Venezuela bajo los escombros: el doble terremoto que desnudó décadas de colapso
Más de 1.700 muertos confirmados, cerca de 50.000 desaparecidos y un Estado que excavó con sus propias contradicciones mientras el mundo llegaba a rescatar lo que el gobierno no pudo.
Por Francisco Veracoechea Barquero
Periodista y analista de comunicación estratégica · News LATAM·
Eran las 6:04 de la tarde del miércoles 24 de junio de 2026 —Día de la Batalla de Carabobo, fiesta nacional— cuando la tierra se partió en dos. Primero un sismo de magnitud 7,2, con epicentro a 23 kilómetros de San Felipe, en el estado Yaracuy. Apenas 39 segundos después, el golpe definitivo: 7,5 grados en la escala de momento sísmico, a solo diez kilómetros de profundidad, una herida demasiado cerca de la superficie para dejar algo en pie. Tres minutos de movimiento. Décadas de negligencia institucional convertidas en escombros en cuestión de segundos. Venezuela, la que ya estaba rota mucho antes de ese atardecer, se desmoronó de nuevo.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activó de inmediato la alerta máxima del sistema PAGER —nivel rojo, el más alto, utilizado apenas una o dos veces por año en todo el planeta— y estimó entre un 42% y un 50% de probabilidad de que el número final de muertos superara los diez mil. Para el lunes 29 de junio, el balance oficial reconocía 1.719 fallecidos, más de 5.000 heridos y al menos 22.000 hospitalizados. Sin embargo, la plataforma civil Desaparecidos Terremoto Venezuela, levantada en cuestión de horas por ciudadanos organizados, acumulaba 46.632 reportes de personas sin localizar. Esa brecha entre las cifras del gobierno y la realidad documentada por la sociedad civil es, en sí misma, el retrato más fiel de lo que sucedió estos días en Venezuela.
El país que ya estaba enterrado
Los terremotos no golpearon a una nación preparada. Golpearon a un Estado desmantelado por casi tres décadas de chavismo. Esa es la tesis que sostiene Colette Capriles, profesora de ciencias políticas de la Universidad Simón Bolívar, quien ha señalado que los sismos no hicieron más que «metaforizar la orfandad» que los venezolanos ya venían viviendo: la certeza de que su supervivencia depende de ellos mismos, no del gobierno.
La evidencia es concreta. El sismólogo Raúl Estevez, de la Universidad de Los Andes, recordó en una entrevista radial que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) llegó a tener 300 estaciones de monitoreo distribuidas por todo el territorio nacional. Hoy operan entre cuatro y cinco. El Grupo de Investigación en Geofísica y Sismología de la ULA, que contaba con 14 profesores activos, hoy funciona con un puñado de jubilados que trabajan sin salario, en tanto que los especialistas de la nueva generación optaron masivamente por el exilio. El país con la sismicidad más activa de América del Sur no tiene quién la mida.
Casi 800 edificios colapsaron total o parcialmente en los estados de La Guaira, Miranda, Falcón, Carabobo y Yaracuy. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó pérdidas directas de 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano. El consultor económico Luis Oliveros fue más lejos: sumando las necesidades de la población afectada, los daños podrían alcanzar los 28.900 millones de dólares —el 26% del PIB— y la reconstrucción podría extenderse entre cinco y diez años.
Manos desnudas contra el concreto
La primera imagen que definió la respuesta estatal no fue la de un helicóptero, ni la de retroexcavadoras, ni la de columnas de rescatistas uniformados abriendo camino en los derrumbes. Fue la imagen de los vecinos de La Guaira cavando con las manos entre los restos de sus propios edificios. Casi 24 horas después de los terremotos, la ciudad enfrentaba escasez crítica de maquinaria pesada y una asistencia gubernamental descrita por múltiples fuentes como mínima. El periodista Tony Frangie Mawad, radicado en Caracas, lo dijo sin eufemismos en una entrevista con CNN: había un «vacío de autoridad» y el Estado carecía de capacidad operativa real para actuar.
