even long-standing allies are assessed based on immediate returns. This is not rhetorical—it alters the very logic of the system.

The war in Ukraine illustrates this shift with clarity. Since the invasion ordered by Vladimir Putin in 2022, U.S. support proved decisive in sustaining Kyiv’s resistance, with commitments exceeding $180 billion. However, under the new administration, that support has undergone a substantial shift. Direct aid has been drastically reduced, replaced by a negotiation-oriented approach.

Trump has repeatedly emphasized the need for a rapid agreement with Russia, promoting parallel diplomatic channels and backing dialogue initiatives in cities such as Riyadh and Berlin. In this context, the war ceases to be solely a territorial conflict and becomes a space for strategic redefinition, where the United States no longer acts as an automatic guarantor of one side, but as an actor seeking to close the conflict on its own terms.

The implications extend beyond Ukraine. For Europe, this introduces structural uncertainty: U.S. commitment is no longer perceived as unconditional. For Russia, it opens a window of opportunity, suggesting that Western fatigue may translate into political concessions. A war that initially strengthened transatlantic cohesion is now exposing its fractures.

A similar pattern is visible within NATO. For years, Trump criticized the alliance, highlighting imbalances in defense spending between the United States and its European partners. What once seemed like recurring rhetoric has materialized into tangible transformation. For the first time, all 32 members have reached the 2% of GDP defense spending target, driven by both the Russian threat and direct pressure from Washington.

Yet this compliance has not necessarily strengthened political cohesion. Instead, it reveals a deeper shift: collective security is no longer seen as automatic, but as a responsibility each country must sustain independently. Discussions now extend toward more ambitious targets—up to 3.5% or even 5% of GDP—while debates over European strategic autonomy accelerate.

In this context, NATO is not weakening as much as it is transforming. Trump’s pressure has forced Europe to react, increase military capabilities, and reconsider its historical dependence on the United States. The result is an alliance stronger in resources, but more uncertain in its political dimension.

In the Middle East, relations with Iran offer another dimension of this foreign policy. The withdrawal from the nuclear deal in 2018 and the “maximum pressure” strategy marked a turning point whose effects have intensified over time. Today, Iran possesses uranium enriched to 60%, significantly reducing the time required to reach military nuclear capability, according to the International Atomic Energy Agency.

This is compounded by attacks on nuclear facilities reported in 2025, increasing the risk of direct escalation. The pressure strategy has not resulted in containment but in sustained confrontation, where deterrence coexists with the real possibility of open conflict. The Persian Gulf remains a critical flashpoint, with recurring incidents involving vessels, energy infrastructure, and proxy actors.

Rather than resolving the nuclear issue, the strategy has pushed it into a zone of greater instability. Iran has neither collapsed nor abandoned its strategic objectives; instead, it has strengthened its resilience and expanded its regional maneuverability.

In Latin America, the case of Nicolás Maduro marks a turning point rather than a continuation. Following his capture in January 2026 during a U.S.-led operation, Venezuela entered a phase of uncertain transition.

The economic sanctions that for years suffocated the country—triggering a contraction of more than 75% of GDP between 2013 and 2020—no longer operate within the same context. Maduro’s removal from power has opened the door to political reconfiguration and the potential for a gradual easing of restrictions, particularly in strategic sectors such as energy.

However, this shift does not guarantee immediate stability. The internal power structure remains contested, with key figures from Chavismo still influential, and a transition marked by political tensions, institutional uncertainty, and the weight of inherited international alliances. Venezuela is no longer a case of regime resilience, but rather a laboratory of transition whose outcome remains uncertain.

The outcome is revealing: external pressure can weaken a government economically, but it does not necessarily bring about its collapse on its own. In Venezuela’s case, the turning point came through a direct intervention that abruptly altered the balance of power.

Rather than a linear success of sanctions, what unfolded suggests that prolonged pressure can shape the conditions for change—but does not always determine the decisive moment. Venezuela is no longer an example of regime endurance, but a case of forced rupture whose long-term impact is still unfolding.

Underlying these scenarios is a common element redefining contemporary international politics: the transformation of the concept of alliances. Traditionally, alliances implied long-term strategic commitments based on shared values and common objectives. Today, these relationships increasingly resemble conditional agreements, subject to constant renegotiation.

The shift is subtle yet profound. The United States is not withdrawing from the global stage, but redefining its role within it. Permanence is no longer automatic; it depends on specific conditions, often immediate and transactional. Leadership, in this sense, becomes a form of negotiation.

