Las caras de Trump y un orden mundial en fractura

Por Francisco Veracoechea
News Week Latam

La figura de Donald Trump ha dejado de ser un actor político disruptivo en el plano interno estadounidense para convertirse en una fuerza que incide directamente en la reconfiguración del sistema internacional. Su regreso al poder no solo confirma una tendencia política doméstica, sino que profundiza una transformación global que ya estaba en marcha: el debilitamiento del orden liberal surgido tras la Guerra Fría y su sustitución por una dinámica más volátil, transaccional y centrada en el poder.

Durante décadas, Estados Unidos sostuvo un entramado internacional basado en alianzas estables, reglas compartidas y una cierta previsibilidad estratégica. Sin embargo, la visión impulsada por Trump rompe con esa tradición. Bajo el principio de “America First”, la política exterior deja de estructurarse como liderazgo colectivo para convertirse en una negociación constante, donde incluso los aliados históricos son evaluados en función de su rentabilidad inmediata. El cambio no es retórico: altera la lógica misma del sistema.

La guerra en Ucrania ilustra con claridad esta mutación. Desde la invasión ordenada por Vladimir Putin en 2022, el apoyo estadounidense fue determinante para sostener la resistencia de Kiev, acumulando compromisos que superan los 180.000 millones de dólares. No obstante, bajo la nueva administración, ese respaldo ha experimentado un giro sustancial. La ayuda directa se ha reducido de forma drástica y, en su lugar, se ha privilegiado un enfoque orientado a la negociación.

Trump ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo rápido con Moscú, promoviendo contactos diplomáticos paralelos y respaldando iniciativas de diálogo en escenarios como Riad o Berlín. En este contexto, la guerra deja de ser únicamente un conflicto territorial para convertirse en un espacio de redefinición estratégica donde Estados Unidos ya no actúa como garante automático de un bando, sino como un actor que busca cerrar el conflicto bajo sus propios términos.

El impacto de este cambio trasciende a Ucrania. Para Europa, introduce un elemento de incertidumbre estructural: el compromiso estadounidense ya no se percibe como incondicional. Para Rusia, en cambio, abre una ventana de oportunidad, al sugerir que el desgaste occidental puede traducirse en concesiones políticas. La guerra, que en sus inicios consolidó la cohesión transatlántica, se ha transformado en un escenario donde esa cohesión comienza a mostrar fisuras.

Ese mismo patrón se refleja en la evolución de la OTAN. Durante años, Trump cuestionó el papel de la alianza, denunciando el desequilibrio en el gasto militar entre Estados Unidos y sus socios europeos. Lo que entonces parecía una crítica recurrente se ha traducido en una transformación tangible. Por primera vez en su historia, los 32 miembros de la OTAN han alcanzado el objetivo del 2% del PIB en gasto en defensa, impulsados tanto por la amenaza rusa como por la presión directa de Washington.

Sin embargo, este cumplimiento no ha reforzado necesariamente la cohesión política de la alianza. Al contrario, ha evidenciado un cambio más profundo: la seguridad colectiva ya no se percibe como un compromiso automático, sino como una responsabilidad que cada país debe sostener por sí mismo. En paralelo, se discuten objetivos aún más ambiciosos —hasta el 3,5% o incluso el 5% del PIB— y se acelera el debate sobre la autonomía estratégica europea.

En este contexto, la OTAN no se debilita tanto como se transforma. La presión ejercida por Trump ha obligado a Europa a reaccionar, a incrementar sus capacidades militares y a replantear su dependencia histórica de Estados Unidos. El resultado es una alianza más robusta en términos de recursos, pero más incierta en su dimensión política.

En Medio Oriente, la relación con Irán ofrece otra dimensión de esta política exterior. La retirada del acuerdo nuclear en 2018 y la estrategia de “máxima presión” marcaron un punto de inflexión cuyos efectos se han intensificado con el tiempo. Hoy, Irán dispone de reservas de uranio enriquecido al 60%, reduciendo significativamente el tiempo necesario para alcanzar capacidad nuclear militar, según informes del Organismo Internacional de Energía Atómica.

A este escenario se suman los ataques a instalaciones nucleares registrados en 2025, que han elevado el riesgo de una escalada directa en la región. La política de presión no ha derivado en contención, sino en una dinámica de confrontación sostenida donde la disuasión convive con la posibilidad real de conflicto abierto. El Golfo Pérsico se mantiene como un punto crítico, con incidentes recurrentes que involucran buques, infraestructuras energéticas y actores indirectos.

Más que resolver el problema nuclear, la estrategia ha contribuido a desplazarlo hacia una zona de mayor inestabilidad. Irán no ha colapsado ni ha cedido en sus objetivos estratégicos; por el contrario, ha reforzado su capacidad de resistencia y ha ampliado su margen de maniobra regional.

En América Latina, el caso de Nicolás Maduro marca un punto de inflexión más que una continuidad. Tras su captura en enero de 2026 en una operación liderada por Estados Unidos, el escenario venezolano entró en una fase de transición incierta.

Las sanciones económicas que durante años asfixiaron al país y provocaron una contracción superior al 75% del PIB entre 2013 y 2020 ya no operan en el mismo contexto. La salida de Maduro del poder ha abierto la puerta a una reconfiguración política y a un posible alivio progresivo de restricciones, especialmente en sectores estratégicos como el energético.

