Por Francisco Veracoechea
@opinionFV
La tranquilidad que se siente
Recorrer hoy un barrio popular de San Salvador ya no despierta el mismo nudo en el estómago. Las pandillas que durante décadas impusieron toques de queda informales, cobraron “renta” a los comercios y decidieron quién vivía o moría en cada cuadra han desaparecido de la escena cotidiana. Las madres que antes recogían a sus hijos del colegio antes del atardecer ahora los dejan jugar hasta entrada la noche. Los mercados bullen sin el fantasma de la extorsión. El turismo, que durante décadas evitó el país por miedo, fluye de nuevo hacia playas y ruinas arqueológicas.
Un taxista de San Salvador lo resume sin rodeos en un testimonio recogido por medios locales: “Antes no me atrevía a manejar de noche por miedo a las maras; ahora puedo llevar pasajeros a cualquier hora sin preocuparme”. Otro vecino, de un barrio anteriormente controlado por pandillas, añade: “Mis hijos salen a la calle y regresan sin que yo tenga que rezar cada vez”.
Muchos salvadoreños describen esta normalidad como un sueño recuperado. En reportajes y encuestas cualitativas se repite una idea central: la tranquilidad ha devuelto a la gente la posibilidad de vivir sin calcular cada paso.
Los datos oficiales apuntan en la misma dirección. El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios en todo el territorio, según el Gabinete de Seguridad y el ministro Gustavo Villatoro: una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes, la más baja registrada en su historia reciente. Supone un descenso del 28 % respecto a los 114 asesinatos contabilizados en 2024. Las autoridades insisten en que todos los casos fueron esclarecidos. En los primeros meses de 2026 se acumulan ya decenas de días sin un solo homicidio. El Gobierno proclama sin ambages que el país es hoy el más seguro del hemisferio occidental.
El respaldo popular acompaña ese discurso. La encuesta más reciente de LPG Datos, publicada a finales de enero de 2026 por un medio históricamente crítico con el Ejecutivo, otorga un 91,9 % de aprobación al presidente Nayib Bukele tras seis años y medio de gobierno. Nueve de cada diez salvadoreños respaldan su gestión, un nivel inusual incluso a escala global. La seguridad aparece, con diferencia, como el principal factor de apoyo. Estudios previos de la Universidad Centroamericana ya señalaban que la mayoría percibe una transformación radical de la delincuencia.
El método que lo hizo posible
Detrás de esa tranquilidad hay un método que no pasa desapercibido. El régimen de excepción, decretado en marzo de 2022 y prorrogado 47 veces hasta febrero de 2026, suspende garantías constitucionales clave: detención solo con orden judicial, plazos máximos de prisión preventiva e inviolabilidad de las comunicaciones. Más de 91.000 personas han sido detenidas en operaciones masivas. La población penitenciaria ronda las 118.000 personas, según informes de Human Rights Watch, lo que sitúa al país entre los de mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad construida por el Gobierno, se ha convertido en el símbolo más visible de esta política: un complejo diseñado para albergar a decenas de miles de reclusos, cuyas condiciones de detención han sido calificadas como inhumanas por organizaciones internacionales.
En su Informe Mundial 2026, Human Rights Watch documenta detenciones arbitrarias basadas en apariencia, tatuajes o denuncias anónimas; desapariciones forzadas; torturas y malos tratos, así como al menos 458 muertes bajo custodia documentadas por organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, sin que se haya procesado a responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares para defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian acoso estatal.
En paralelo, el equilibrio institucional se ha erosionado. Jueces y fiscales críticos fueron destituidos en 2021. La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, eliminó en 2025 los límites a la reelección presidencial. Bukele, reelegido en 2024 pese a prohibiciones constitucionales previas, podría mantenerse en el poder de forma indefinida.
La paz es tangible. El apoyo social, abrumador. Millones de salvadoreños sienten que, por primera vez en décadas, pueden respirar. Las pandillas están severamente debilitadas, aunque no completamente erradicadas. El régimen de excepción dejó de ser temporal para convertirse en norma.
La historia de América Latina está llena de promesas de orden que trajeron calma breve y, después, autoritarismo o nuevos ciclos de inestabilidad. El llamado “modelo Bukele” despierta admiración en países asfixiados por la violencia, pero también alarma entre quienes ven en él un atajo que sacrifica contrapesos institucionales.
El salvadoreño común responde con hechos: sale a la calle, apoya al Gobierno con cifras récord y apuesta a que esta tranquilidad perdure.
El tiempo —y quizá las urnas— ofrecerán la respuesta. Mientras tanto, El Salvador vive. Respira. Y, en silencio, se pregunta si esta paz, forjada con tanta determinación, podrá perdurar sin que el precio se cobre de otra forma.
Nota del autor: Este reportaje interpretativo se basa en datos oficiales, encuestas independientes, informes internacionales y análisis de fuentes públicas disponibles hasta febrero de 2026. El autor no realizó trabajo de campo en San Salvador para este artículo.
