Cuba al límite: cuando la energía deja de ser política

Por Francisco Veracoechea

 

Durante casi dos décadas, la estabilidad energética de Cuba no dependió de su capacidad productiva, ni de reformas internas, ni de una inserción competitiva en los mercados internacionales. Dependió, esencialmente, de un acuerdo geopolítico: el suministro preferencial de petróleo venezolano. Ese flujo, sostenido a partir de mediados de la década de 2000, permitió a la isla mantener a flote su sistema eléctrico, su transporte y buena parte de su actividad económica, aun cuando sus propias infraestructuras mostraban un deterioro creciente.

En su punto más alto, entre 2010 y 2014, Venezuela llegó a enviar a Cuba entre 90 000 y 115 000 barriles diarios de crudo y derivados, según estimaciones coincidentes de agencias energéticas y reportes de comercio internacional. No se trataba de una relación comercial convencional. Parte de ese petróleo se pagaba con servicios profesionales, otra parte mediante esquemas de crédito blando y, en la práctica, bajo condiciones muy alejadas de los precios, riesgos y exigencias del mercado global.

Ese petróleo no solo alimentó termoeléctricas y vehículos. Funcionó como un amortiguador político y económico. Permitió posponer decisiones estructurales, administrar la escasez sin enfrentarla plenamente y sostener un modelo energético ineficiente, altamente dependiente del exterior. Mientras el crudo venezolano llegaba, la fragilidad del sistema quedaba disimulada.

Pero ese esquema comenzó a resquebrajarse. A partir de 2014, la producción petrolera venezolana entró en una caída acelerada, golpeada por la falta de inversión, problemas operativos, mala gestión y, posteriormente, sanciones internacionales. Los envíos a Cuba se redujeron de forma progresiva. Para 2016–2017, los volúmenes ya eran menos de la mitad de los registrados en los años pico. Aun así, el suministro no se interrumpió por completo. Persistió, cada vez más irregular, sostenido más por afinidad política que por capacidad real.

En los años siguientes, el petróleo venezolano pasó de abundante a crónicamente insuficiente. Para 2025, los envíos se movían, según datos de seguimiento marítimo y estimaciones de Reuters y Kpler, en un rango aproximado de 26 000 a 35 000 barriles diarios, con fuertes oscilaciones mensuales. En algunos periodos, México llegó incluso a convertirse en el principal proveedor puntual de crudo para la isla. El subsidio ya no existía; solo quedaban restos de una relación en retirada.

El verdadero punto de quiebre, sin embargo, no fue técnico. Fue geopolítico.

El endurecimiento del contexto internacional y, de manera decisiva, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcaron el final de cualquier margen de tolerancia. En esta nueva etapa, Washington dejó claro que no permitiría esquemas energéticos paralelos, triangulaciones financieras opacas ni subsidios encubiertos que mantuvieran con vida a economías aliadas fuera de las reglas del mercado.

La llamada nueva era Trump no introdujo matices. Cerró espacios. Aumentó la presión sobre navieras, aseguradoras, intermediarios financieros y proveedores de servicios. Elevó el costo del riesgo hasta hacerlo prácticamente inasumible. En ese escenario, el petróleo venezolano dejó de ser solo escaso: se volvió comercialmente inviable.

Para Cuba, esto significó algo más profundo que la pérdida de un proveedor. Implicó el colapso de un modelo energético basado en la excepción política. Por primera vez en décadas, la isla se vio obligada a enfrentar una realidad incómoda: la energía ya no llega por lealtad ideológica, sino por capacidad de pago. Y Cuba carece de esa capacidad.

Con una economía debilitada, escasez crónica de divisas y acceso limitado al crédito internacional, comprar combustible en el mercado global implica condiciones estrictas: pagos anticipados, seguros elevados y trazabilidad financiera completa. Todo lo contrario al esquema que sostuvo al país durante años. El sistema que permitía operar en los márgenes dejó de existir.

El impacto se ha acelerado con crudeza en las últimas semanas. En febrero de 2026, amplias zonas del país enfrentan apagones de entre 15 y 20 horas diarias, con un déficit eléctrico que ha rozado los 2 000 megavatios en picos de demanda, según cifras oficiales. El racionamiento se ha extendido: semanas laborales reducidas, teletrabajo masivo y priorización estricta de hospitales y cadenas de alimentos. El propio gobierno ha reconocido públicamente que el sistema opera al borde del colapso, mientras organismos internacionales han comenzado a alertar sobre un riesgo humanitario creciente.

La advertencia emitida a aerolíneas internacionales sobre la imposibilidad de garantizar combustible en aeropuertos cubanos no es una falla administrativa ni una mala planificación coyuntural. Es la manifestación visible de una derrota geopolítica: la pérdida del respaldo energético externo que sostenía la conectividad del país.

En términos prácticos, la falta de combustible de aviación obliga a las aerolíneas a cargar reservas adicionales, realizar escalas técnicas fuera de la isla o cancelar rutas. Cada una de esas opciones encarece la operación y reduce el atractivo del destino. El impacto es inmediato sobre el turismo, uno de los pocos sectores capaces de generar divisas.

El problema es circular y profundamente perverso. Cuba necesita turistas para obtener ingresos con los que pueda importar energía. Pero necesita energía para garantizar vuelos, hoteles, transporte y servicios básicos que permitan recibir a esos turistas. La escasez de combustible rompe ese equilibrio y empuja al país a una espiral descendente.

En el plano social, las consecuencias son cada vez más visibles: colas interminables para conseguir gasolina, uso de leña y carbón para cocinar, parálisis intermitente del transporte público y protestas contenidas, aún dispersas, pero latentes. La energía, que en otros contextos es invisible hasta que falta, en Cuba se ha convertido en una presencia constante precisamente por su ausencia.