Sin embargo, el cambio no garantiza estabilidad inmediata. La estructura de poder interna permanece en disputa, con actores del chavismo aún influyentes y una transición marcada por tensiones políticas, incertidumbre institucional y el peso de alianzas internacionales heredadas. Venezuela ya no es un caso de resistencia del régimen, sino un laboratorio de transición cuyo desenlace sigue abierto.

El resultado es revelador: la presión externa puede debilitar económicamente a un gobierno, pero no necesariamente provocar su caída por sí sola. En el caso venezolano, el desenlace llegó a través de una acción directa que alteró el equilibrio de poder de forma abrupta.

Más que un éxito lineal de las sanciones, lo ocurrido evidencia que la presión prolongada puede preparar el terreno, pero no siempre define el momento final. Venezuela deja de ser un ejemplo de resiliencia del régimen para convertirse en un caso de ruptura forzada cuyo impacto aún está en desarrollo.

En el trasfondo de estos escenarios emerge un elemento común que redefine la política internacional contemporánea: la transformación del concepto de alianza. Bajo el enfoque tradicional, las alianzas implicaban compromisos estratégicos de largo plazo, basados en valores compartidos y objetivos comunes. En la lógica actual, esas relaciones tienden a convertirse en acuerdos condicionados, sujetos a negociación constante.

El cambio es sutil pero profundo. Estados Unidos no se retira del escenario global, pero redefine su papel dentro de él. La permanencia deja de ser automática y comienza a depender de condiciones específicas, muchas veces de carácter económico o político inmediato. En ese sentido, el liderazgo se transforma en una forma de transacción.

Este desplazamiento ocurre en paralelo con el ascenso de otras potencias que buscan consolidar su influencia. China amplía su presencia a través de inversiones estratégicas y desarrollo tecnológico, mientras Rusia mantiene su capacidad de intervención en el ámbito militar. El sistema internacional se mueve hacia una configuración más fragmentada, donde el equilibrio se construye a partir de tensiones constantes más que de consensos estables.

Las cadenas de suministro globales, por ejemplo, están siendo reorganizadas bajo criterios de seguridad, dando lugar a procesos de relocalización y alianzas selectivas. El comercio internacional, antes regido por principios de apertura, se adapta a una lógica más defensiva. Incluso los organismos multilaterales enfrentan dificultades para mantener su relevancia en un entorno donde las decisiones clave se trasladan a espacios de negociación directa entre Estados.

En ese contexto, la figura de Trump no puede entenderse como una anomalía aislada. Su estilo, sus decisiones y su narrativa responden a una transformación más amplia que atraviesa a múltiples sociedades: el cuestionamiento del globalismo, la desconfianza hacia las élites políticas y la revalorización del interés nacional como eje central de la acción estatal.

El sistema internacional no se derrumba de manera abrupta. Se reconfigura, se adapta y, en ese proceso, deja atrás muchas de las certezas que lo definieron durante décadas. Lo que emerge en su lugar es un escenario más incierto, donde las reglas ya no son incuestionables y donde el poder, en sus distintas formas, vuelve a ocupar un lugar determinante en la definición del orden global.

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The Many Faces of Donald Trump and the Fracturing of the Global Order

 

By Francisco Veracoechea
News Week Latam

The figure of Donald Trump has evolved beyond that of a disruptive domestic political actor to become a force directly shaping the reconfiguration of the international system. His return to power not only confirms a domestic political trend but deepens a global transformation already underway: the weakening of the liberal order that emerged after the Cold War, replaced by a more volatile, transactional, and power-centered dynamic.

For decades, the United States upheld an international framework built on stable alliances, shared rules, and a degree of strategic predictability. However, Trump’s vision breaks with that tradition. Under the principle of “America First,” foreign policy is no longer structured as collective leadership but as constant negotiation, where even long-standing allies are assessed based on immediate returns. This is not rhetorical—it alters the very logic of the system.

The war in Ukraine illustrates this shift with clarity. Since the invasion ordered by Vladimir Putin in 2022, U.S. support proved decisive in sustaining Kyiv’s resistance, with commitments exceeding $180 billion. However, under the new administration, that support has undergone a substantial shift. Direct aid has been drastically reduced, replaced by a negotiation-oriented approach.

Trump has repeatedly emphasized the need for a rapid agreement with Russia, promoting parallel diplomatic channels and backing dialogue initiatives in cities such as Riyadh and Berlin. In this context, the war ceases to be solely a territorial conflict and becomes a space for strategic redefinition, where the United States no longer acts as an automatic guarantor of one side, but as an actor seeking to close the conflict on its own terms.

The implications extend beyond Ukraine. For Europe, this introduces structural uncertainty: U.S. commitment is no longer perceived as unconditional. For Russia, it opens a window of opportunity, suggesting that Western fatigue may translate into political concessions. A war that initially strengthened transatlantic cohesion is now exposing its fractures.

A similar pattern is visible within NATO. For years, Trump criticized the alliance, highlighting imbalances in defense spending between the United States and its European partners. What once seemed like recurring rhetoric has materialized into tangible transformation. For the first time, all 32 members have reached the 2% of GDP defense spending target, driven by both the Russian threat and direct pressure from Washington.