«El segundo día fue incluso más difícil que el primero porque finalmente nos dimos cuenta de la magnitud de los daños. El ejército no se ha desplegado de forma generalizada.»
Tony Frangie Mawad, periodista en Caracas, a CNN · 26 de junio de 2026
El hospital José María Vargas colapsó en atenciones desde las primeras horas. Algunas víctimas recibieron asistencia médica en plena vía pública. Los rescatistas internacionales que llegaron en las horas siguientes reportaron que avanzaban lento —demasiado lento— por falta de equipamiento especializado para cortar varillas de acero o remover bloques de concreto. En Caraballeda, zona costera duramente golpeada, hubo cadáveres visibles entre los escombros durante días. Orianna Velásquez, residente de Caracas que viajó al amanecer del jueves buscando a su padre, declaró a CNN que los daños que vio parecían «sacados de una guerra».
El dolor también tuvo rostros concretos que atravesaron al continente. Los cuatro integrantes de la banda de rap-rock Van Der Dijs murieron juntos en un ensayo dentro de un edificio en Tanaguarena. Yimvert Berroterán, futbolista juvenil de 18 años de la selección venezolana, falleció junto a su novia Valentina Sandoval. Lucas Trejo, exjugador argentino radicado en Venezuela, perdió a su esposa y a sus dos hijos. Héctor Bello vio morir a su pareja mientras protegía con su cuerpo a su hijo pequeño. La humorista Gabriela Fleritt fue encontrada sin vida entre los escombros. Estos nombres no son estadísticas. Son la Venezuela que enterró el terremoto.
Uniformados de pillaje
Mientras familias excavaban entre el concreto buscando a sus muertos, otra Venezuela —la del uniforme y la extorsión— operaba en paralelo. Las denuncias de matraqueo, pillaje y bloqueo institucional a los esfuerzos humanitarios se multiplicaron desde las primeras horas y configuraron un patrón demasiado sistemático para ser accidental.
En Altamira, Caracas, funcionarios policiales retuvieron insumos reunidos por ciudadanos y exigieron que fueran trasladados únicamente en vehículos oficiales del Estado. En Guanarito, estado Portuguesa, equipos de Protección Civil obligaron a ciudadanos a entregarles los donativos bajo el argumento de que solo ellos podían ser centro de acopio. En el municipio Obispos, estado Barinas, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana cerraron el punto de recolección. En la plaza de El Limón, estado Aragua, policías pararon un camión de donaciones y exigieron autorización del jefe del comando y del alcalde.
La alcaldesa de Charallave, en Miranda, prohibió formalmente la instalación de centros de acopio privados. En el estado Falcón, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) estableció un sistema de salvoconductos obligatorios para trasladar donaciones —un mecanismo burocrático que en zona de desastre equivale a una barrera de facto.
Pero lo más grave vino de La Guaira misma: efectivos policiales fueron sorprendidos por vecinos mientras saqueaban el interior de un hotel colapsado en Catia La Mar. Y en Yaracuy, el joven Leandro Villanueva fue citado a presentarse en el cuartel policial después de denunciar públicamente el desvalijamiento de un centro de acopio por parte de uniformados. Quienes denuncian el robo acaban convocados a declarar. Quienes roban, no.
El propio ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció que los voluntarios debían registrarse previamente en el Poliedro de Caracas para sumarse a los rescates. Cuando cientos de motorizados y ciudadanos llegaron al punto habilitado, no había un solo funcionario organizando el proceso. Esperaron horas. Algunos se fueron sin poder ayudar. La burocracia como obstáculo humanitario es una forma de crueldad que solo se entiende cuando ya se ha naturalizado tanto que no avergüenza a quienes la ejercen.