Desde una perspectiva histórica, el momento actual recuerda —aunque sin nombrarlo— al colapso energético que siguió a la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, como ahora, Cuba perdió de golpe a su principal patrocinador externo. La diferencia es que hoy el contexto internacional es menos indulgente y las alternativas son más costosas.

Ni Moscú ni Caracas están en condiciones de sustituir el papel que desempeñaron en el pasado. Rusia enfrenta sus propias prioridades estratégicas. Venezuela carece de capacidad productiva suficiente. Y Estados Unidos ha dejado claro que no habrá excepciones que permitan reconstruir un sistema de subsidios energéticos indirectos.

La crisis energética cubana, por tanto, no es el inicio de un problema, sino su desenlace provisional. Marca el momento en que la geopolítica deja de amortiguar las debilidades internas y obliga al país a enfrentar sus límites reales. La energía se ha convertido en una frontera invisible, pero decisiva, que delimita lo que Cuba puede y no puede hacer.

Mientras no aparezca una fuente de suministro estable, financiable y sostenida —ya sea mediante reformas internas profundas o un cambio significativo en el entorno internacional— esa frontera seguirá estrechándose. Y con ella, las posibilidades de maniobra económica, social y política de la isla.

📊 Línea de tiempo: envíos de petróleo venezolano a Cuba (con fuentes)

2000–2012 — Fundación y consolidación

• En 2000, Cuba y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación energética estableciendo envíos regulares de petróleo venezolano a la isla.

• En el mejor momento entre 2010 y 2014, Cuba recibió hasta alrededor de 90 000-115 000 bpd de crudo y derivados de Venezuela, según estimaciones históricas de comercio petrolero y análisis energético internacional. (Estimación basada en tendencias históricas de envíos preferenciales y datos de exportación acumulados)

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2013–2017 — Declinación inicial

• Tras la caída de la producción petrolera venezolana, los envíos comenzaron a disminuir.

• En 2016-2017, los volúmenes promediaron mucho menos que en años anteriores, con estimaciones de 20 000-40 000 bpd en promedio y tramos con niveles incluso menores en meses específicos. (Basado en patrones de reducción de exportaciones y análisis energético de la región, que reflejan una caída sostenida tras 2014)

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2023 — Nivel reducido pero significativo

• En 2023, las exportaciones venezolanas hacia Cuba promediaron aproximadamente 51 500-56 000 bpd, incluyendo crudo y productos refinados, según datos de seguimiento energético y comercial.

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2024 — Caída marcada y picos puntuales

• Promedio anual 2024: Las importaciones desde Venezuela cayeron casi a la mitad respecto a 2023, hasta alrededor de 32 000-35 000 bpd.

• Marzo 2024: Se reportaron envíos de aproximadamente 34 000 bpd a Cuba en medio de la crisis energética.

• Mayo 2024: Se registró un repunte temporal hasta cerca de 70 000 bpd en algunos meses, como resultado de envíos extraordinarios antes de cambios en licencias internacionales.

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2025 — Volatilidad y descenso general

• Enero–octubre 2025: Cuba importó en total alrededor de 45 400 bpd de combustibles (incluyendo crudo y otros derivados) desde aliados como Venezuela y México, reflejando una caída de más de un tercio respecto al mismo período de 2024.

• Venezuela por sí sola en 2025: los envíos desde Caracas promediaron aproximadamente 27 400 bpd, una reducción significativa frente a años previos.

• Febrero 2025: Datos de Reuters muestran que Venezuela elevó envíos a ~42 000 bpd en ese mes específico, un repunte temporal.

• Julio 2025: Envíos venezolanos rondaron 31 000 bpd, aún insuficientes para las necesidades de la isla.

• Septiembre 2025: Venezuela envió ~52 000 bpd, el mayor volumen del año para ese período.

• Octubre 2025: Los envíos bajaron a alrededor de 11 000 bpd, uno de los niveles más bajos en 2025.

(Estas variaciones muestran mucha volatilidad mes a mes, con altibajos, pero consistentemente por debajo de los picos históricos.)

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Finales de 2025 – 2026 — Reducción crítica

• Hacia finales de 2025, los envíos venezolanos estaban muy reducidos, y en enero de 2026 se reportaron periodos sin envíos confirmados de crudo venezolano a Cuba.

• Las presiones internacionales, bloqueos y sanciones han limitado los flujos de petróleo, dejando a Cuba con reservas mínimas y sin suministros regulares desde Venezuela.

Fuentes principales:

• Reuters (shipping data y PDVSA docs, 2024-2026): reuters.com/business/energy
• Kpler (analytics, 2025-2026): kpler.com/blog
• TankerTrackers.com (tracking tankers)
• Jorge Piñón, University of Texas (histórico y barter): Entrevistas NPR/NEPM ene 2026
• Financial Times (ene 2026): ft.com/content/f15ac8c6-c76b-40a1-bb41-95abbed7d8aa

La caída de dos hombres clave del poder: qué significa para Venezuela la captura de Alex Saab y Raúl Gorrín

 

Por: Francisco Veracoechea

Durante años, en Venezuela se repitió una certeza amarga: los verdaderos responsables del colapso económico no daban la cara. No aparecían en mítines, no firmaban decretos ni hablaban en cadenas nacionales. Operaban en silencio, entre contratos opacos, cuentas en el exterior y estructuras empresariales diseñadas para no dejar huellas. Alex Saab y Raúl Gorrín encajaron perfectamente en ese perfil. Su captura marca un punto de inflexión que va más allá de dos nombres propios y obliga a mirar de frente cómo funcionó el poder real en el país.

El origen de este entramado se remonta a los años posteriores a la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia. Con una economía cada vez más dependiente del petróleo, un control férreo sobre las divisas y un Estado que perdía capacidad productiva, el Gobierno abrió la puerta a intermediarios privados que asumieron tareas estratégicas: importar alimentos, mover capitales, sortear sanciones y mantener a flote un sistema en crisis permanente. En ese escenario emergieron figuras como Saab y Gorrín, cada uno con un rol distinto, pero complementario.

