Venezuela ·ACTUALIZACIÓN·
La transición que Washington dirige desde las sombras
Entre un terremoto que dejó miles de muertos, un diálogo político auspiciado por Estados Unidos y un sector petrolero que empieza a moverse bajo licencias condicionadas, Venezuela atraviesa una transición que avanza, pero que nadie en Caracas controla del todo.
Por Francisco Veracoechea
News LATAM
La captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, cerró un capítulo que parecía imposible de cerrar. Siete meses después, Venezuela no vive ni el colapso que algunos temieron ni la refundación que otros prometieron. Vive algo más difícil de narrar: una transición administrada a distancia, sostenida por licencias del Tesoro estadounidense, negociaciones intermitentes y una reconstrucción que compite por recursos con la política.
Delcy Rodríguez, jurada como presidenta encargada apenas dos días después de la operación militar que sacó a Maduro del país, ha pasado de denunciar la acción como una violación al derecho internacional a declarar públicamente su disposición a construir una relación "balanceada y respetuosa" con Washington. El giro no fue casual. Fue la condición para que el aparato que ella dirige siguiera teniendo con quién negociar.
La diplomacia del terremoto
El calendario político venezolano cambió de rumbo el 24 de junio, cuando dos terremotos consecutivos devastaron varias regiones del país. El saldo, según cifras oficiales retomadas por medios internacionales, superó los seis mil muertos y dejó a unas dieciocho mil personas sin vivienda. La tragedia se convirtió, casi de inmediato, en el marco bajo el cual se reactivó el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Esa tercera fase de negociación, iniciada el primero de agosto entre el diputado Jorge Rodríguez por el chavismo y Dinorah Figuera por la Asamblea Nacional de 2015, produjo el 12 de agosto su primer resultado verificable: un acuerdo para reformar el Tribunal Supremo de Justicia, renovar el Consejo Nacional Electoral antes de diciembre y movilizar activos venezolanos retenidos en el Banco de Inglaterra hacia la atención de las víctimas del sismo. Es, según el propio texto del acuerdo, apenas el inicio de "un mecanismo de trabajo continuo" que debería completarse antes de que termine el año.
Jesús Armas, expreso político, resume así el temor que persiste entre sectores de la oposición: la estrategia de Rodríguez es "comprar tiempo". — Declaraciones recogidas por Local 10 News, agosto de 2026
Ni el gobierno ni la oposición han fijado una fecha para elecciones. El Departamento de Estado calificó el proceso como "una oportunidad única" y subrayó que el diálogo es conducido por venezolanos, aunque la percepción generalizada, dentro y fuera del país, es que Washington marca el ritmo de cada fase.
El petróleo bajo licencia condicionada
Si algo caracteriza la relación entre Caracas y Washington en 2026 es que la palabra "sanciones" ya no describe con precisión la situación real. El Tesoro estadounidense ha optado por una flexibilización progresiva a través de licencias generales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que autorizan operaciones específicas sin levantar formalmente el régimen sancionatorio. La licencia 56, la más amplia emitida hasta ahora, permite a empresas como Chevron y Repsol operar con mayor margen, aunque el control final del dinero sigue en manos del Departamento del Tesoro.
Ese matiz no es menor. Un reporte de Financial Times, retomado por medios latinoamericanos en julio, calculó que Washington ha recaudado más de trece mil millones de dólares por la venta de petróleo venezolano desde la captura de Maduro, sin que la Casa Blanca haya explicado con claridad el destino final de esos recursos. Para un país donde los ingresos petroleros representan alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto, y que además enfrenta el costo de reconstruir zonas enteras tras el terremoto, la pregunta sobre quién administra ese dinero no es técnica: es existencial.