Yet this compliance has not necessarily strengthened political cohesion. Instead, it reveals a deeper shift: collective security is no longer seen as automatic, but as a responsibility each country must sustain independently. Discussions now extend toward more ambitious targets—up to 3.5% or even 5% of GDP—while debates over European strategic autonomy accelerate.

In this context, NATO is not weakening as much as it is transforming. Trump’s pressure has forced Europe to react, increase military capabilities, and reconsider its historical dependence on the United States. The result is an alliance stronger in resources, but more uncertain in its political dimension.

In the Middle East, relations with Iran offer another dimension of this foreign policy. The withdrawal from the nuclear deal in 2018 and the “maximum pressure” strategy marked a turning point whose effects have intensified over time. Today, Iran possesses uranium enriched to 60%, significantly reducing the time required to reach military nuclear capability, according to the International Atomic Energy Agency.

This is compounded by attacks on nuclear facilities reported in 2025, increasing the risk of direct escalation. The pressure strategy has not resulted in containment but in sustained confrontation, where deterrence coexists with the real possibility of open conflict. The Persian Gulf remains a critical flashpoint, with recurring incidents involving vessels, energy infrastructure, and proxy actors.

Rather than resolving the nuclear issue, the strategy has pushed it into a zone of greater instability. Iran has neither collapsed nor abandoned its strategic objectives; instead, it has strengthened its resilience and expanded its regional maneuverability.

In Latin America, the case of Nicolás Maduro marks a turning point rather than a continuation. Following his capture in January 2026 during a U.S.-led operation, Venezuela entered a phase of uncertain transition.

The economic sanctions that for years suffocated the country—triggering a contraction of more than 75% of GDP between 2013 and 2020—no longer operate within the same context. Maduro’s removal from power has opened the door to political reconfiguration and the potential for a gradual easing of restrictions, particularly in strategic sectors such as energy.

However, this shift does not guarantee immediate stability. The internal power structure remains contested, with key figures from Chavismo still influential, and a transition marked by political tensions, institutional uncertainty, and the weight of inherited international alliances. Venezuela is no longer a case of regime resilience, but rather a laboratory of transition whose outcome remains uncertain.

The outcome is revealing: external pressure can weaken a government economically, but it does not necessarily bring about its collapse on its own. In Venezuela’s case, the turning point came through a direct intervention that abruptly altered the balance of power.

Rather than a linear success of sanctions, what unfolded suggests that prolonged pressure can shape the conditions for change—but does not always determine the decisive moment. Venezuela is no longer an example of regime endurance, but a case of forced rupture whose long-term impact is still unfolding.

Underlying these scenarios is a common element redefining contemporary international politics: the transformation of the concept of alliances. Traditionally, alliances implied long-term strategic commitments based on shared values and common objectives. Today, these relationships increasingly resemble conditional agreements, subject to constant renegotiation.

The shift is subtle yet profound. The United States is not withdrawing from the global stage, but redefining its role within it. Permanence is no longer automatic; it depends on specific conditions, often immediate and transactional. Leadership, in this sense, becomes a form of negotiation.

This transition occurs alongside the rise of other powers seeking to consolidate influence. China expands its presence through strategic investments and technological development, while Russia maintains its capacity for military intervention. The international system is moving toward a more fragmented configuration, where balance is built on constant tension rather than stable consensus.

Global supply chains are being reorganized under security criteria, leading to reshoring processes and selective alliances. International trade, once governed by openness, is adapting to a more defensive logic. Even multilateral organizations struggle to maintain relevance in an environment where key decisions shift toward direct state-to-state negotiations.

In this context, Trump cannot be understood as an isolated anomaly. His style, decisions, and narrative reflect a broader transformation across multiple societies: skepticism toward globalism, distrust of political elites, and the reassertion of national interest as the central axis of state action.

The international system is not collapsing abruptly. It is reconfiguring, adapting—and in the process, leaving behind many of the certainties that defined it for decades. What emerges instead is a more uncertain landscape, where rules are no longer unquestioned and where power, in its various forms, once again becomes the decisive factor in shaping the global order.

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Ormuz bajo presión: la estrategia de Irán para extender la guerra en el Golfo

Francisco Veracoechea

News Week Latam

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel comienza a proyectarse más allá de sus frentes directos y amenaza con transformar el Golfo Pérsico en un escenario de presión estratégica global. En el centro de esa disputa se encuentra el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.

La guerra rara vez anuncia con claridad el momento en que comienza a expandirse. A veces lo hace en silencio, a través de pequeños episodios que parecen aislados: un dron interceptado en el cielo del Golfo, un buque petrolero atacado en alta mar, un misil lanzado contra una base militar lejana del frente principal.

Pero cuando esos episodios empiezan a repetirse en varios países al mismo tiempo, el mensaje es otro: el conflicto ya no está contenido.

Eso es lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente. La confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel ha comenzado a desbordar su escenario inicial y a proyectarse sobre toda la arquitectura estratégica del Golfo Pérsico.

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Omán y Arabia Saudita —países que no participan formalmente en la guerra— se han visto arrastrados a una tensión militar creciente debido a su papel dentro del sistema de seguridad regional. Muchos de ellos albergan bases militares estadounidenses o mantienen acuerdos de defensa con Washington, lo que los coloca inevitablemente dentro del tablero estratégico de la confrontación.