El mundo llegó antes que el Estado
Mientras la máquina institucional venezolana se trababa en sus propios candados, el mundo actuó. La respuesta internacional a los terremotos del 24 de junio fue, en escala y velocidad, una de las más significativas registradas en América Latina en décadas recientes.
El Salvador marcó el ritmo. El presidente Nayib Bukele reaccionó en cuestión de horas: ofreció 300 rescatistas, personal médico y 50 toneladas de suministros. Luego amplió la promesa y despachó seis aviones con 150 toneladas de insumos. En la madrugada del 26 de junio, los primeros 150 rescatistas salvadoreños ya pisaban suelo venezolano. Días después, Bukele publicó en redes sociales que sus equipos trabajaban junto a rescatistas mexicanos para llegar a Aaron Levi Cantillo Vargas, un joven de 21 años atrapado en el edificio OPP 25 de Tanaguarena, en comunicación constante con ellos. «Incluso he visto los dedos de su mano. Él quiere ayudar a cavar para salir», escribió uno de los rescatistas. Eso es lo que significa llegar a tiempo.
Costa Rica no tardó en responder. La presidencia emitió una declaración que no se quedó en formalidad: «Costa Rica abraza de todo corazón al pueblo venezolano en este momento de dolor. No están solos.» Las palabras vinieron acompañadas de hechos: el viernes 26 de junio llegó un primer contingente con 17 rescatistas y 3,5 toneladas de asistencia alimentaria. Un segundo contingente de 48 especialistas trajo 12 toneladas adicionales de equipo técnico especializado.
Estados Unidos desplegó equipos urbanos de búsqueda y rescate desde Virginia, el buque USS Fort Lauderdale y una donación de 150 millones de dólares. México envió 261 efectivos con más de 11 toneladas de suministros. España desplegó su Unidad Militar de Emergencias, un hospital de campaña y 97 efectivos. El Reino Unido aportó 68 rescatistas con perros especializados y dos millones de libras esterlinas. Francia, Brasil, Portugal, Suiza, Turquía, Colombia, Ecuador, Perú, Canadá, Panamá, Corea del Sur —entre treinta países más— completaron una red de solidaridad sin precedentes. El Papa León XIV autorizó una donación inicial de cien mil euros. Hacia el domingo 28, más de treinta naciones tenían equipos activos sobre el terreno: era el mundo haciendo lo que el propio Estado venezolano no pudo en las primeras horas críticas.
Delcy Rodríguez y la ficción del control
La presidenta encargada de Venezuela llegó al poder en enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a una prisión federal en Nueva York. Su gobierno interino gestionó los terremotos desde el discurso: declaró el estado de emergencia, militarizó La Guaira —medida que, según múltiples reportes, dificultó el ingreso tanto de periodistas como de los propios cuerpos de socorro nacionales—, convocó a la «unidad nacional» y se felicitó de rescates sin cuantificarlos. Sus cifras oficiales divergían consistentemente de las que manejaba la ONU y las plataformas civiles. La brecha no era técnica: era política.
El viernes 26 de junio, cuando Rodríguez visitó un sector residencial de Caracas, fue recibida por vecinos que gritaban «fuera, fuera». Era la Venezuela real hablando sin filtros. Más de 1.400 protestas en el primer semestre de 2026 —el doble del total registrado en todo 2025, según ACLED— ya indicaban que la promesa de cambio que acompañó la caída de Maduro no había llegado a la vida cotidiana de nadie.
Trump y los venezolanos que «bailan en las calles»
El presidente Trump reaccionó inicialmente con tono solidario: calificó los terremotos de devastadores y ordenó una respuesta rápida a todas las agencias federales. Su secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una llamada con Rodríguez y desplegó equipos de rescate. Parecía una respuesta coordinada y proporcional a la catástrofe.