Alex Saab se convirtió en uno de los operadores más influyentes del comercio exterior venezolano. Su nombre quedó asociado al programa CLAP, creado oficialmente para garantizar alimentos a los sectores más vulnerables. En la práctica, múltiples investigaciones internacionales revelaron sobreprecios, mercancía de mala calidad y un circuito de empresas registradas fuera del país. Saab actuaba como puente entre el Estado y un sistema financiero internacional cada vez más cerrado para Caracas. Su cercanía con el poder fue tal que el Gobierno lo presentó como “enviado especial”, blindándolo políticamente durante años.

Raúl Gorrín, en cambio, se movía en el terreno de las finanzas y la influencia mediática. Propietario de medios de comunicación y con acceso directo a altos funcionarios, fue señalado por la justicia estadounidense por participar en esquemas de sobornos vinculados al control de cambios. En un país donde el dólar era un bien escaso y regulado, tener acceso privilegiado a divisas equivalía a acumular poder económico de forma acelerada. Gorrín representó al empresario que prosperó gracias a la cercanía con el Estado y a un sistema diseñado para beneficiar a pocos.

Ambos nombres aparecieron durante años en informes judiciales, sanciones y reportajes de investigación fuera de Venezuela. Sin embargo, dentro del país parecían protegidos por una red de lealtades políticas y silencios convenientes. Saab fue detenido en el extranjero y convertido en símbolo de resistencia frente a Estados Unidos. Gorrín optó por un perfil más discreto, manteniendo influencia sin exposición pública excesiva. La pregunta inevitable es qué cambió para que hoy ambos estén bajo custodia.

La respuesta no está en un solo factor, sino en una suma de presiones. La crisis económica prolongada, el desgaste interno del poder, las negociaciones internacionales y la necesidad de enviar señales de “orden” hacia afuera crearon un nuevo tablero. En ese contexto, figuras que antes eran indispensables pasaron a ser negociables. La captura de Saab y Gorrín funciona también como mensaje político: nadie es imprescindible cuando el sistema necesita recomponerse.

Para Venezuela, el impacto es profundo y contradictorio. Por un lado, se abre una expectativa de justicia largamente postergada. Millones de venezolanos asocian estos nombres con el desabastecimiento, la inflación y el empobrecimiento acelerado de una sociedad que vio cómo se evaporaban los recursos del país. Verlos enfrentar procesos judiciales rompe, al menos simbólicamente, la idea de impunidad absoluta. Por otro lado, persiste la desconfianza: sin instituciones independientes, muchos temen que estas capturas respondan más a ajustes internos que a un verdadero combate contra la corrupción.

En el plano regional, el caso resuena con fuerza. América Latina conoce bien estas historias: empresarios que crecen al calor del poder, Estados que delegan funciones clave en intermediarios y sistemas financieros utilizados para lavar activos y mover dinero fuera del alcance ciudadano. La caída de Saab y Gorrín es observada con atención porque podría sentar precedentes sobre cooperación judicial, recuperación de activos y responsabilidades compartidas.

A nivel internacional, las consecuencias pueden ser aún mayores. Ambos conocen los mecanismos que permitieron sostener al Estado venezolano en los años más duros de las sanciones. Si deciden hablar, sus testimonios podrían comprometer a funcionarios, revelar rutas de dinero y exponer acuerdos que hasta ahora solo se intuían. No es casual que este proceso despierte interés más allá de las fronteras venezolanas.

La captura de Alex Saab y Raúl Gorrín no resuelve la crisis venezolana ni borra años de deterioro institucional. Pero sí marca el final de una etapa en la que ciertos actores parecían intocables. El desenlace dependerá de algo clave: si la justicia avanza con transparencia o si este episodio se diluye como tantos otros en la historia reciente del país.

Venezuela, y buena parte de América Latina, observa con atención. Porque esta historia no habla solo de dos hombres, sino de un modelo de poder que aún busca sobrevivir a sus propias sombras.

De Laura Chinchilla a Laura Fernández: una nueva presidenta, un país exigente

Por: Francisco Veracoechea

Costa Rica vuelve a ser gobernada por una mujer. Más de una década después del mandato de Laura Chinchilla, la victoria electoral de Laura Fernández abre una nueva etapa política cargada de simbolismo, expectativas y desafíos concretos. No se trata únicamente de un relevo en la Presidencia, sino de un momento que obliga al país a revisar su memoria política reciente y a proyectarse hacia un futuro marcado por la complejidad institucional y por una ciudadanía cada vez más exigente.

Laura Fernández llega al poder con un respaldo electoral claro y con una base legislativa significativa. Su partido, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), obtuvo 31 diputados en la Asamblea Legislativa, lo que le garantiza mayoría simple. Ese número le permite aprobar leyes ordinarias, influir de manera decisiva en la agenda parlamentaria y evitar la parálisis que ha condicionado a otros gobiernos en el pasado. Sin embargo, la mayoría calificada —38 votos— queda fuera de su alcance, lo que introduce un límite político evidente: las reformas estructurales, los nombramientos clave y las decisiones de mayor calado requerirán acuerdos con otras fuerzas políticas.

En su primer discurso tras la victoria, la noche del domingo, Fernández prometió presidir un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho. El mensaje buscó transmitir estabilidad institucional y autoridad democrática. No obstante, ese mismo discurso dejó ver un tono más confrontativo cuando calificó a parte de la oposición como “obstruccionista y saboteadora”. La frase marcó desde el inicio una tensión que atravesará todo su mandato: la necesidad de construir consensos frente a la tentación de gobernar desde la confrontación política.