El propio gobierno interino ha intentado capitalizar la apertura. Delcy Rodríguez promulgó a finales de enero una reforma legal que habilita cierto grado de privatización del sector petrolero, un movimiento que Trump celebró públicamente como el inicio de una nueva etapa de inversión extranjera. Analistas como Alejandro Grisanti, de Ecoanalítica, han señalado que la combinación de reactivación petrolera y alivio sancionatorio podría llevar a la economía venezolana a crecer por encima del diez por ciento este año, aunque advierten que las inversiones aún no se traducen en mejoras tangibles para la población.
Diosdado Cabello fijó la posición del chavismo de cara a la mesa de negociación: "la paz de este país, el levantamiento de sanciones debe ser parte de ese diálogo". — El Nacional, julio de 2026
Delcy Rodríguez, gobernar bajo lupa
La gestión de Rodríguez se sostiene sobre un equilibrio incómodo. Debe mostrarse dispuesta a reformar instituciones, sin ceder el control político que el chavismo aún conserva. Debe negociar con Washington sin parecer subordinada. Y debe administrar una reconstrucción posterremoto sin recursos propios plenamente disponibles, porque buena parte del ingreso petrolero sigue bajo supervisión estadounidense.
Ese equilibrio se nota, sobre todo, puertas adentro. Desde que asumió, Rodríguez ha ejecutado una serie sostenida de cambios en su gabinete que revela un patrón deliberado: sustituir a militares y figuras históricas del chavismo por civiles con perfiles técnicos, muchos de ellos sin trayectoria política previa. Salieron de puestos clave nombres asociados directamente al círculo de Maduro, entre ellos altos oficiales que habían acumulado influencia en áreas sensibles como telecomunicaciones y energía, y entraron arquitectos, ingenieros y académicos sin vínculos partidistas visibles. El mensaje que intenta transmitir hacia Washington y hacia la propia sociedad venezolana es el de una administración gestora, no ideológica.
Pero esa "limpieza" tiene un límite claro: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí el terreno es mucho más resbaladizo. En marzo, Rodríguez removió a Vladimir Padrino López, el histórico ministro de Defensa de la era Maduro, y lo reubicó en una cartera sin peso político, la de Agricultura y Tierras. Lo sustituyó Gustavo González López, quien hasta entonces comandaba la Guardia de Honor Presidencial, un nombramiento que consolidó el control de Rodríguez sobre el aparato de seguridad inmediato, pero que no resolvió el malestar interno que persiste dentro de la tropa por lo ocurrido el 3 de enero. Analistas citados por CNN en español señalan que existen críticas internas, sostenidas puertas adentro, sobre la falta de respuesta militar durante la operación que capturó a Maduro, y que Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura históricamente considerada el "número dos" del chavismo, ha capitalizado ese malestar para ganar peso propio dentro de la oficialidad, incluso mientras públicamente llama a respaldar a la presidenta encargada.
Ese doble movimiento (Cabello respaldando a Rodríguez en público mientras acumula influencia militar propia) es quizás el mejor indicador de que el poder en Caracas ya no reside en una sola persona, sino en una coalición inestable que se vigila a sí misma. La reciente excarcelación de la abogada Rocío San Miguel, titular de la organización Control Ciudadano, detenida desde 2024 y acusada de espionaje, fue leída por buena parte de los analistas como un gesto calculado hacia Washington más que como una señal de apertura genuina hacia la disidencia interna.
Sectores de la oposición, incluidos exprisioneros políticos como Armas, sostienen que Rodríguez utiliza la emergencia del terremoto como pretexto para postergar discusiones más incómodas: una nueva autoridad electoral, un Poder Judicial independiente, un calendario de elecciones verificable. El propio comunicado del 12 de agosto reconoce que el cronograma completo de reformas no estará cerrado antes de fin de año, lo que deja a Venezuela en un estado de transición sin fecha de salida definida. La legitimidad de Rodríguez, en ese sentido, sigue siendo doble y precaria: hacia adentro, depende de mantener cohesionada una coalición que todavía discute a puertas cerradas quién debía responder por lo ocurrido el 3 de enero; hacia afuera, depende de que Washington siga viéndola como una interlocutora útil y no como un obstáculo a remover.
