Petróleo a cambio de legitimidad, el precio que Washington le puso a la "democracia" venezolana
Once años le bastaron a Washington para pasar del ostracismo diplomático a la foto sonriente en el Lotte Palace: a Delcy Rodríguez le alcanzó con ceder el subsuelo para ganarse el reconocimiento que ni las urnas ni las promesas de transición le habían dado. Mientras Trump celebra "el mayor acuerdo petrolero de la historia" y Maduro espera juicio a pocas cuadras de distancia, una pregunta incómoda queda flotando en el salón: ¿dónde quedó, exactamente, la democracia que se prometió?
Foto: Prensa Presidencial de Venezuela / difundida por Delcy Rodríguez tras el encuentro con Trump en Nueva York.
Por Francisco Veracoechea / News LATAM
Periodista y analista de comunicación estratégica
El martes 22 de septiembre, en el lujoso hotel Lotte New York Palace, el otrora "hombre fuerte" de Miraflores llevaba ocho meses preso en una cárcel federal neoyorquina cuando su antigua vicepresidenta y hoy presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se sentó por primera vez frente a Donald Trump. El contraste resume, con crudeza, el giro geopolítico más brusco que ha vivido Venezuela en una década: de estado paria a socio de lo que Washington vende como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial", sin que nadie en la mesa haya puesto sobre el mantel la palabra elecciones.
Bajo el respaldo estadounidense, el gobierno interino de Rodríguez no negoció una transición: negoció un salvavidas. Y lo obtuvo a cambio de algo que ningún gobierno chavista había puesto sobre la mesa: el subsuelo mismo, entregado a la potencia que meses atrás desembarcó tropas para derrocar a su antiguo jefe.
Once años de silencio diplomático, roto a puerta cerrada
Había que remontarse a 2015, al breve cruce entre Barack Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de Panamá, para encontrar un precedente de contacto presencial entre mandatarios de ambos países. El encuentro en Nueva York, en cambio, no fue una sesión de fotos: se desarrolló a puertas cerradas, sin acceso de prensa, en el marco de una recepción que Trump ofreció a líderes extranjeros durante la Semana de Alto Nivel de la ONU. El embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, incluso lo calificó de "informal", no de reunión bilateral oficial, aunque su repercusión fue inmediata.
La delegación estadounidense no dejó dudas sobre la envergadura del momento. Junto a Trump estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller. La presencia de ese círculo en una cita hermética sugiere que, para Washington, el reconocimiento de Rodríguez ya dejó de ser un gesto y se convirtió en gestión operativa de un socio estratégico.
La paradoja de la cercanía, y el petróleo como "botín"
A pocos kilómetros de las suites del Lotte Palace, Maduro aguarda juicio por narcoterrorismo tras la operación militar estadounidense que terminó con su captura, junto a su esposa Cilia Flores, el 3 de enero de 2026. La imagen resulta casi cinematográfica: el dictador en prisión mientras su sucesora interina camina por los pasillos de la ONU, validada por la misma potencia que desmanteló el orden que ella misma integraba.
Trump no matizó su discurso ante la Asamblea General:
"Nicolás Maduro es un dictador y criminal."
Donald Trump, discurso ante la Asamblea General de la ONU, 22 de septiembre de 2026
El motor real del acercamiento, sin embargo, no es la retórica sino el petróleo. Desde agosto, Venezuela cedió a Estados Unidos el control mayoritario de 17 campos con más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, alrededor del 21% del total nacional, mediante concesiones de 100 años a favor de la petrolera North American Blue Energy Partners (NABEP). A cambio, Washington promete una inversión de más de 100.000 millones de dólares y proyecta entre 200.000 y 209.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años, la cifra varía según la fuente sea la Casa Blanca o Miraflores. Es el fin formal de veinticinco años de retórica sobre la "soberanía petrolera" del chavismo.
"El botín pertenece a los vencedores."