La mayoría que permite avanzar y el límite que obliga a negociar

Contar con 31 diputados coloca a Laura Fernández en una posición más sólida que la de otros presidentes recientes. La mayoría simple le otorga margen de maniobra para impulsar proyectos de ley ordinarios y sostener una narrativa de gobernabilidad. No llega con las manos atadas ni condenada a la inacción. Sin embargo, ese respaldo no equivale a un control absoluto del poder legislativo.

La diferencia entre mayoría simple y mayoría calificada será el verdadero campo de batalla político del nuevo gobierno. Siete votos separan al Ejecutivo de la posibilidad de avanzar en reformas profundas sin depender de la oposición. Esa distancia obligará a la presidenta a ejercer una política de negociación constante, donde el diálogo dejará de ser una promesa de campaña para convertirse en una necesidad cotidiana.

En Costa Rica, la Asamblea Legislativa no es un actor secundario. Es un contrapeso real, con capacidad para condicionar el rumbo del Ejecutivo. La historia política reciente demuestra que los gobiernos que confunden fuerza parlamentaria con poder absoluto suelen enfrentar bloqueos, desgaste prematuro y pérdida de legitimidad. Fernández deberá administrar con cuidado esa frontera entre fortaleza y límite.

A este escenario institucional se suma un contexto económico y social exigente. El costo de la vida, la inseguridad y la percepción de estancamiento pesan sobre amplios sectores de la población. La ciudadanía observa con atención y con menos paciencia que en el pasado. Cada decisión tendrá impacto inmediato y cada error se amplificará con rapidez. La mayoría simple ofrece margen de acción, pero no inmunidad frente al desgaste político.

El futuro de Costa Rica: ¿en manos inciertas?

La comparación con Laura Chinchilla es inevitable. Su gobierno, entre 2010 y 2014, estuvo marcado por dificultades de gobernabilidad, tensiones políticas y un desgaste temprano que limitó su capacidad de acción. Más allá de valoraciones personales, aquel periodo dejó una lección clara: en Costa Rica, gobernar sin consensos sólidos termina pasando factura.

El contexto actual es aún más complejo. La polarización política ha aumentado, el debate público es más áspero y la opinión pública es menos indulgente frente a la ineficiencia o la confrontación estéril. Laura Fernández asume el poder en un país más vigilante, más crítico y con expectativas altas, pero con un margen reducido para errores no forzados.

El desafío del nuevo gobierno no será solo aprobar leyes, sino construir legitimidad sostenida. La firmeza anunciada en el discurso de victoria deberá traducirse en liderazgo efectivo, no en aislamiento político. La negociación no será una concesión, sino una herramienta indispensable para ampliar la base de apoyo más allá de los 31 votos propios.

Costa Rica no enfrenta un salto al vacío, pero sí un periodo de incertidumbre controlada. Su fortaleza histórica ha sido la institucionalidad, el respeto al Estado de derecho y la cultura del acuerdo. Si esas bases prevalecen, el país podrá transitar este nuevo ciclo con estabilidad. Si se erosionan, la incertidumbre dejará de ser política para convertirse en estructural.

Más que en manos inciertas, el futuro de Costa Rica está en manos compartidas. Y en una democracia madura, ese no debería ser un motivo de temor, sino una prueba de carácter.

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Votar con incertidumbre: Costa Rica se enfrenta a una elección marcada por la inseguridad, el narcotráfico y el desgaste del poder

 

El proceso electoral avanza en un país golpeado por la violencia, el encarecimiento del costo de la vida y una creciente desconfianza hacia la política tradicional. Laura Fernández lidera las preferencias, pero lo hace en un escenario de desgaste institucional y hartazgo social.

Por Francisco Veracoechea

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Costa Rica se aproxima a una nueva cita con las urnas en un clima marcado por la ansiedad social y la desconfianza política. El país que durante décadas fue presentado como un referente de estabilidad democrática en Centroamérica vota hoy bajo una sombra persistente: el avance del narcotráfico, el aumento sostenido de los homicidios, el encarecimiento del costo de la vida y la percepción generalizada de que las promesas del poder no se tradujeron en mejoras concretas para la mayoría de la población.

No se trata únicamente de una elección presidencial. Para amplios sectores de la ciudadanía, lo que está en juego es la capacidad del Estado de recuperar el control territorial, restablecer la confianza institucional y ofrecer respuestas creíbles a problemas que dejaron de ser coyunturales para convertirse en estructurales.

Inseguridad y violencia: cuando los datos confirman el miedo

La campaña electoral avanza atravesada por el temor y el desencanto. La inseguridad se ha instalado como el principal eje del debate público. El incremento de los homicidios y la expansión de redes criminales vinculadas al narcotráfico han transformado la vida cotidiana en comunidades que hasta hace pocos años se consideraban ajenas a la violencia. La sensación de vulnerabilidad ya no distingue entre zonas urbanas y rurales ni entre clases sociales.

Ese miedo tiene respaldo en las cifras. Costa Rica cerró 2025 con más de 950 homicidios, la cifra más alta registrada en su historia reciente. La tasa superó los 18 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un umbral que organismos internacionales asocian con escenarios de violencia estructural de alto impacto. Cerca del 70 % de las muertes violentas están vinculadas a disputas territoriales entre bandas locales conectadas a redes internacionales del narcotráfico, que utilizan al país como plataforma logística para la exportación de cocaína hacia Europa.

El narcotráfico no es un fenómeno nuevo en Costa Rica, pero su capacidad de penetración social e institucional se ha intensificado. La disputa por rutas, territorios y mercados ilegales ha erosionado uno de los pilares históricos del imaginario nacional: la seguridad.

El costo de vivir y el desgaste del poder

El malestar social no se limita a la violencia. El encarecimiento del costo de la vida atraviesa la campaña como un problema cotidiano que impacta directamente en los hogares. Aunque los indicadores macroeconómicos muestran una inflación general relativamente controlada, la experiencia diaria de la población cuenta otra historia.

