Por: Francisco Veracoechea
Costa Rica vuelve a ser gobernada por una mujer. Más de una década después del mandato de Laura Chinchilla, la victoria electoral de Laura Fernández abre una nueva etapa política cargada de simbolismo, expectativas y desafíos concretos. No se trata únicamente de un relevo en la Presidencia, sino de un momento que obliga al país a revisar su memoria política reciente y a proyectarse hacia un futuro marcado por la complejidad institucional y por una ciudadanía cada vez más exigente.
Laura Fernández llega al poder con un respaldo electoral claro y con una base legislativa significativa. Su partido, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), obtuvo 31 diputados en la Asamblea Legislativa, lo que le garantiza mayoría simple. Ese número le permite aprobar leyes ordinarias, influir de manera decisiva en la agenda parlamentaria y evitar la parálisis que ha condicionado a otros gobiernos en el pasado. Sin embargo, la mayoría calificada —38 votos— queda fuera de su alcance, lo que introduce un límite político evidente: las reformas estructurales, los nombramientos clave y las decisiones de mayor calado requerirán acuerdos con otras fuerzas políticas.
En su primer discurso tras la victoria, la noche del domingo, Fernández prometió presidir un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho. El mensaje buscó transmitir estabilidad institucional y autoridad democrática. No obstante, ese mismo discurso dejó ver un tono más confrontativo cuando calificó a parte de la oposición como “obstruccionista y saboteadora”. La frase marcó desde el inicio una tensión que atravesará todo su mandato: la necesidad de construir consensos frente a la tentación de gobernar desde la confrontación política.
La mayoría que permite avanzar y el límite que obliga a negociar
Contar con 31 diputados coloca a Laura Fernández en una posición más sólida que la de otros presidentes recientes. La mayoría simple le otorga margen de maniobra para impulsar proyectos de ley ordinarios y sostener una narrativa de gobernabilidad. No llega con las manos atadas ni condenada a la inacción. Sin embargo, ese respaldo no equivale a un control absoluto del poder legislativo.
La diferencia entre mayoría simple y mayoría calificada será el verdadero campo de batalla político del nuevo gobierno. Siete votos separan al Ejecutivo de la posibilidad de avanzar en reformas profundas sin depender de la oposición. Esa distancia obligará a la presidenta a ejercer una política de negociación constante, donde el diálogo dejará de ser una promesa de campaña para convertirse en una necesidad cotidiana.
En Costa Rica, la Asamblea Legislativa no es un actor secundario. Es un contrapeso real, con capacidad para condicionar el rumbo del Ejecutivo. La historia política reciente demuestra que los gobiernos que confunden fuerza parlamentaria con poder absoluto suelen enfrentar bloqueos, desgaste prematuro y pérdida de legitimidad. Fernández deberá administrar con cuidado esa frontera entre fortaleza y límite.
A este escenario institucional se suma un contexto económico y social exigente. El costo de la vida, la inseguridad y la percepción de estancamiento pesan sobre amplios sectores de la población. La ciudadanía observa con atención y con menos paciencia que en el pasado. Cada decisión tendrá impacto inmediato y cada error se amplificará con rapidez. La mayoría simple ofrece margen de acción, pero no inmunidad frente al desgaste político.
El futuro de Costa Rica: ¿en manos inciertas?
La comparación con Laura Chinchilla es inevitable. Su gobierno, entre 2010 y 2014, estuvo marcado por dificultades de gobernabilidad, tensiones políticas y un desgaste temprano que limitó su capacidad de acción. Más allá de valoraciones personales, aquel periodo dejó una lección clara: en Costa Rica, gobernar sin consensos sólidos termina pasando factura.
El contexto actual es aún más complejo. La polarización política ha aumentado, el debate público es más áspero y la opinión pública es menos indulgente frente a la ineficiencia o la confrontación estéril. Laura Fernández asume el poder en un país más vigilante, más crítico y con expectativas altas, pero con un margen reducido para errores no forzados.
El desafío del nuevo gobierno no será solo aprobar leyes, sino construir legitimidad sostenida. La firmeza anunciada en el discurso de victoria deberá traducirse en liderazgo efectivo, no en aislamiento político. La negociación no será una concesión, sino una herramienta indispensable para ampliar la base de apoyo más allá de los 31 votos propios.
Costa Rica no enfrenta un salto al vacío, pero sí un periodo de incertidumbre controlada. Su fortaleza histórica ha sido la institucionalidad, el respeto al Estado de derecho y la cultura del acuerdo. Si esas bases prevalecen, el país podrá transitar este nuevo ciclo con estabilidad. Si se erosionan, la incertidumbre dejará de ser política para convertirse en estructural.
Más que en manos inciertas, el futuro de Costa Rica está en manos compartidas. Y en una democracia madura, ese no debería ser un motivo de temor, sino una prueba de carácter.
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