Donald Trump, tribuna de la ONU, sobre las reservas conjuntas de EE.UU. y Venezuela, que en conjunto superan el 60% del petróleo mundial
Llamémoslo por su nombre: no es cooperación, es un canje. Veinticinco años de retórica sobre la "soberanía petrolera" se disolvieron en una firma, y el chavismo que enterró a las transnacionales en los años 2000 ahora les entrega 17 campos en bandeja para sobrevivir políticamente. Para Trump, el crudo es el botín legítimo de una intervención exitosa; para Rodríguez, es la única moneda que le queda para comprar el reconocimiento que su legitimidad de origen, nula, jamás le habría dado.
La democracia, la única cláusula que nadie firmó
Mientras Trump manejaba la política, Rodríguez desplegó su propia ofensiva técnica. Acompañada por el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el canciller Félix Plasencia, la mandataria sostuvo encuentros en la misión permanente de Venezuela ante la ONU que, según VTV, reflejan una "progresiva normalización de las relaciones" con los organismos multilaterales. Esa apertura viene de meses atrás: en abril, tanto el FMI como el Banco Mundial ya habían anunciado la reanudación de sus vínculos con Caracas, rotos desde 2019, y en mayo una delegación del Banco Mundial visitó Venezuela para explorar asistencia técnica frente a una deuda externa estimada en 170.000 millones de dólares.
Es el "giro hacia Wall Street" de un chavismo que durante años dependió casi por completo de capitales rusos y chinos. La validación progresiva de esos organismos multilaterales funciona como respaldo político tanto como financiero.
Porque de todo lo firmado, negociado y celebrado en Nueva York, hay una sola palabra que sigue sin fecha ni compromiso: elecciones. Trump lo dijo sin rodeos: Venezuela "no está lista" para los comicios que reclama la oposición, la misma oposición que sigue denunciando presos políticos vigentes. Mientras el crudo fluye y los banqueros aplauden, la transición democrática quedó relegada a una nota al pie.
Un Nobel de la Paz sin permiso de entrada
La otra protagonista de esta historia no estuvo en el salón del Lotte Palace, ni en ningún otro salón de Nueva York esta semana. María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz 2025 por su liderazgo en la resistencia democrática venezolana, lleva desde diciembre de ese año en el exilio, tras salir del país de forma clandestina para recibir el premio en Oslo. En junio de 2026, cuando intentó regresar tras los terremotos que dejaron más de 3.500 muertos, el gobierno de Rodríguez cerró el espacio aéreo comercial del país para impedir su entrada, una medida que luego revirtió mientras sus aliados denunciaban amenazas contra quienes intentaban facilitar el retorno.
Trump, que ha llegado a decir que le gustaría "involucrarla de alguna manera" en el gobierno venezolano, también ha expresado satisfacción con la gestión de Rodríguez. La contradicción es el resumen perfecto de esta política exterior: se premia a la disidente con visitas de cortesía en Washington, pero se negocia el petróleo, la seguridad y el futuro del país con quien la mantiene fuera.
Así que la pregunta no es si este pragmatismo transaccional traerá estabilidad. La pregunta es más incómoda: ¿cuánto vale, en barriles, renunciar a exigirle a un gobierno de facto que deje entrar a una premio Nobel de la Paz? Washington ya puso su precio. Rodríguez ya lo cobró. La democracia venezolana, mientras tanto, sigue esperando turno, y su Nobel de la Paz, un permiso de aterrizaje.
FUENTES: EFE, Infobae, La Nación, CiberCuba, Euronews, France 24, El Economista, El Comercio (Perú), El Universal (Colombia), Deutsche Welle, Departamento de Estado de EE.UU. y Telemundo, 22-23 de septiembre de 2026 y agosto-septiembre de 2026 para el acuerdo petrolero y el exilio de Machado.
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El silencio de los vigilados: persecución migratoria en EE.UU.
Las calles vacías de Doral y los negocios cerrados de Chicago cuentan solo una parte de lo que está ocurriendo. Detrás de esa escena hay una realidad menos visible: sistemas de vigilancia que rastrean rostros y redes sociales; el temor a la deportación que empieza a golpear el envío de remesas hacia Centroamérica, Venezuela y otros países de la región; y un aumento de las deportaciones hacia países africanos con los que algunos migrantes no tienen vínculo. Una mirada a lo que la política migratoria estadounidense deja fuera de cámara.