En el centro de esa crisis aparece un punto geográfico que concentra la atención de gobiernos, mercados y analistas militares en todo el planeta: el Estrecho de Ormuz.

Por ese corredor marítimo circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa cada día en el mundo. Es uno de los cuellos de botella energéticos más importantes del planeta. Cada jornada lo atraviesan decenas de superpetroleros que conectan las reservas del Golfo con los grandes centros de consumo de Asia, Europa y otras regiones.

Cuando esa ruta entra en riesgo, el conflicto deja de ser regional. Se convierte en una preocupación global.

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Las causas de la escalada

La tensión actual tiene raíces profundas en la rivalidad estratégica entre Estados Unidos e Irán, una confrontación que ha marcado el equilibrio político de Medio Oriente durante décadas.

Para Washington, el desafío que representa Irán no se limita a su programa nuclear o a su capacidad militar. También está relacionado con su influencia regional, su red de aliados políticos y milicias armadas, y su capacidad para desafiar el sistema de alianzas que Estados Unidos ha construido en el Golfo desde finales del siglo XX.

En ese contexto, la estrategia estadounidense ha buscado limitar el poder estratégico iraní mediante presión diplomática, sanciones económicas y, en determinados momentos, operaciones militares destinadas a reducir su capacidad defensiva o su margen de influencia en la región.

Para Irán, sin embargo, esa presión se interpreta como un intento de debilitar al país y restringir su papel geopolítico.

La respuesta de Teherán ha sido una combinación de resistencia política, desarrollo militar y expansión de su influencia en distintos escenarios regionales. Esa dinámica ha generado un equilibrio extremadamente tenso, en el que cada acción tiende a provocar inevitablemente una reacción.

La crisis actual puede entenderse precisamente como una consecuencia de esa lógica acumulada de confrontación.

En las últimas semanas, esa tensión ha comenzado a manifestarse de forma cada vez más visible. Incidentes contra buques mercantes en el Golfo de Omán, advertencias sobre la posible colocación de minas navales y ataques con drones contra infraestructuras estratégicas han encendido las alarmas en las rutas marítimas que conectan el Golfo con el resto del mundo.

Aunque muchos de estos episodios se desarrollan en medio de versiones contradictorias y acusaciones cruzadas, el patrón que describen es claro: el Golfo Pérsico vuelve a convertirse en un espacio de presión estratégica.

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La estrategia iraní: elevar el costo del conflicto

Ante la superioridad militar estadounidense, Irán ha desarrollado una estrategia que muchos analistas describen como una forma de guerra de desgaste.

En lugar de enfrentarse directamente a Estados Unidos en un conflicto convencional —donde la diferencia de capacidades militares sería determinante— Teherán busca ampliar el escenario de tensión para aumentar progresivamente el costo del enfrentamiento.

Esta lógica se manifiesta en varios frentes.

Por un lado, ataques limitados contra infraestructuras estratégicas o contra objetivos vinculados al sistema de seguridad regional de Estados Unidos. Aunque muchos países del Golfo no participan formalmente en la guerra, su relación militar con Washington los convierte, desde la perspectiva iraní, en piezas dentro del mismo tablero estratégico.

Por otro lado, el uso de drones, misiles de medio alcance y operaciones indirectas permite mantener una presión constante sin desencadenar necesariamente una confrontación directa de gran escala.

El objetivo no parece ser una victoria militar rápida. La lógica estratégica parece apuntar hacia algo diferente: aumentar progresivamente el costo político, económico y militar del conflicto hasta que la presión internacional obligue a buscar una salida diplomática.

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El factor decisivo: el Estrecho de Ormuz

Dentro de esa estrategia, el Estrecho de Ormuz se convierte en el elemento clave.

Controlar o amenazar el tránsito por ese paso marítimo significa tener influencia directa sobre uno de los flujos energéticos más importantes del planeta.

Cualquier incidente en esa zona —un ataque contra un petrolero, la colocación de minas navales o una confrontación entre fuerzas navales— puede provocar reacciones inmediatas en los mercados internacionales.

Incluso la simple percepción de riesgo puede elevar el precio del petróleo y alterar el comercio marítimo.

Por eso, cada incidente en Ormuz tiene una dimensión que va mucho más allá de lo militar. También funciona como un mensaje estratégico dirigido a la comunidad internacional.

La advertencia implícita es clara: si el conflicto continúa escalando, la estabilidad energética global podría verse comprometida.

Ese mensaje explica por qué la tensión en el Golfo preocupa no solo a los países directamente involucrados, sino también a las principales economías del planeta.

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El impacto potencial de esta crisis no se limita al terreno militar.

La economía mundial podría verse profundamente afectada si el tránsito marítimo en el estrecho se interrumpe o se vuelve demasiado peligroso para el transporte comercial. Un bloqueo prolongado podría provocar aumentos significativos en el precio del petróleo, presiones inflacionarias y turbulencias en los mercados financieros internacionales.

Para muchos países dependientes de la energía importada —especialmente en Asia— el Golfo Pérsico representa una arteria vital.

En ese contexto, incluso una guerra limitada puede tener consecuencias globales.

El problema es que los conflictos en Medio Oriente rara vez permanecen dentro de los límites que imaginan quienes los inician.

Cada nuevo ataque aumenta la posibilidad de un error de cálculo. Un incidente naval, un ataque con víctimas significativas o la destrucción de un petrolero podrían desencadenar una reacción militar mucho mayor.