This transition occurs alongside the rise of other powers seeking to consolidate influence. China expands its presence through strategic investments and technological development, while Russia maintains its capacity for military intervention. The international system is moving toward a more fragmented configuration, where balance is built on constant tension rather than stable consensus.

Global supply chains are being reorganized under security criteria, leading to reshoring processes and selective alliances. International trade, once governed by openness, is adapting to a more defensive logic. Even multilateral organizations struggle to maintain relevance in an environment where key decisions shift toward direct state-to-state negotiations.

In this context, Trump cannot be understood as an isolated anomaly. His style, decisions, and narrative reflect a broader transformation across multiple societies: skepticism toward globalism, distrust of political elites, and the reassertion of national interest as the central axis of state action.

The international system is not collapsing abruptly. It is reconfiguring, adapting—and in the process, leaving behind many of the certainties that defined it for decades. What emerges instead is a more uncertain landscape, where rules are no longer unquestioned and where power, in its various forms, once again becomes the decisive factor in shaping the global order.

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Ormuz bajo presión: la estrategia de Irán para extender la guerra en el Golfo

Francisco Veracoechea

News Week Latam

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel comienza a proyectarse más allá de sus frentes directos y amenaza con transformar el Golfo Pérsico en un escenario de presión estratégica global. En el centro de esa disputa se encuentra el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.

La guerra rara vez anuncia con claridad el momento en que comienza a expandirse. A veces lo hace en silencio, a través de pequeños episodios que parecen aislados: un dron interceptado en el cielo del Golfo, un buque petrolero atacado en alta mar, un misil lanzado contra una base militar lejana del frente principal.

Pero cuando esos episodios empiezan a repetirse en varios países al mismo tiempo, el mensaje es otro: el conflicto ya no está contenido.

Eso es lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente. La confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel ha comenzado a desbordar su escenario inicial y a proyectarse sobre toda la arquitectura estratégica del Golfo Pérsico.

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Omán y Arabia Saudita —países que no participan formalmente en la guerra— se han visto arrastrados a una tensión militar creciente debido a su papel dentro del sistema de seguridad regional. Muchos de ellos albergan bases militares estadounidenses o mantienen acuerdos de defensa con Washington, lo que los coloca inevitablemente dentro del tablero estratégico de la confrontación.

En el centro de esa crisis aparece un punto geográfico que concentra la atención de gobiernos, mercados y analistas militares en todo el planeta: el Estrecho de Ormuz.

Por ese corredor marítimo circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa cada día en el mundo. Es uno de los cuellos de botella energéticos más importantes del planeta. Cada jornada lo atraviesan decenas de superpetroleros que conectan las reservas del Golfo con los grandes centros de consumo de Asia, Europa y otras regiones.

Cuando esa ruta entra en riesgo, el conflicto deja de ser regional. Se convierte en una preocupación global.

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Las causas de la escalada

La tensión actual tiene raíces profundas en la rivalidad estratégica entre Estados Unidos e Irán, una confrontación que ha marcado el equilibrio político de Medio Oriente durante décadas.

Para Washington, el desafío que representa Irán no se limita a su programa nuclear o a su capacidad militar. También está relacionado con su influencia regional, su red de aliados políticos y milicias armadas, y su capacidad para desafiar el sistema de alianzas que Estados Unidos ha construido en el Golfo desde finales del siglo XX.

En ese contexto, la estrategia estadounidense ha buscado limitar el poder estratégico iraní mediante presión diplomática, sanciones económicas y, en determinados momentos, operaciones militares destinadas a reducir su capacidad defensiva o su margen de influencia en la región.

Para Irán, sin embargo, esa presión se interpreta como un intento de debilitar al país y restringir su papel geopolítico.

La respuesta de Teherán ha sido una combinación de resistencia política, desarrollo militar y expansión de su influencia en distintos escenarios regionales. Esa dinámica ha generado un equilibrio extremadamente tenso, en el que cada acción tiende a provocar inevitablemente una reacción.

La crisis actual puede entenderse precisamente como una consecuencia de esa lógica acumulada de confrontación.

En las últimas semanas, esa tensión ha comenzado a manifestarse de forma cada vez más visible. Incidentes contra buques mercantes en el Golfo de Omán, advertencias sobre la posible colocación de minas navales y ataques con drones contra infraestructuras estratégicas han encendido las alarmas en las rutas marítimas que conectan el Golfo con el resto del mundo.

Aunque muchos de estos episodios se desarrollan en medio de versiones contradictorias y acusaciones cruzadas, el patrón que describen es claro: el Golfo Pérsico vuelve a convertirse en un espacio de presión estratégica.