Foto: Evan Wise / Unsplash
Por Francisco Veracoechea
Periodista y analista de comunicación estratégica · News LATAM
A las cuatro de la tarde, Doral debería estar despertando. Es la hora en que los restaurantes venezolanos de la ciudad reciben a las madres que salen de recoger a sus hijos del colegio, a los oficinistas que hacen una parada antes de volver a casa, a los abuelos que caminan sin prisa hacia la arepera de siempre. Desde hace meses, esa hora llega vacía. Elias, dueño de Shawarma Grill, tuvo que cerrar su local y poner en venta su food truck porque las ventas no alcanzaban para cubrir el alquiler. Francisca, otra comerciante de la zona, perdió más del 40% de sus ingresos en solo dos semanas. El concejal Rafael Pineyro terminó enviando una carta formal a los congresistas de Florida documentando el daño económico, mientras la alcaldesa Christi Fraga reconoce que "el problema que tenemos en estos momentos sobre inmigración ha causado preocupación sobre la economía de nuestra ciudad". A casi 2.000 kilómetros de allí, en La Villita de Chicago, el concejal Michael Rodríguez calcula una caída de entre 50% y 60% en las ventas de boutiques, barberías y restaurantes del barrio.
Florida concentra buena parte de los titulares por su alta densidad de población latina, sobre todo venezolana y cubana, pero no es, ni de lejos, el único escenario. Según registros de contratación federal, ICE desplegó en 2026 alrededor de 330 nuevos oficiales en más de 40 estados del país, y sumó al menos 30 ciudades donde antes apenas tenía presencia, entre ellas Raleigh, en Carolina del Norte. Texas, California, Illinois, Nueva York, Georgia, Arizona, Massachusetts y hasta estados con escasa tradición de operativos migratorios, como Oregón o Utah, han registrado redadas o anuncios de despliegue este año. Doral y Chicago no son la excepción. Son, apenas, los dos ejemplos donde el patrón se documentó con más detalle.
Esa parte de la historia ya la contaron los noticieros, los diarios y decenas de creadores de contenido en redes sociales. Lo que se cuenta menos, o casi nada, es lo que ocurre fuera de la calle: en los servidores donde se cruzan datos de millones de personas, y en las cuentas bancarias de países enteros que dependen de lo que sus migrantes logran enviar a casa. Ahí es donde este reportaje quiere mirar.
La vigilancia que no se ve
Mientras las cámaras de televisión graban calles vacías, ICE construye en paralelo un aparato de vigilancia digital que rara vez aparece en los reportajes de coyuntura. La agencia utiliza Mobile Fortify, una aplicación de reconocimiento facial que permite a un agente verificar en segundos la identidad y el estatus migratorio de cualquier persona, y SmartLINK, un sistema de monitoreo por geolocalización obligatorio para quienes esperan una audiencia migratoria. A eso se suma un ecosistema de contratistas privados: Clearview AI para reconocimiento facial, SocialNet de ShadowDragon para mapear redes de contactos, y Locate X de Babel Street para reconstruir el historial de ubicaciones de un teléfono, según documentó Univision a partir de contratos federales.
La Electronic Frontier Foundation calcula que, solo en tecnología de vigilancia, ICE dispuso de 28.700 millones de dólares en 2025, casi el triple que el año anterior. Comparado con presupuestos militares del mundo, ese monto por sí solo superaría el gasto militar anual de países como Israel o Ucrania, según el cálculo de la organización. La organización advierte que buena parte de esa tecnología termina usándose no solo contra indocumentados, sino contra ciudadanos y residentes legales. La propia EFF demandó al Departamento de Justicia y al de Seguridad Nacional para que transparenten sus comunicaciones con Apple y Google, después de que ambas empresas retiraran de sus tiendas aplicaciones de alerta comunitaria como ICEBlock, que permitía a los usuarios reportar la ubicación de agentes en un radio de ocho kilómetros. Según reportaron CNN y The New York Times, ICEBlock tenía más de un millón de usuarios cuando fue eliminada del App Store en octubre de 2025, tras una solicitud directa de la fiscal general Pam Bondi; su creador, Joshua Aaron, demandó después a la administración por presión inconstitucional sobre la libertad de expresión.