Ese es el verdadero riesgo de la situación actual.

La región parece avanzar sobre una línea extremadamente delgada. Estados Unidos intenta contener a Irán sin provocar una guerra abierta de gran escala. Irán intenta elevar el costo del conflicto sin desencadenar una intervención militar total.

Entre ambos movimientos se encuentran los países del Golfo, las rutas marítimas por donde circula una parte esencial de la energía del planeta y una economía global profundamente dependiente de la estabilidad de esa región.

La historia demuestra que cuando las tensiones se acumulan alrededor de los corredores energéticos más importantes del mundo, el impacto rara vez permanece limitado al campo de batalla.

Y cuando el estrecho por donde circula una quinta parte del petróleo mundial se convierte en escenario de confrontación militar, la pregunta deja de ser únicamente quién ganará el conflicto.

La verdadera pregunta es otra: si el Golfo Pérsico vuelve a convertirse en el epicentro de una guerra mayor, el mundo entero terminará sintiendo sus consecuencias.

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Oriente Medio al borde del abismo: un misil iraní pone a prueba a la OTAN

Por Francisco Veracoechea

News Week Latam

La interceptación de un misil iraní por parte de Turquía sobre territorio de la OTAN despierta alertas sobre la posible internacionalización del conflicto en Oriente Medio. Análisis, contexto histórico y riesgos estratégicos.

Las guerras rara vez se anuncian con claridad. No comienzan con declaraciones solemnes ni con comunicados que reconozcan, sin ambages, el inicio de una conflagración mayor. La experiencia histórica demuestra que los grandes conflictos surgen de hechos aparentemente aislados, de incidentes menores que, en retrospectiva, eran síntomas de rupturas profundas del orden regional. Oriente Medio parece hoy transitar ese terreno incierto.

La interceptación por parte de Turquía de un misil procedente de Irán no puede considerarse un episodio técnico ni una simple anomalía. La relevancia aumenta porque ocurrió sobre espacio aéreo de un país miembro de la OTAN, situando el conflicto en una fase potencialmente distinta y obligando a reconsiderar los riesgos de escalada internacional. No se trata únicamente de un misil derribado, sino de un mensaje, voluntario o no, que pone a prueba los límites de la contención global.

Oriente Medio ha convivido durante décadas con un equilibrio basado en guerras indirectas y enfrentamientos calibrados para evitar la confrontación abierta entre grandes bloques. Hoy, ese equilibrio muestra signos de agotamiento. La multiplicación de actores armados, la sofisticación del armamento y la erosión de los canales diplomáticos tradicionales han reducido el margen de maniobra a niveles críticos. El incidente en Turquía adquiere así un valor simbólico y operativo que trasciende lo táctico.

Desde el punto de vista militar, la respuesta turca fue conforme a los protocolos de defensa aérea de cualquier Estado soberano: neutralizar un proyectil potencialmente hostil no es opcional. Sin embargo, la política internacional no se rige solo por manuales técnicos. Cada acción defensiva genera interpretaciones y reacciones que pueden tener consecuencias desproporcionadas. La pregunta central no es si Turquía actuó correctamente, sino qué revela este incidente sobre la dinámica actual del conflicto.

Una primera interpretación apunta a un error de cálculo. Oriente Medio vive una saturación militar sin precedentes recientes: misiles, drones, sistemas antiaéreos y operaciones simultáneas convergen en espacios limitados. Fallos técnicos, errores humanos o decisiones precipitadas son prácticamente inevitables. La historia demuestra que muchas guerras comenzaron no por voluntad explícita, sino por incidentes mal gestionados. Aceptar esta hipótesis implica reconocer que el conflicto ha alcanzado un nivel de densidad que convierte los accidentes en eventos críticos.

La segunda interpretación sugiere una acción deliberadamente ambigua por parte de Irán. Sus operaciones suelen buscar ensanchar el tablero del conflicto, involucrar a más actores y aumentar el coste político de una respuesta adversa. Rozar el espacio aéreo de Turquía —y por extensión de la OTAN— puede interpretarse como una advertencia: el conflicto no está confinado y ninguna frontera es completamente impermeable. El misil derribado podría ser, entonces, una señal estratégica más que un simple error.

Irán busca elevar el coste político y diplomático de cualquier acción contra su territorio. Cuantos más actores se involucren indirectamente, más difícil resulta coordinar una respuesta efectiva y mayor es el espacio para la negociación o la presión internacional. En este sentido, la internacionalización controlada del conflicto constituye un instrumento táctico y político.

Turquía, por su parte, se afirma como actor decisivo. Mantiene relaciones pragmáticas con Irán, pero defiende con firmeza su soberanía. La interceptación fue técnica y proporcionada, evitando retórica incendiaria que pudiera desatar una escalada innecesaria. Ankara actúa con prudencia: firme en la defensa de su territorio y cuidadosa en lo político. Su estrategia busca contener sin ceder, pero requiere reciprocidad en un entorno cada vez más impredecible.

El mayor riesgo actual no es una guerra global inmediata, sino la concatenación de incidentes y malentendidos que puedan desencadenar una escalada progresiva. Cada episodio aumenta la presión sobre los actores regionales y sus aliados, estrechando los márgenes de decisión y amplificando la probabilidad de errores. Oriente Medio se acerca a un umbral donde cada incidente cuenta más que el anterior y donde la prudencia se convierte en un recurso tan valioso como escaso.