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La estrategia iraní: elevar el costo del conflicto

Ante la superioridad militar estadounidense, Irán ha desarrollado una estrategia que muchos analistas describen como una forma de guerra de desgaste.

En lugar de enfrentarse directamente a Estados Unidos en un conflicto convencional —donde la diferencia de capacidades militares sería determinante— Teherán busca ampliar el escenario de tensión para aumentar progresivamente el costo del enfrentamiento.

Esta lógica se manifiesta en varios frentes.

Por un lado, ataques limitados contra infraestructuras estratégicas o contra objetivos vinculados al sistema de seguridad regional de Estados Unidos. Aunque muchos países del Golfo no participan formalmente en la guerra, su relación militar con Washington los convierte, desde la perspectiva iraní, en piezas dentro del mismo tablero estratégico.

Por otro lado, el uso de drones, misiles de medio alcance y operaciones indirectas permite mantener una presión constante sin desencadenar necesariamente una confrontación directa de gran escala.

El objetivo no parece ser una victoria militar rápida. La lógica estratégica parece apuntar hacia algo diferente: aumentar progresivamente el costo político, económico y militar del conflicto hasta que la presión internacional obligue a buscar una salida diplomática.

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El factor decisivo: el Estrecho de Ormuz

Dentro de esa estrategia, el Estrecho de Ormuz se convierte en el elemento clave.

Controlar o amenazar el tránsito por ese paso marítimo significa tener influencia directa sobre uno de los flujos energéticos más importantes del planeta.

Cualquier incidente en esa zona —un ataque contra un petrolero, la colocación de minas navales o una confrontación entre fuerzas navales— puede provocar reacciones inmediatas en los mercados internacionales.

Incluso la simple percepción de riesgo puede elevar el precio del petróleo y alterar el comercio marítimo.

Por eso, cada incidente en Ormuz tiene una dimensión que va mucho más allá de lo militar. También funciona como un mensaje estratégico dirigido a la comunidad internacional.

La advertencia implícita es clara: si el conflicto continúa escalando, la estabilidad energética global podría verse comprometida.

Ese mensaje explica por qué la tensión en el Golfo preocupa no solo a los países directamente involucrados, sino también a las principales economías del planeta.

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El impacto potencial de esta crisis no se limita al terreno militar.

La economía mundial podría verse profundamente afectada si el tránsito marítimo en el estrecho se interrumpe o se vuelve demasiado peligroso para el transporte comercial. Un bloqueo prolongado podría provocar aumentos significativos en el precio del petróleo, presiones inflacionarias y turbulencias en los mercados financieros internacionales.

Para muchos países dependientes de la energía importada —especialmente en Asia— el Golfo Pérsico representa una arteria vital.

En ese contexto, incluso una guerra limitada puede tener consecuencias globales.

El problema es que los conflictos en Medio Oriente rara vez permanecen dentro de los límites que imaginan quienes los inician.

Cada nuevo ataque aumenta la posibilidad de un error de cálculo. Un incidente naval, un ataque con víctimas significativas o la destrucción de un petrolero podrían desencadenar una reacción militar mucho mayor.

Ese es el verdadero riesgo de la situación actual.

La región parece avanzar sobre una línea extremadamente delgada. Estados Unidos intenta contener a Irán sin provocar una guerra abierta de gran escala. Irán intenta elevar el costo del conflicto sin desencadenar una intervención militar total.

Entre ambos movimientos se encuentran los países del Golfo, las rutas marítimas por donde circula una parte esencial de la energía del planeta y una economía global profundamente dependiente de la estabilidad de esa región.

La historia demuestra que cuando las tensiones se acumulan alrededor de los corredores energéticos más importantes del mundo, el impacto rara vez permanece limitado al campo de batalla.

Y cuando el estrecho por donde circula una quinta parte del petróleo mundial se convierte en escenario de confrontación militar, la pregunta deja de ser únicamente quién ganará el conflicto.

La verdadera pregunta es otra: si el Golfo Pérsico vuelve a convertirse en el epicentro de una guerra mayor, el mundo entero terminará sintiendo sus consecuencias.

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Oriente Medio al borde del abismo: un misil iraní pone a prueba a la OTAN

Por Francisco Veracoechea

News Week Latam

La interceptación de un misil iraní por parte de Turquía sobre territorio de la OTAN despierta alertas sobre la posible internacionalización del conflicto en Oriente Medio. Análisis, contexto histórico y riesgos estratégicos.