El caso que mejor ilustra hasta dónde llega esta red de datos no involucra a un migrante latinoamericano, y por eso mismo es revelador: Google entregó a ICE los números de cuenta bancaria y tarjeta de crédito de Amandla Thomas-Johnson, estudiante de doctorado en Cornell, luego de que la agencia emitiera una citación administrativa sin control judicial, según reveló The Intercept. Su falta había sido asistir cinco minutos a una protesta contra empresas que arman a Israel. Google nunca le avisó. Si el aparato de vigilancia de ICE puede alcanzar a un estudiante extranjero por una causa que no tiene nada que ver con su estatus migratorio, entender estas herramientas ya no es un tema técnico reservado a especialistas: es, cada vez más, una cuestión de supervivencia cotidiana para cualquier inmigrante. Medidas básicas de higiene digital (revisar permisos de ubicación, desactivar el reconocimiento facial en el propio teléfono, usar aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar con la familia) se han vuelto, para muchas familias, tan necesarias como saber a qué abogado llamar.
El bumerán que golpea a Latinoamérica
Hay un efecto de esta persecución que rara vez cruza la frontera en las noticias, aunque debería, porque repercute directamente en las economías de origen. En 2025, paradójicamente, las remesas hacia Honduras, Guatemala y El Salvador crecieron con fuerza (25% en el primer trimestre en el caso hondureño, según el Banco Central de Honduras), en buena parte porque muchos migrantes enviaron dinero por adelantado, como quien hace acopio antes de una tormenta, ante el temor de una deportación inminente. Ese colchón se agota. Para 2026, el analista Manuel Orozco, del Inter-American Dialogue, proyecta una desaceleración generalizada: hasta 5% menos en remesas hacia Nicaragua, 3% menos hacia Honduras y 2% menos hacia Guatemala.
"Las otras nacionalidades, Centroamérica, Nicaragua, Venezuela, Haití, se sienten más atemorizadas por el tema de la deportación"
— Manuel Orozco, Inter-American Dialogue
A esa caída se suma un factor que la administración Trump diseñó a propósito: desde enero de 2026 rige un impuesto de 1% sobre ciertas remesas enviadas al extranjero, pensado explícitamente para desalentar la migración irregular. Orozco calcula que un aumento del 10% en el costo de enviar dinero puede llevar a que una de cada diez personas deje de mandarlo. Para países donde las remesas representan una porción central del ingreso de millones de familias, no es un ajuste contable: es comida, medicinas y matrícula escolar que dejan de llegar. Es el mismo dinero con el que, en Tegucigalpa, una mujer llamada Margarita compra las gotas para sus ojos y, de vez en cuando, algo para darse un gusto. Cuando el hijo que se lo envía deja de salir de su casa por miedo a una redada, ese gusto también desaparece.
Sin debido proceso: perfilados y desterrados a otro continente
El litigio Vasquez Perdomo, que llegó a la Corte Suprema en 2025 y ahora continúa en el Distrito Central de California bajo el nombre Vasquez Perdomo contra Mullin, sumó en julio de 2026 lo que hasta ahora era difícil de probar en un tribunal: video de cámaras corporales y mensajes de texto en los que agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza usaron términos despectivos, entre ellos "wet" y "tonk", para referirse a personas de apariencia latina antes de detenerlas. Un análisis de The City Reporter sobre 430 detenciones callejeras documentadas en demandas federales encontró que más del 93% de las personas arrestadas en la calle eran de origen latinoamericano, aunque los latinos representan alrededor del 66% de la población sin estatus legal en el país. La diferencia, para los abogados que llevan estos casos, tiene un nombre: perfil racial.
Ese litigio nació de una decisión previa: el 8 de septiembre de 2025, la Corte Suprema, con sus seis votos conservadores, permitió mediante una resolución de emergencia que ICE siguiera usando esos criterios mientras el caso continúa, sin pronunciarse todavía sobre el fondo del asunto. El juez Brett Kavanaugh escribió entonces que la etnicidad, por sí sola, no basta para justificar una detención, pero que sí puede pesar como "factor relevante" junto a otros elementos. La jueza Sonia Sotomayor, en su disidencia, advirtió que nadie debería vivir bajo el riesgo de ser detenido solo por "parecer latino". El debate sigue abierto y podría volver a la Corte Suprema para una decisión definitiva.