En los últimos dos años, los alimentos de primera necesidad y los servicios básicos han acumulado incrementos cercanos al 12 %, presionando especialmente a los hogares de ingresos medios y bajos. A esto se suma el alto costo de los medicamentos: Costa Rica se mantiene entre los países con precios más elevados de la región, y el gasto de bolsillo para tratar enfermedades crónicas puede absorber hasta un 20 % del ingreso mensual de un hogar de clase media-baja.

Las promesas oficiales de alivio económico siguen frescas en la memoria colectiva. Para muchos votantes, su incumplimiento refuerza la sensación de desconexión entre la clase política y la realidad social, alimentando un escepticismo que atraviesa todo el proceso electoral.

Laura Fernández: liderazgo fuerte, respaldo frágil

En este escenario emerge Laura Fernández como la figura central de la contienda. Distintos sondeos le atribuyen un respaldo cercano al 40 % de la intención de voto, una cifra que la coloca en el umbral de una posible victoria en primera ronda.

Sin embargo, ese liderazgo convive con tensiones evidentes. Para sus seguidores, Fernández representa experiencia de gestión y capacidad de conducción en un contexto complejo. Para sus detractores, su figura encarna el desgaste del poder y una administración que no logró cumplir promesas clave, especialmente en materia de seguridad y costo de la vida.

El desafío de su campaña ya no es únicamente crecer, sino resistir. En un país marcado por la volatilidad electoral y la desconfianza política, la pregunta no es solo si Fernández puede ganar, sino si su respaldo se mantendrá firme frente a una campaña dominada por el miedo y la memoria reciente de promesas incumplidas.

Indecisos, abstención y una democracia en tensión

Frente a Fernández, otros candidatos intentan capitalizar el descontento social con propuestas que oscilan entre la mano dura y las reformas graduales. Sin embargo, la visibilidad y la credibilidad siguen siendo escasas en un escenario dominado por la polarización.

Más del 35 % del electorado afirma no tener aún una decisión tomada o contempla votar en blanco o nulo. Este bloque de indecisos no solo expresa hartazgo, sino que introduce una incertidumbre real sobre la solidez de cualquier ventaja electoral.

A esto se suma un dato estructural: el abstencionismo, especialmente entre los jóvenes. En las elecciones de 2022, la participación de los menores de 30 años fue significativamente menor que la de los adultos mayores, y el abstencionismo en el grupo de 18 a 35 años superó el 33 %, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Analistas advierten que, si persiste el desencanto actual, la participación juvenil en 2026 podría mantenerse en niveles bajos, debilitando la legitimidad democrática y la renovación del liderazgo político.

Votar sin certezas, pero no sin consecuencias

Costa Rica votará en un contexto cargado de incógnitas. La inseguridad no ha cedido, el narcotráfico mantiene su presión y el desgaste del poder sigue erosionando la confianza ciudadana. El próximo gobierno no heredará solo cifras económicas o compromisos administrativos, sino una sociedad más alerta, menos paciente y profundamente consciente de sus miedos.

La incógnita ya no es únicamente quién ganará las elecciones, sino qué ocurrirá después. Si el nuevo liderazgo logrará reconectar al Estado con la ciudadanía o si, por el contrario, la frustración abrirá paso a una etapa aún más compleja de desafección democrática.

Costa Rica votará con incertidumbre. Lo que todavía no está claro es si, tras el cierre de las urnas, el país despertará con alivio o con la certeza incómoda de que los problemas que hoy lo acechan han decidido quedarse un tiempo más.

Irán sin acceso a internet y con víctimas de la represión

 

El apagón digital vuelve a ser utilizado por el régimen como herramienta de control político en medio de protestas y denuncias por uso excesivo de la fuerza

Por Francisco Veracoechea

Irán atraviesa una nueva fase de aislamiento informativo mientras se multiplican las denuncias sobre víctimas mortales y detenciones masivas en el marco de la represión de las protestas internas. Desde hace varios días, amplias zonas del país registran cortes casi totales del servicio de internet móvil, severas restricciones en conexiones fijas y el bloqueo sistemático de plataformas digitales utilizadas para la comunicación y la difusión de información. La medida, adoptada por las autoridades bajo el argumento de preservar la seguridad nacional, coincide con un endurecimiento visible de la respuesta estatal frente a las manifestaciones.

Usuarios dentro del país describen un escenario de desconexión generalizada que afecta no solo a redes sociales, sino también a servicios básicos de mensajería y a plataformas vinculadas al trabajo, la educación y el comercio. En la práctica, millones de personas han quedado incomunicadas del exterior, lo que dificulta la verificación independiente de los hechos y retrasa la llegada de testimonios, imágenes y datos sobre lo que ocurre en las calles. No se trata de un fenómeno nuevo en Irán, pero sí de uno cada vez más refinado y extendido.

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la existencia de víctimas mortales y un número indeterminado de personas detenidas durante las operaciones de las fuerzas de seguridad. Las cifras exactas siguen siendo difíciles de confirmar debido al bloqueo informativo, aunque los reportes coinciden en señalar el uso de fuerza excesiva contra manifestantes, arrestos sin orden judicial y traslados a centros de detención no identificados públicamente. El gobierno iraní, por su parte, ha rechazado estas acusaciones y sostiene que se enfrenta a actos de violencia promovidos por grupos desestabilizadores.

El corte de internet se ha convertido en una herramienta central de control político. Al limitar el acceso a la red, el Estado reduce la capacidad de organización de las protestas, restringe la circulación de información y mantiene bajo control el relato de los acontecimientos. Expertos en derechos digitales subrayan que estas medidas no buscan únicamente frenar la difusión de contenidos, sino también generar un efecto disuasorio sobre la población, al dejar claro que cualquier intento de movilización tendrá consecuencias inmediatas.