Las guerras rara vez se anuncian con claridad. No comienzan con declaraciones solemnes ni con comunicados que reconozcan, sin ambages, el inicio de una conflagración mayor. La experiencia histórica demuestra que los grandes conflictos surgen de hechos aparentemente aislados, de incidentes menores que, en retrospectiva, eran síntomas de rupturas profundas del orden regional. Oriente Medio parece hoy transitar ese terreno incierto.

La interceptación por parte de Turquía de un misil procedente de Irán no puede considerarse un episodio técnico ni una simple anomalía. La relevancia aumenta porque ocurrió sobre espacio aéreo de un país miembro de la OTAN, situando el conflicto en una fase potencialmente distinta y obligando a reconsiderar los riesgos de escalada internacional. No se trata únicamente de un misil derribado, sino de un mensaje, voluntario o no, que pone a prueba los límites de la contención global.

Oriente Medio ha convivido durante décadas con un equilibrio basado en guerras indirectas y enfrentamientos calibrados para evitar la confrontación abierta entre grandes bloques. Hoy, ese equilibrio muestra signos de agotamiento. La multiplicación de actores armados, la sofisticación del armamento y la erosión de los canales diplomáticos tradicionales han reducido el margen de maniobra a niveles críticos. El incidente en Turquía adquiere así un valor simbólico y operativo que trasciende lo táctico.

Desde el punto de vista militar, la respuesta turca fue conforme a los protocolos de defensa aérea de cualquier Estado soberano: neutralizar un proyectil potencialmente hostil no es opcional. Sin embargo, la política internacional no se rige solo por manuales técnicos. Cada acción defensiva genera interpretaciones y reacciones que pueden tener consecuencias desproporcionadas. La pregunta central no es si Turquía actuó correctamente, sino qué revela este incidente sobre la dinámica actual del conflicto.

Una primera interpretación apunta a un error de cálculo. Oriente Medio vive una saturación militar sin precedentes recientes: misiles, drones, sistemas antiaéreos y operaciones simultáneas convergen en espacios limitados. Fallos técnicos, errores humanos o decisiones precipitadas son prácticamente inevitables. La historia demuestra que muchas guerras comenzaron no por voluntad explícita, sino por incidentes mal gestionados. Aceptar esta hipótesis implica reconocer que el conflicto ha alcanzado un nivel de densidad que convierte los accidentes en eventos críticos.

La segunda interpretación sugiere una acción deliberadamente ambigua por parte de Irán. Sus operaciones suelen buscar ensanchar el tablero del conflicto, involucrar a más actores y aumentar el coste político de una respuesta adversa. Rozar el espacio aéreo de Turquía —y por extensión de la OTAN— puede interpretarse como una advertencia: el conflicto no está confinado y ninguna frontera es completamente impermeable. El misil derribado podría ser, entonces, una señal estratégica más que un simple error.

Irán busca elevar el coste político y diplomático de cualquier acción contra su territorio. Cuantos más actores se involucren indirectamente, más difícil resulta coordinar una respuesta efectiva y mayor es el espacio para la negociación o la presión internacional. En este sentido, la internacionalización controlada del conflicto constituye un instrumento táctico y político.

Turquía, por su parte, se afirma como actor decisivo. Mantiene relaciones pragmáticas con Irán, pero defiende con firmeza su soberanía. La interceptación fue técnica y proporcionada, evitando retórica incendiaria que pudiera desatar una escalada innecesaria. Ankara actúa con prudencia: firme en la defensa de su territorio y cuidadosa en lo político. Su estrategia busca contener sin ceder, pero requiere reciprocidad en un entorno cada vez más impredecible.

El mayor riesgo actual no es una guerra global inmediata, sino la concatenación de incidentes y malentendidos que puedan desencadenar una escalada progresiva. Cada episodio aumenta la presión sobre los actores regionales y sus aliados, estrechando los márgenes de decisión y amplificando la probabilidad de errores. Oriente Medio se acerca a un umbral donde cada incidente cuenta más que el anterior y donde la prudencia se convierte en un recurso tan valioso como escaso.

El misil derribado en Turquía no marca el inicio de un conflicto mundial, pero sí advierte de que el conflicto regional ha entrado en una fase de alta vulnerabilidad. La historia no suele perdonar a quienes confunden señales con ruido, y hoy ese ruido resuena con fuerza en la región.

La situación exige análisis sereno y acción diplomática decidida. La contención del conflicto dependerá tanto de la prudencia de actores regionales como de la claridad estratégica de aliados internacionales. En este tablero de alta tensión, la línea entre incidente y crisis abierta se vuelve cada vez más delgada, y el margen de error, cada vez menor.

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