Pero ser detenido en la calle por el color de piel ya no es lo más grave que le puede pasar a un migrante latino. Desde 2025, la administración Trump firmó acuerdos, muchos de ellos secretos, con al menos diez países africanos (Esuatini, Ruanda, Ghana, Uganda, Sudán del Sur, Sierra Leona, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y Liberia, entre otros) para recibir deportados que no tienen ningún vínculo con esas naciones. Según el seguimiento del U.S. Committee for Refugees and Immigrants, más de 19.000 personas habían sido enviadas a al menos 25 países distintos del suyo para junio de 2026. Human Rights First calcula que la medida ya afectó a 25.000 personas y que Washington ha destinado cerca de 50 millones de dólares en estos pactos bilaterales.
Yasmany Moreno de Armas es cubano, tiene 32 años y vivió una década en Estados Unidos antes de ser detenido en Miami el pasado mayo. Abordó un avión en Luisiana sin que nadie le dijera a dónde iba. Cuando se enteró de que su destino final era la República Centroafricana, un país que lleva medio siglo en guerra y al que ni siquiera los ciudadanos estadounidenses pueden entrar, no lo podía creer: "Pensé que era mentira", contó a ABC News. El Departamento de Seguridad Nacional respondió que los deportados "fueron enviados a un país seguro". La abogada de inmigración Meredyth Yoon lo describe de otra manera: la administración envía a personas a terceros países "sin previo aviso, sin el debido proceso", sin ninguna oportunidad real de oponerse.
"Cada día corremos peligro"
— Yasmany Moreno de Armas, deportado de Miami a la República Centroafricana
El caso de Yasmany no es aislado. Según reportó Univision, en abril de 2026 alrededor de 15 personas de origen latinoamericano fueron deportadas a la República Democrática del Congo, varias de ellas presuntamente amparadas por órdenes de protección de tribunales estadounidenses que, en teoría, impedían enviarlas fuera del país en esas condiciones. Univision documentó casos igual de extremos fuera de la comunidad latina, como el de una mujer iraní con una orden judicial que prohibía devolverla a Irán, y que terminó también en la República Centroafricana. Son historias distintas con el mismo denominador: un mecanismo legal diseñado para casos excepcionales que, según abogados y organizaciones de derechos humanos, se está usando para esquivar al propio sistema judicial que debería proteger a estas personas. Mientras tanto, organizaciones como LULAC han demandado además al Departamento de Seguridad Nacional para impedir que agentes armados se acerquen a centros de votación, un escenario que, advierten, podría alejar de las urnas a votantes latinos con familiares indocumentados en pleno año electoral.
Una maquinaria que no se detiene
Los números explican por qué el miedo no cede. Según cifras gubernamentales analizadas por el Deportation Data Project de UC Berkeley y recogidas por Reuters y CNN en Español, ICE detuvo a 43.021 personas en junio de 2026, 49.571 en julio y cerca de 51.000 en agosto, tres récords mensuales consecutivos. La misma fuente indica que, para julio, casi 66.000 personas permanecían bajo custodia de la agencia, un salto de casi 70% respecto al inicio del mandato. CNN en Español reportó, además, que al menos 57 personas han muerto bajo custodia de ICE en ese mismo período, la cifra más alta desde la pandemia, dato que la propia agencia dejó de publicar públicamente en junio de 2026.
"Tres millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos"
— Lauren Bis, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
El Departamento de Seguridad Nacional niega que existan cuotas formales, aunque, según reportó Reuters, funcionarios actuales y anteriores reconocen presión de la Casa Blanca para llegar a 3.000 arrestos diarios. Sin embargo, más arrestos no ha significado más deportaciones: el ritmo de expulsiones se mantiene estancado en alrededor de 1.200 al día, según la misma fuente, casi el mismo nivel de meses atrás, en parte porque cada vez hay más detenidos sin antecedentes penales y con procesos de asilo pendientes que ralentizan los trámites. Es la paradoja que define este momento: una ofensiva que crece en volumen, en presupuesto y en tecnología, pero que empieza a chocar con sus propios límites legales, logísticos y, ahora se sabe, también económicos, dentro y fuera de Estados Unidos.