La juventud iraní vuelve a situarse en el centro del conflicto. Se trata de una generación acostumbrada a la conectividad, expuesta a referentes externos y cada vez más crítica de las restricciones políticas, sociales y económicas del país. Para este sector de la población, la desconexión forzada no solo representa un obstáculo para la protesta, sino una interrupción directa de la vida cotidiana. Estudios universitarios, actividades laborales y comunicaciones familiares quedan suspendidos de forma abrupta, reforzando una sensación de encierro que va más allá de lo digital.

Irán ha desarrollado en los últimos años una infraestructura tecnológica que le permite mantener una red interna operativa mientras limita el acceso al internet global. Este sistema, conocido como red nacional de información, garantiza la continuidad de algunos servicios estatales y bancarios, pero deja a la ciudadanía aislada del escrutinio internacional. Analistas advierten que este modelo marca una tendencia preocupante, al demostrar cómo los Estados con estructuras autoritarias pueden ejercer control sin recurrir necesariamente a un apagón total, manteniendo una apariencia de normalidad.

La respuesta internacional ha sido, hasta ahora, limitada. Gobiernos occidentales y organismos multilaterales han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Irán y han instado a las autoridades a restablecer el acceso a internet y garantizar el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, estas declaraciones no se han traducido en medidas concretas capaces de alterar el comportamiento del régimen. Las negociaciones nucleares, las tensiones regionales y los equilibrios geopolíticos continúan condicionando cualquier acción más contundente.

En este contexto, el silencio informativo cumple una función estratégica. La ausencia de imágenes constantes, transmisiones en vivo y relatos directos reduce la presión de la opinión pública internacional y diluye el impacto de las denuncias. Cada día sin conexión supone una ventana de oportunidad para las autoridades, que pueden actuar con mayor margen y menor visibilidad.

A pesar de ello, la desconexión no ha logrado eliminar el descontento social. Testimonios que logran salir del país, a través de canales alternativos, muestran a una sociedad que continúa cuestionando el modelo de control impuesto desde el poder. Activistas y ciudadanos buscan nuevas formas de comunicarse, documentar los abusos y preservar la memoria de lo ocurrido, conscientes de que el apagón no es permanente.

Irán permanece hoy a oscuras en el plano digital, pero el conflicto subyacente sigue latente. La experiencia de episodios anteriores sugiere que los cortes de internet pueden retrasar la explosión del malestar, pero no neutralizarlo. Cuando la conexión se restablece, las demandas no desaparecen, sino que reaparecen con mayor fuerza y mayor carga simbólica.

El uso del apagón digital como instrumento de represión confirma una transformación profunda del autoritarismo contemporáneo. El control ya no se ejerce únicamente mediante la presencia policial o la coerción física, sino también a través de la gestión de datos, redes y flujos de información. En Irán, esta estrategia vuelve a dejar una pregunta abierta: hasta qué punto un Estado puede sostenerse desconectando a su población del mundo sin terminar, inevitablemente, enfrentándose a ella.

Groenlandia en el tablero global: Trump, Europa y la disputa estratégica por el Ártico

 

Por: Francisco Veracoechea

La insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la necesidad de que su país ejerza un mayor control sobre Groenlandia ha reactivado una de las tensiones geopolíticas más delicadas del escenario internacional contemporáneo. Lejos de presentarlo como una iniciativa económica o territorial en sentido clásico, Trump ha situado el debate en el terreno de la seguridad nacional y de la competencia estratégica en el Ártico, con Rusia como principal factor de preocupación. La reacción de la Unión Europea, el rechazo de Dinamarca y la posición firme del Gobierno groenlandés muestran hasta qué punto la isla ha pasado de ser un territorio periférico a convertirse en una pieza central del equilibrio de poder en el norte del planeta.

Groenlandia, el mayor territorio insular del mundo, ocupa una posición geográfica clave entre América del Norte y Europa. Durante décadas fue percibida como una región remota, con escasa incidencia en los grandes asuntos internacionales. Sin embargo, el progresivo deshielo del Ártico, acelerado por el cambio climático, ha modificado de forma sustancial ese escenario. La apertura gradual de nuevas rutas marítimas, la posibilidad de explotar recursos naturales estratégicos y el aumento de la presencia militar de diversas potencias han situado a la isla en el centro de los análisis geopolíticos.

Estados Unidos mantiene desde la Guerra Fría una presencia militar permanente en Groenlandia, especialmente a través de la base aérea de Pituffik, considerada un elemento clave para los sistemas de alerta temprana y defensa antimisiles. Desde esta instalación se monitorean movimientos aéreos y marítimos en una región que, según los estrategas estadounidenses, se ha vuelto más vulnerable ante el incremento de la actividad rusa en el Ártico.

Es precisamente este punto el que Trump ha subrayado de forma reiterada. Según el presidente estadounidense, Groenlandia es esencial para garantizar la capacidad de Estados Unidos de vigilar y responder a posibles amenazas procedentes de Rusia. Moscú ha reforzado en los últimos años su infraestructura militar en el Ártico, reabriendo bases, modernizando su flota y ampliando su presencia en rutas marítimas estratégicas. Para Washington, este despliegue altera el equilibrio de seguridad en una región que durante décadas permaneció relativamente estable.

Trump ha argumentado que el actual estatus de Groenlandia limita la capacidad de Estados Unidos para ejercer un control pleno y eficaz sobre un territorio que considera vital para su seguridad nacional. En sus declaraciones, ha cuestionado la capacidad de Dinamarca para responder con rapidez y recursos suficientes ante un eventual deterioro de la situación en el Ártico. Desde su perspectiva, un mayor control estadounidense permitiría una supervisión más directa y una respuesta más ágil frente a cualquier movimiento ruso que pueda afectar al espacio aéreo o marítimo del Atlántico Norte.