El misil derribado en Turquía no marca el inicio de un conflicto mundial, pero sí advierte de que el conflicto regional ha entrado en una fase de alta vulnerabilidad. La historia no suele perdonar a quienes confunden señales con ruido, y hoy ese ruido resuena con fuerza en la región.

La situación exige análisis sereno y acción diplomática decidida. La contención del conflicto dependerá tanto de la prudencia de actores regionales como de la claridad estratégica de aliados internacionales. En este tablero de alta tensión, la línea entre incidente y crisis abierta se vuelve cada vez más delgada, y el margen de error, cada vez menor.

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La caída de El Mencho y el escenario que se abre para México y América Latina

 

Por Francisco Veracoechea

News Week Latam

La confirmación de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, representa uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en México en la última década. No solo por la figura que encarnó, sino por el tipo de organización que construyó y las implicaciones que su ausencia genera dentro y fuera del país. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió tras un operativo federal realizado en Tapalpa, según información oficial, abriendo un nuevo ciclo de incertidumbre en el mapa criminal.

Durante años, Oseguera Cervantes fue más que un jefe visible. Su papel consistió en consolidar una estructura criminal altamente adaptable, con capacidad de expansión territorial y una lógica empresarial orientada a controlar rutas, mercados y flujos financieros. A diferencia de otros liderazgos históricos del narcotráfico, el CJNG no dependió exclusivamente de un mando vertical, sino de una red de células con autonomía operativa, lo que explica su rápida expansión y su resistencia frente a la presión del Estado.

Este modelo permitió al grupo operar en al menos 28 estados de la República y extender su influencia a más de 35 países, de acuerdo con reportes oficiales y agencias internacionales. El control de corredores estratégicos, incluidos puertos como Manzanillo, fue clave para sostener su crecimiento. La caída de su fundador, por tanto, no supone un colapso automático, sino una reorganización interna cuyos efectos ya se manifiestan.

En las horas posteriores a la confirmación de su muerte, se registraron bloqueos y disturbios en distintas regiones de Jalisco, Michoacán y Colima. Estos episodios reflejan tanto la capacidad de movilización del grupo como el vacío de poder que deja la ausencia de su principal figura. Para especialistas en seguridad, este tipo de reacciones no son un fenómeno nuevo, sino parte de un patrón que suele acompañar la caída de liderazgos criminales de alto perfil.

El riesgo inmediato para México es una intensificación de la violencia derivada de disputas internas y de la presión ejercida por organizaciones rivales, entre ellas el Cártel de Sinaloa. Estados con antecedentes de alta conflictividad, como Guanajuato y Michoacán, podrían enfrentar un escenario de mayor fragmentación criminal, con consecuencias directas en los niveles de inseguridad local.

La sucesión dentro del CJNG no está definida de manera formal. Analistas coinciden en que la organización podría transitar hacia un liderazgo colegiado o fragmentado, lo que dificulta la contención por parte de las autoridades. Una estructura menos centralizada reduce la posibilidad de golpes decisivos y multiplica los focos de conflicto, especialmente a nivel regional.

Más allá de las fronteras mexicanas, la caída de El Mencho tiene implicaciones en América Latina. El CJNG mantiene presencia en Centroamérica, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde participa en el control de rutas de drogas y migrantes. En Sudamérica, investigaciones judiciales y reportes de inteligencia señalan vínculos operativos en Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil, así como redes de lavado en el Cono Sur. La fragmentación del CJNG podría redistribuir estas alianzas, pero no eliminarlas.

Uno de los puntos centrales del debate es el impacto real que la muerte de El Mencho tendrá sobre el consumo de drogas. La experiencia histórica indica que la eliminación de un líder criminal no reduce de forma automática la oferta ni la demanda. Mientras exista un mercado sólido, particularmente en Estados Unidos, las cadenas de suministro tienden a reconfigurarse con rapidez. En algunos casos, la competencia entre grupos genera incluso una mayor disponibilidad de sustancias y un incremento de la violencia asociada.

Para México, el desafío no se limita a contener reacciones inmediatas o posibles venganzas. El verdadero reto es evitar que el vacío de poder derive en un ciclo prolongado de homicidios, desplazamientos internos y control territorial por parte de múltiples actores criminales. La respuesta institucional en las próximas semanas será determinante para establecer si este golpe se traduce en una reducción sostenida de la violencia o en una nueva fase de inestabilidad.

La muerte de El Mencho marca un punto de quiebre simbólico, pero no el final del fenómeno que representó. El futuro del CJNG y del panorama criminal en México dependerá de la capacidad del Estado para ir más allá de los liderazgos individuales y atacar las estructuras financieras, la corrupción y las redes transnacionales que sostienen al crimen organizado. En ese terreno se juega, más que en cualquier operativo, la posibilidad de un cambio duradero.

Cuando el control nuclear deja de existir: el vacío que deja el Tratado START

 

Por Francisco Veracoechea

News Week Latam

El equilibrio nuclear nunca fue una garantía de paz, sino un ejercicio permanente de contención. Durante décadas, las grandes potencias asumieron que la acumulación ilimitada de armas atómicas no ofrecía mayor seguridad, sino un riesgo constante de destrucción mutua. De esa lógica nació el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START, uno de los pilares menos visibles —pero más decisivos— de la seguridad internacional contemporánea.