Leídos por separado, cada uno de estos hilos parece una nota más sobre inmigración. Leídos juntos, dibujan una arquitectura que ya no depende de las cámaras de televisión para funcionar: vigila sin necesidad de un agente en la esquina y erosiona presupuestos familiares en Tegucigalpa o Caracas sin que nadie cruce una frontera. En el caso documentado de Yasmany Moreno de Armas, esa misma arquitectura desterró a una persona del país sin jueza, sin abogado y sin que nadie a bordo del avión le dijera su destino. Se aleja así de lo que suele entenderse por política de inmigración en el sentido tradicional y se acerca más a un sistema paralelo que opera con su propia lógica, uno que podría sobrevivir a esta administración, porque una infraestructura de vigilancia, una vez construida, no suele desmontarse con un simple cambio de gobierno.
De vuelta en Doral, la tarde vuelve a caer sobre las mismas calles que deberían estar llenas. Nadie ve el algoritmo que cruza una foto de perfil con una base de datos migratoria, como tampoco nadie ve el peso exacto que un impuesto del 1% le resta a una remesa en Tegucigalpa, ni el avión que despega de Luisiana sin decirle a nadie a bordo hacia dónde va. Pero las tres cosas ocurren al mismo tiempo que la arepera vacía, y explican, mejor que cualquier redada aislada, por qué esta ya no es solo una historia de calles silenciosas. Es la historia de una comunidad que aprendió, otra vez, a vivir vigilada. Y lo que queda por verse es si esa arquitectura, una vez terminada de construir, tiene techo. La lista de países dispuestos a recibir deportados sigue creciendo. El litigio sobre perfilamiento racial todavía no tiene fallo definitivo. Y en un año en el que millones de latinos con familiares indocumentados deberán decidir si acercarse o no a una urna, nadie puede asegurar todavía hasta dónde va a llegar esto, ni quién será el próximo en subir a un avión sin saber su destino.
FUENTES: Telemundo 51, casos de Elias (Shawarma Grill) y Francisca en Doral (sep. 2026); El Diario (NY), concejal Rafael Pineyro y alcaldesa Christi Fraga en Doral (sep. 2026); Telemundo, concejal Michael Rodríguez sobre La Villita, Chicago (nov. 2025); La Raza Chicago (mar. 2026); USA Today, despliegue de ICE en más de 40 estados (may. 2026); WIRED / The Washington Post, expansión de nuevas oficinas de ICE en decenas de ciudades (feb. 2026); Electronic Frontier Foundation, presupuesto de vigilancia (ene. 2026) y demanda FOIA contra DOJ/DHS (nov. 2025); LA NACION, sobre Mobile Fortify y SmartLINK (jun. 2026); Univision, vigilancia de redes sociales de ICE (nov. 2025); The Intercept, caso Google-ICE-Amandla Thomas-Johnson (feb. 2026); CNN y The New York Times, retirada de ICEBlock y demanda de Joshua Aaron (oct. y dic. 2025); CNN en Español, remesas y redadas (sep. 2025); Semanario ZETA, remesas y empleo (feb. 2026); Banco Central de Honduras / El Heraldo, crecimiento de remesas 25% primer trimestre 2025 (abr. 2025); Conexión Migrante y Univision sobre el litigio Vasquez Perdomo contra Mullin (jul. 2026); La Nación, análisis de The City Reporter (jun. 2026); Radio Bilingüe y Univision, fallo Noem v. Vasquez Perdomo de la Corte Suprema (sep. 2025); El Diario NY, caso Yasmany Moreno de Armas y deportaciones a República Centroafricana, con datos de Human Rights First (sep. 2026); Univision, acuerdos de deportación a terceros países africanos, con datos de U.S. Committee for Refugees and Immigrants (sep. 2026); CNN en Español, seguimiento de datos de ICE (sep. 2026); Times de San Diego, Euronews y Univision, datos del Deportation Data Project, UC Berkeley y UCLA (ago. 2026); Yahoo News / TNND, cambio de vocería en el DHS (2026). Foto: Evan Wise / Unsplash.
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