A diferencia de su primer mandato, cuando la idea de adquirir Groenlandia fue recibida como una ocurrencia, el discurso actual se presenta con un marco estratégico más definido. Trump ha insistido en que no se trata de una cuestión simbólica, sino de una necesidad vinculada a la defensa del territorio estadounidense y de sus aliados. En este contexto, ha dejado entrever que Estados Unidos no puede depender exclusivamente de acuerdos con terceros cuando se trata de una región que considera crítica para su seguridad.

El planteamiento ha ido acompañado de advertencias económicas. Trump ha sugerido que los países europeos que se opongan a sus planes o que, a su juicio, obstaculicen los intereses estadounidenses en el Ártico podrían enfrentarse a medidas comerciales, incluidos aranceles. Este enfoque ha generado inquietud en varias capitales europeas, que interpretan estas declaraciones como una forma de presión incompatible con la relación entre aliados históricos.

Desde Groenlandia, la respuesta ha sido clara y constante. El Gobierno autónomo ha reiterado que la isla no está en venta y que cualquier decisión sobre su futuro corresponde exclusivamente a su población. Las autoridades groenlandesas han subrayado que el territorio no es un espacio vacío ni una ficha intercambiable en el tablero geopolítico, sino una sociedad con identidad propia, instituciones consolidadas y aspiraciones políticas definidas. Su prioridad, sostienen, es avanzar en el fortalecimiento del autogobierno y en el desarrollo económico, manteniendo relaciones de cooperación con sus socios internacionales.

Dinamarca ha respaldado plenamente esta posición. Desde Copenhague se recuerda que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, un Estado soberano y miembro de la OTAN, y que la cooperación con Estados Unidos en materia de defensa ha sido constante durante décadas. Las autoridades danesas subrayan que la presencia militar estadounidense en la isla se ha mantenido con pleno conocimiento y acuerdo del Gobierno danés, dentro de los marcos legales y políticos vigentes.

El Ejecutivo danés ha insistido en que cualquier intento de modificar el estatus de Groenlandia sin el consentimiento de sus habitantes contravendría los principios del derecho internacional, en particular los relativos a la soberanía territorial y la autodeterminación de los pueblos. Esta postura ha sido respaldada por la Unión Europea, que ha cerrado filas en torno a uno de sus Estados miembros.

Bruselas ha reiterado la necesidad de respetar el orden internacional basado en normas y ha evitado, al mismo tiempo, una escalada retórica con Washington. No obstante, la Comisión Europea analiza posibles escenarios ante la amenaza de nuevas medidas comerciales por parte de Estados Unidos. Varios Estados miembros han reforzado su coordinación diplomática y su implicación en el Ártico, conscientes de que la región se ha convertido en un espacio de creciente rivalidad estratégica.

El interés por Groenlandia se inscribe en una dinámica más amplia. El Ártico ha emergido como uno de los principales escenarios de competencia global del siglo XXI. Rusia considera la región una extensión natural de su espacio estratégico y ha invertido de forma sostenida en su militarización. China, por su parte, se ha definido como un “Estado cercano al Ártico” y ha incrementado su presencia económica y científica, buscando asegurar un papel en el futuro de las rutas marítimas y en la explotación de recursos.

Estados Unidos y Europa observan estos movimientos con atención. Para Washington, el refuerzo ruso en el Ártico representa un desafío directo a su capacidad de disuasión. Para la Unión Europea, el reto consiste en equilibrar su relación con Estados Unidos, preservar la soberanía de sus Estados miembros y evitar que la región se convierta en un nuevo foco de confrontación permanente.

El debate en torno a Groenlandia ha puesto de relieve las diferencias de enfoque entre ambas orillas del Atlántico. Mientras la Administración Trump adopta una política exterior más directa, basada en el control y la presión, la Unión Europea insiste en un marco de cooperación sustentado en normas, acuerdos multilaterales y respeto a la legalidad internacional. Analistas advierten de que estas tensiones podrían tener efectos en la cohesión de la OTAN y en la relación transatlántica, especialmente en un contexto de creciente incertidumbre global.

Groenlandia, en medio de este pulso, continúa reivindicando su derecho a decidir su propio futuro, mientras el Ártico deja de ser una frontera lejana para convertirse en uno de los espacios donde se define la arquitectura de seguridad internacional del siglo XXI.

 

Después de Maduro: el poder que queda y el país que sigue

 

Por Francisco Veracoechea

El día después de lo impensable

La captura de Nicolás Maduro y de su esposa por autoridades estadounidenses marcó un punto de quiebre que durante años pareció improbable. El dirigente que había sobrevivido a sanciones, aislamiento diplomático y crisis internas ya no estaba en el Palacio de Miraflores ni hablaba al país desde cadenas nacionales. Estaba preso en Estados Unidos.

El impacto inicial fue de desconcierto. No solo por la magnitud del hecho, sino por la velocidad con la que el poder tuvo que reorganizarse en Caracas. En cuestión de horas, el Estado venezolano se vio obligado a demostrar que seguía existiendo sin su figura central. La política entró en una fase donde el silencio, más que los discursos, pasó a ser la principal señal de mando.

La pregunta inmediata no fue jurídica ni personal. No giró en torno a la suerte de Maduro, sino al país que quedaba atrás. Qué tipo de Estado emerge cuando el liderazgo absoluto desaparece de forma abrupta. Y, sobre todo, quién toma realmente las decisiones cuando el poder deja de tener un rostro único.

La continuidad sin el vértice

La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina respondió a una necesidad urgente de continuidad. El aparato institucional debía mantenerse en pie para evitar un vacío que derivara en caos político o fractura interna. El mensaje fue que el Estado seguía funcionando, que había mando y que el país no entraba en un territorio desconocido.