Tras el final de la Guerra Fría, el control del armamento nuclear se convirtió en una forma de diplomacia silenciosa. No eliminó las tensiones ni las rivalidades, pero estableció reglas mínimas que limitaron sus consecuencias más peligrosas. START fue, ante todo, un acuerdo de supervivencia. No partía de la confianza, sino del reconocimiento de que el error humano, la mala interpretación o el accidente podían desencadenar una catástrofe global.

El primer tratado START fue firmado en 1991, en un contexto de transición histórica. La Unión Soviética se desintegraba, el orden bipolar se desmoronaba y el mundo entraba en una etapa de incertidumbre estratégica. En ese escenario, Washington y Moscú optaron por reducir sus arsenales nucleares estratégicos y, por primera vez, aceptaron inspecciones presenciales y el intercambio de información sensible. Aquella decisión marcó un cambio de paradigma: incluso los adversarios más profundos podían acordar límites cuando el riesgo era compartido.

Ese espíritu se mantuvo, con altibajos, durante las décadas siguientes. En 2010, ya con Rusia como heredera del arsenal soviético, Estados Unidos y Rusia firmaron el llamado Nuevo START, que entró en vigor en 2011. El acuerdo fijó topes precisos al número de ojivas nucleares desplegadas y a los sistemas capaces de lanzarlas. Sin embargo, su valor principal no residía en las cifras, sino en la previsibilidad que introducía en una relación marcada por la desconfianza.

Durante años, el Nuevo START funcionó incluso cuando el clima político se deterioraba. Fue una de las pocas áreas en las que ambas potencias mantuvieron un diálogo técnico constante. Ese canal no resolvía los conflictos, pero evitaba que estos se trasladaran al terreno nuclear. En un sistema internacional cada vez más volátil, esa estabilidad silenciosa actuó como una red de seguridad.

La erosión del tratado no fue repentina. Las tensiones acumuladas por la expansión de la OTAN, las sanciones económicas y la confrontación estratégica fueron debilitando la confianza necesaria para sostenerlo. La guerra en Ucrania terminó por romper ese frágil equilibrio. En 2023, Moscú anunció la suspensión de su participación en el acuerdo, un gesto cargado de significado político. Aunque el tratado sigue vigente formalmente hasta febrero de 2026, su arquitectura práctica quedó seriamente dañada.

La posible desaparición definitiva del Nuevo START abriría un escenario inédito desde los años sesenta. Por primera vez en más de medio siglo, no existirían límites verificables sobre los arsenales nucleares estratégicos de las dos principales potencias atómicas. Sin inspecciones ni intercambio de datos, cada movimiento militar se interpretaría bajo el prisma de la sospecha. En ese contexto, el riesgo no es solo el conflicto deliberado, sino el error.

Los resultados del sistema START, pese a sus limitaciones, fueron tangibles. Los arsenales se redujeron de forma significativa, la transparencia aumentó y la carrera armamentista quedó parcialmente contenida. No fue un proceso de desarme, pero sí una gestión racional del riesgo. Ese legado es el que hoy amenaza con desaparecer.

El problema es que el mundo que heredaría ese vacío es más complejo que el de 1991 o incluso el de 2010. Nuevas potencias nucleares ganan peso, las armas hipersónicas desafían los esquemas tradicionales de defensa y la inteligencia artificial comienza a influir en los sistemas de decisión militar. Los tratados existentes no fueron diseñados para este escenario, y cualquier nuevo acuerdo exigiría una redefinición profunda del control armamentista.

Si no se firma un nuevo tratado, el resultado más probable no será una crisis inmediata, sino una carrera armamentista gradual, menos visible y más difícil de controlar. Más armas, menos transparencia y mayor margen para errores de cálculo. La historia demuestra que estas dinámicas rara vez conducen a mayor seguridad.

A corto plazo, la firma de un nuevo acuerdo parece poco viable. La desconfianza domina la relación entre Washington y Moscú. A largo plazo, sin embargo, la experiencia sugiere que algún tipo de marco será inevitable. El control nuclear no es una concesión al adversario, sino una necesidad compartida.

La desaparición del Tratado START no implica una amenaza inmediata, pero sí la pérdida de uno de los pocos consensos que sobrevivieron al final de la Guerra Fría. Durante décadas, incluso en los momentos de mayor confrontación, las grandes potencias aceptaron que las reglas eran preferibles al vacío.

El problema no es solo la ausencia de un tratado, sino el mensaje que deja su abandono: la idea de que las normas pueden descartarse cuando incomodan al poder. En un sistema internacional cada vez más fragmentado, esa señal resulta especialmente inquietante.

El riesgo nuclear no suele anunciarse con estruendo. No llega en forma de crisis visibles ni de titulares espectaculares. Se instala lentamente, en la opacidad, en la falta de verificación y en la normalización de la desconfianza. Cuando finalmente se hace evidente, suele ser demasiado tarde para corregirlo.

Renunciar al control del armamento nuclear no es una apuesta audaz. Es una apuesta temeraria. En un mundo atravesado por rivalidades crecientes, hay riesgos que no admiten competencia. Cuando se trata de armas capaces de destruirlo todo, el verdadero poder no reside en acumularlas, sino en saber limitarse.