Una sociedad entre escombros y expectativa
Para buena parte de la población venezolana, la discusión sobre licencias petroleras y reformas judiciales ocurre en un plano lejano al de la vida cotidiana. Miles de familias siguen desplazadas por el terremoto de junio. La reconstrucción avanza a un ritmo condicionado por la disponibilidad de fondos y por decisiones que se toman, en última instancia, fuera del país.
El alivio inicial que siguió a la caída de Maduro se ha transformado en una espera más pragmática. La sociedad venezolana, después de años de crisis y de promesas incumplidas, mide el proceso por resultados concretos: si hay electricidad, si hay empleo, si las viviendas se reconstruyen, si el bolívar se estabiliza. La política institucional, con sus fases de diálogo y sus licencias OFAC, avanza en un plano que la mayoría observa con más cautela que entusiasmo.
El riesgo de una transición tutelada
La historia reciente ofrece suficientes ejemplos de procesos políticos que cambiaron de figura sin cambiar de lógica, y casi todos comparten un mismo patrón: la potencia extranjera que interviene rara vez se retira cuando termina la fase militar o judicial del proceso, sino cuando considera que sus intereses económicos y estratégicos quedaron suficientemente asegurados. Venezuela corre hoy ese riesgo de manera concreta y verificable, no como hipótesis abstracta: un régimen sancionatorio que se administra por licencias condicionadas en lugar de levantarse por completo, una diplomacia que se presenta como venezolana pero que responde en gran medida a un plan diseñado en Washington, un aparato de seguridad interno donde persisten tensiones no resueltas entre facciones del propio chavismo, y una reconstrucción posterremoto que depende de decisiones sobre fondos y licencias tomadas fuera del país que las necesita.
Lo distintivo del caso venezolano es que esa tutela no se ejerce mediante una administración formal, como ocurrió en otros procesos de posguerra o posintervención en el siglo pasado, sino mediante instrumentos mucho más discretos: licencias generales de la OFAC que se otorgan y pueden retirarse según el ritmo de las negociaciones, el control efectivo sobre buena parte de los ingresos petroleros recaudados desde enero, y una relación bilateral que se recompone caso por caso, sin un tratado ni un marco jurídico único que la ordene. Esa informalidad tiene una ventaja para Washington: le permite ajustar la presión sin comprometerse formalmente con un resultado. Y tiene un costo para Caracas: cada avance institucional, desde la reforma judicial hasta el calendario electoral, queda condicionado a una relación que puede estrecharse o enfriarse según intereses que no siempre coinciden con los del país que la vive.
Nada de esto significa que el proceso esté condenado al fracaso. Venezuela tiene, a diferencia de otros escenarios de transición tutelada, una sociedad civil organizada, una diáspora numerosa y activa, y un capital político acumulado en la figura de María Corina Machado, reconocida con el Nobel de la Paz en 2025, que todavía puede orientar el desenlace hacia una salida genuinamente democrática. Pero el éxito del proceso no se medirá por la velocidad con la que se firmen acuerdos, sino por si las instituciones que hoy se negocian, un nuevo Tribunal Supremo, un nuevo Consejo Nacional Electoral, un cronograma de elecciones verificable, terminan perteneciendo a los venezolanos o simplemente heredan, con otro nombre y otro patrocinador, la misma dependencia externa que el país ha intentado superar durante más de una década de crisis.
Siete meses después de la caída de Maduro, Venezuela ya no discute si habrá transición. Discute quién la controla, y a quién terminará perteneciendo lo que quede de ella.
FUENTES: Britannica · CSIS · Al Jazeera · Local10 News · El Nacional · Bloomberg Línea · La Jornada · Democracy Now · LEĜA Abogados · Globovisión · The Hill · Semana · CNN en Español
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