Luego vino la declaración que contradijo todo lo anterior. Trump afirmó públicamente, mientras los equipos de rescate aún buscaban sobrevivientes bajo el concreto, que Venezuela era «un país feliz» y que su gente «baila en las calles». Era una repetición de algo que ya había dicho en mayo —en el contexto de una cena con presidentes de petroleras como ExxonMobil y Chevron— cuando habló de los ingresos petroleros venezolanos. La ONU proyecta que Venezuela recibirá en 2026 más de 22.000 millones de dólares por exportaciones de crudo, un 50% más que el año anterior.
«Fuera de lo que pasó con el gran terremoto que derrumbó edificios, es un país feliz. La gente baila en las calles.»
Donald Trump, presidente de Estados Unidos · declaración pública, junio 2026
Mientras Trump hablaba de bailes, la venezolana rescatada con vida tras 86 horas atrapada bajo los escombros decía que había sentido «renacer». En Caraballeda, familias buscaban entre cascotes sin comer ni dormir. En Tanaguarena, los equipos de El Salvador marcaban el ritmo de una carrera contra la muerte. No es que Trump mintiera deliberadamente sobre el dolor de Venezuela. Peor: es que el petróleo nubla todo lo demás.
El interinato y el fondo que no cambia
La caída de Maduro en enero de 2026 despertó expectativas que los terremotos acaban de poner a prueba con una brutalidad que ningún analista hubiera podido ensayar. El interinato de Delcy Rodríguez mantiene la misma estructura de poder, los mismos uniformes, los mismos mecanismos de control y —como se ha demostrado en estos cinco días de catástrofe— la misma incapacidad para ponerse al servicio real de la población.
Los policías que saquearon el hotel colapsado en Catia La Mar no son restos del pasado: son el presente. Los funcionarios que retuvieron donaciones en Altamira no obedecían a Maduro: obedecían al mismo sistema de extorsión institucionalizada que sobrevivió al cambio de gobierno. La inercia represiva que convocó a declarar a quien denunció un robo no la creó ningún decreto nuevo. Estaba ahí, esperando.
¿Qué le queda a Venezuela?
La respuesta más honesta es también la más dura: le queda lo que siempre ha tenido cuando el Estado la abandona. Se queda con ella misma. Con los vecinos que cavan con las manos. Con los motorizados que esperan horas sin que nadie llegue a darles instrucciones. Con los estudiantes que crean plataformas digitales para registrar desaparecidos en cuestión de horas. Con los 65 rescatistas costarricenses, los 300 salvadoreños, los médicos turcos, los perros ingleses.
Le queda también la rabia legítima. La mujer que llora sobre los escombros de lo que fue su casa no es una víctima pasiva: es una ciudadana a quien el Estado le falló primero con el concreto mal mezclado de los edificios, después con la ausencia de maquinaria en las primeras horas, después con el policía que le robó las donaciones destinadas a ella. Tres veces en cinco días.
El lunes 29 de junio, Rodríguez anunció un plan habitacional que prometía nuevas viviendas antes de que finalice el año. Nadie que recuerde la historia reciente del país puede escuchar eso sin una mezcla de esperanza involuntaria y escepticismo aprendido a golpes.
Venezuela lleva décadas aprendiendo, a la fuerza, que no puede esperar que el gobierno la salve. Los terremotos del 24 de junio de 2026 no cambiaron esa realidad. Solo la dejaron al descubierto bajo doce metros de escombros, con la cámara del mundo entera encima.
No bailan en las calles. Cavan. Y esperan.
FUENTES: USGS/PAGER System (24-29 jun. 2026) · CNN en Español · Telemundo Noticias · El Espectador Colombia · Revista Proceso México · Diario Público España · Univision/N+ América Latina · OPS/OMS · ACLED · Declaraciones de Nayib Bukele, Donald Trump, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Tom Fletcher (ONU), Colette Capriles (USB), Raúl Estevez (ULA), Tony Frangie Mawad (CNN), Luis Oliveros · Plataforma civil desaparecidosterremotovenezuela.com · Cancillerías de El Salvador, Costa Rica, España y Estados Unidos (Department of State, 25 jun. 2026).
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