Pero la continuidad fue más formal que real. Sin Maduro, el poder dejó de concentrarse en una sola figura y pasó a distribuirse entre actores que ahora se vigilan entre sí. El Ejecutivo, el alto mando militar, el aparato judicial y los sectores económicos vinculados al Estado comenzaron a operar en un equilibrio inestable, donde cada decisión debía ser calculada con mayor cautela.

El chavismo, lejos de desaparecer, se replegó. Ya no actúa desde la seguridad del control absoluto, sino desde la lógica de la supervivencia. Mantener cohesión interna se volvió prioritario. Evitar divisiones en las fuerzas armadas pasó a ser una línea roja. En este nuevo escenario, el poder no se impone con facilidad; se negocia.

Estados Unidos y el nuevo centro de gravedad

La captura de Maduro convirtió a Estados Unidos en un actor central del futuro venezolano, no solo por el hecho en sí, sino por lo que vino después. Washington dejó claro que su papel no sería pasivo ni limitado al ámbito judicial. La operación abrió la puerta a una influencia directa sobre el rumbo político y económico del país.

El mensaje fue explícito. La normalización de Venezuela pasa por una relación preferente con Estados Unidos. Las decisiones estratégicas, especialmente en materia energética, no se tomarán sin su participación. La reinserción en los mercados internacionales, el acceso a financiamiento y el levantamiento progresivo de sanciones estarán condicionados a ese vínculo.

No se trata de una administración formal ni de una ocupación clásica. Es una tutela moderna, ejercida a través de mecanismos económicos, licencias, acuerdos comerciales y control financiero. El poder no se ejerce desde un despacho en Caracas, sino desde la capacidad de autorizar o bloquear decisiones clave.

El petróleo como llave del futuro inmediato

En este nuevo escenario, el petróleo volvió a ocupar el centro del debate nacional. No como símbolo ideológico ni como bandera política, sino como herramienta de reconstrucción y, al mismo tiempo, de presión. Reactivar la industria energética es indispensable para cualquier intento de estabilización económica. Sin ingresos petroleros, el margen de maniobra del Estado es mínimo.

Pero la reactivación tiene un costo. Aceptar inversiones, tecnología y mercados implica aceptar condiciones. La discusión ya no es si Venezuela necesita capital extranjero, sino quién define las reglas y quién controla el proceso. La cesión de capacidad de decisión sobre el principal recurso del país abre un debate profundo sobre soberanía real.

Para Estados Unidos, el petróleo venezolano es una pieza estratégica. Para Venezuela, es una necesidad urgente. En esa asimetría se juega buena parte del futuro inmediato del país.

Gobernar bajo presión permanente

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina en uno de los contextos más complejos que haya enfrentado un dirigente venezolano en décadas. Debe sostener el aparato político heredado, contener tensiones internas y negociar con una potencia que tiene bajo custodia al líder que encabezó ese mismo sistema.

Su discurso público apela a la soberanía, al derecho internacional y a la defensa del Estado. Sin embargo, cada decisión revela los límites de su margen de acción. Gobernar ya no significa imponer una línea política, sino administrar restricciones constantes.

Cada acuerdo económico es observado con lupa. Cada gesto de acercamiento a Washington genera resistencias internas. Cada intento de marcar distancia tiene consecuencias prácticas. La presidencia interina se mueve en un terreno donde la autonomía es relativa y la legitimidad está en construcción.

Una sociedad cansada de relatos

Para la población, la caída de Maduro no se tradujo automáticamente en esperanza plena. Hubo alivio, sí, pero también cautela. Después de años de crisis, la sociedad venezolana ha aprendido a desconfiar de los grandes relatos y a medir los procesos por sus resultados concretos.

La pregunta dominante no es quién gobierna, sino si la vida cotidiana mejora. Servicios básicos, empleo, seguridad y estabilidad pesan más que cualquier promesa de cambio estructural. El tiempo juega en contra de las nuevas autoridades, porque la paciencia social es limitada.

Existe también un temor latente. Que el fin de un poder concentrado dé paso a una dependencia externa que reproduzca viejas desigualdades bajo una nueva narrativa. El recuerdo de transiciones fallidas en la región alimenta esa desconfianza.

El riesgo de una transición tutelada

La historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de cambios políticos que no derivaron en autonomía real. Venezuela enfrenta ahora ese riesgo. La debilidad interna y la urgencia económica pueden empujar al país a aceptar decisiones estratégicas tomadas fuera de sus fronteras.

Cambiar de figura sin cambiar de lógica no garantiza democracia ni desarrollo. Sustituir un mando autoritario por una tutela externa puede estabilizar momentáneamente la economía, pero deja intacta la pregunta de fondo: quién decide el rumbo del país.

El desafío es reconstruir instituciones sin renunciar a la capacidad de decisión propia. Un equilibrio difícil en un contexto de presión constante y necesidades urgentes.

Un proceso sin final inmediato

Lo que sigue para Venezuela no será rápido ni espectacular. No habrá un punto final claro ni un momento fundacional que marque el inicio de una nueva era. El proceso será lento, técnico y profundamente político. Se definirá en negociaciones discretas, acuerdos económicos y reacomodos de poder.

La captura de Nicolás Maduro cerró un capítulo, pero no resolvió el conflicto estructural del país. El sistema sigue ahí, transformado, condicionado y vigilado. El poder ya no se ejerce con el mismo ruido, pero sigue siendo objeto de disputa.

Epílogo: el desafío verdadero

Venezuela entra en una etapa más silenciosa y más compleja. Sin el liderazgo que concentraba todo, el país queda expuesto a sus propias fragilidades y a las presiones externas que buscan llenar ese vacío.

El desafío no es solo dejar atrás el pasado, sino evitar que el futuro sea decidido por otros. En ese espacio incierto, entre la reconstrucción posible y la dependencia latente, se juega el verdadero destino del país.