El Salvador: ¿Paz a cualquier precio?

 

Por Francisco Veracoechea

@opinionFV

La tranquilidad que se siente

Recorrer hoy un barrio popular de San Salvador ya no despierta el mismo nudo en el estómago. Las pandillas que durante décadas impusieron toques de queda informales, cobraron “renta” a los comercios y decidieron quién vivía o moría en cada cuadra han desaparecido de la escena cotidiana. Las madres que antes recogían a sus hijos del colegio antes del atardecer ahora los dejan jugar hasta entrada la noche. Los mercados bullen sin el fantasma de la extorsión. El turismo, que durante décadas evitó el país por miedo, fluye de nuevo hacia playas y ruinas arqueológicas.

Un taxista de San Salvador lo resume sin rodeos en un testimonio recogido por medios locales: “Antes no me atrevía a manejar de noche por miedo a las maras; ahora puedo llevar pasajeros a cualquier hora sin preocuparme”. Otro vecino, de un barrio anteriormente controlado por pandillas, añade: “Mis hijos salen a la calle y regresan sin que yo tenga que rezar cada vez”.

Muchos salvadoreños describen esta normalidad como un sueño recuperado. En reportajes y encuestas cualitativas se repite una idea central: la tranquilidad ha devuelto a la gente la posibilidad de vivir sin calcular cada paso.

Los datos oficiales apuntan en la misma dirección. El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios en todo el territorio, según el Gabinete de Seguridad y el ministro Gustavo Villatoro: una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes, la más baja registrada en su historia reciente. Supone un descenso del 28 % respecto a los 114 asesinatos contabilizados en 2024. Las autoridades insisten en que todos los casos fueron esclarecidos. En los primeros meses de 2026 se acumulan ya decenas de días sin un solo homicidio. El Gobierno proclama sin ambages que el país es hoy el más seguro del hemisferio occidental.

El respaldo popular acompaña ese discurso. La encuesta más reciente de LPG Datos, publicada a finales de enero de 2026 por un medio históricamente crítico con el Ejecutivo, otorga un 91,9 % de aprobación al presidente Nayib Bukele tras seis años y medio de gobierno. Nueve de cada diez salvadoreños respaldan su gestión, un nivel inusual incluso a escala global. La seguridad aparece, con diferencia, como el principal factor de apoyo. Estudios previos de la Universidad Centroamericana ya señalaban que la mayoría percibe una transformación radical de la delincuencia.

El método que lo hizo posible

Detrás de esa tranquilidad hay un método que no pasa desapercibido. El régimen de excepción, decretado en marzo de 2022 y prorrogado 47 veces hasta febrero de 2026, suspende garantías constitucionales clave: detención solo con orden judicial, plazos máximos de prisión preventiva e inviolabilidad de las comunicaciones. Más de 91.000 personas han sido detenidas en operaciones masivas. La población penitenciaria ronda las 118.000 personas, según informes de Human Rights Watch, lo que sitúa al país entre los de mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad construida por el Gobierno, se ha convertido en el símbolo más visible de esta política: un complejo diseñado para albergar a decenas de miles de reclusos, cuyas condiciones de detención han sido calificadas como inhumanas por organizaciones internacionales.

En su Informe Mundial 2026, Human Rights Watch documenta detenciones arbitrarias basadas en apariencia, tatuajes o denuncias anónimas; desapariciones forzadas; torturas y malos tratos, así como al menos 458 muertes bajo custodia documentadas por organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, sin que se haya procesado a responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares para defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian acoso estatal.

En paralelo, el equilibrio institucional se ha erosionado. Jueces y fiscales críticos fueron destituidos en 2021. La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, eliminó en 2025 los límites a la reelección presidencial. Bukele, reelegido en 2024 pese a prohibiciones constitucionales previas, podría mantenerse en el poder de forma indefinida.

La paz es tangible. El apoyo social, abrumador. Millones de salvadoreños sienten que, por primera vez en décadas, pueden respirar. Las pandillas están severamente debilitadas, aunque no completamente erradicadas. El régimen de excepción dejó de ser temporal para convertirse en norma.

¿Qué ocurrirá si algún día se levanta?

¿Regresará la violencia organizada cuando miles de detenidos recuperen la libertad?

¿Puede una democracia plena convivir de forma sostenida con un poder tan concentrado en una sola figura?

La historia de América Latina está llena de promesas de orden que trajeron calma breve y, después, autoritarismo o nuevos ciclos de inestabilidad. El llamado “modelo Bukele” despierta admiración en países asfixiados por la violencia, pero también alarma entre quienes ven en él un atajo que sacrifica contrapesos institucionales.

El salvadoreño común responde con hechos: sale a la calle, apoya al Gobierno con cifras récord y apuesta a que esta tranquilidad perdure.

El tiempo —y quizá las urnas— ofrecerán la respuesta. Mientras tanto, El Salvador vive. Respira. Y, en silencio, se pregunta si esta paz, forjada con tanta determinación, podrá perdurar sin que el precio se cobre de otra forma.

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Nota del autor: Este reportaje interpretativo se basa en datos oficiales, encuestas independientes, informes internacionales y análisis de fuentes públicas disponibles hasta febrero de 2026. El autor no realizó trabajo de campo en San Salvador para este artículo.