Votar con incertidumbre: Costa Rica se enfrenta a una elección marcada por la inseguridad, el narcotráfico y el desgaste del poder

 

El proceso electoral avanza en un país golpeado por la violencia, el encarecimiento del costo de la vida y una creciente desconfianza hacia la política tradicional. Laura Fernández lidera las preferencias, pero lo hace en un escenario de desgaste institucional y hartazgo social.

Por Francisco Veracoechea

---

Costa Rica se aproxima a una nueva cita con las urnas en un clima marcado por la ansiedad social y la desconfianza política. El país que durante décadas fue presentado como un referente de estabilidad democrática en Centroamérica vota hoy bajo una sombra persistente: el avance del narcotráfico, el aumento sostenido de los homicidios, el encarecimiento del costo de la vida y la percepción generalizada de que las promesas del poder no se tradujeron en mejoras concretas para la mayoría de la población.

No se trata únicamente de una elección presidencial. Para amplios sectores de la ciudadanía, lo que está en juego es la capacidad del Estado de recuperar el control territorial, restablecer la confianza institucional y ofrecer respuestas creíbles a problemas que dejaron de ser coyunturales para convertirse en estructurales.

Inseguridad y violencia: cuando los datos confirman el miedo

La campaña electoral avanza atravesada por el temor y el desencanto. La inseguridad se ha instalado como el principal eje del debate público. El incremento de los homicidios y la expansión de redes criminales vinculadas al narcotráfico han transformado la vida cotidiana en comunidades que hasta hace pocos años se consideraban ajenas a la violencia. La sensación de vulnerabilidad ya no distingue entre zonas urbanas y rurales ni entre clases sociales.

Ese miedo tiene respaldo en las cifras. Costa Rica cerró 2025 con más de 950 homicidios, la cifra más alta registrada en su historia reciente. La tasa superó los 18 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un umbral que organismos internacionales asocian con escenarios de violencia estructural de alto impacto. Cerca del 70 % de las muertes violentas están vinculadas a disputas territoriales entre bandas locales conectadas a redes internacionales del narcotráfico, que utilizan al país como plataforma logística para la exportación de cocaína hacia Europa.

El narcotráfico no es un fenómeno nuevo en Costa Rica, pero su capacidad de penetración social e institucional se ha intensificado. La disputa por rutas, territorios y mercados ilegales ha erosionado uno de los pilares históricos del imaginario nacional: la seguridad.

El costo de vivir y el desgaste del poder

El malestar social no se limita a la violencia. El encarecimiento del costo de la vida atraviesa la campaña como un problema cotidiano que impacta directamente en los hogares. Aunque los indicadores macroeconómicos muestran una inflación general relativamente controlada, la experiencia diaria de la población cuenta otra historia.

En los últimos dos años, los alimentos de primera necesidad y los servicios básicos han acumulado incrementos cercanos al 12 %, presionando especialmente a los hogares de ingresos medios y bajos. A esto se suma el alto costo de los medicamentos: Costa Rica se mantiene entre los países con precios más elevados de la región, y el gasto de bolsillo para tratar enfermedades crónicas puede absorber hasta un 20 % del ingreso mensual de un hogar de clase media-baja.

Las promesas oficiales de alivio económico siguen frescas en la memoria colectiva. Para muchos votantes, su incumplimiento refuerza la sensación de desconexión entre la clase política y la realidad social, alimentando un escepticismo que atraviesa todo el proceso electoral.

Laura Fernández: liderazgo fuerte, respaldo frágil

En este escenario emerge Laura Fernández como la figura central de la contienda. Distintos sondeos le atribuyen un respaldo cercano al 40 % de la intención de voto, una cifra que la coloca en el umbral de una posible victoria en primera ronda.

Sin embargo, ese liderazgo convive con tensiones evidentes. Para sus seguidores, Fernández representa experiencia de gestión y capacidad de conducción en un contexto complejo. Para sus detractores, su figura encarna el desgaste del poder y una administración que no logró cumplir promesas clave, especialmente en materia de seguridad y costo de la vida.

El desafío de su campaña ya no es únicamente crecer, sino resistir. En un país marcado por la volatilidad electoral y la desconfianza política, la pregunta no es solo si Fernández puede ganar, sino si su respaldo se mantendrá firme frente a una campaña dominada por el miedo y la memoria reciente de promesas incumplidas.

Indecisos, abstención y una democracia en tensión

Frente a Fernández, otros candidatos intentan capitalizar el descontento social con propuestas que oscilan entre la mano dura y las reformas graduales. Sin embargo, la visibilidad y la credibilidad siguen siendo escasas en un escenario dominado por la polarización.

Más del 35 % del electorado afirma no tener aún una decisión tomada o contempla votar en blanco o nulo. Este bloque de indecisos no solo expresa hartazgo, sino que introduce una incertidumbre real sobre la solidez de cualquier ventaja electoral.

A esto se suma un dato estructural: el abstencionismo, especialmente entre los jóvenes. En las elecciones de 2022, la participación de los menores de 30 años fue significativamente menor que la de los adultos mayores, y el abstencionismo en el grupo de 18 a 35 años superó el 33 %, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Analistas advierten que, si persiste el desencanto actual, la participación juvenil en 2026 podría mantenerse en niveles bajos, debilitando la legitimidad democrática y la renovación del liderazgo político.

Votar sin certezas, pero no sin consecuencias

Costa Rica votará en un contexto cargado de incógnitas. La inseguridad no ha cedido, el narcotráfico mantiene su presión y el desgaste del poder sigue erosionando la confianza ciudadana. El próximo gobierno no heredará solo cifras económicas o compromisos administrativos, sino una sociedad más alerta, menos paciente y profundamente consciente de sus miedos.

La incógnita ya no es únicamente quién ganará las elecciones, sino qué ocurrirá después. Si el nuevo liderazgo logrará reconectar al Estado con la ciudadanía o si, por el contrario, la frustración abrirá paso a una etapa aún más compleja de desafección democrática.

Costa Rica votará con incertidumbre. Lo que todavía no está claro es si, tras el cierre de las urnas, el país despertará con alivio o con la certeza incómoda de que los problemas que hoy lo acechan han decidido quedarse un tiempo más.

Irán sin acceso a internet y con víctimas de la represión

 

El apagón digital vuelve a ser utilizado por el régimen como herramienta de control político en medio de protestas y denuncias por uso excesivo de la fuerza

Por Francisco Veracoechea

Irán atraviesa una nueva fase de aislamiento informativo mientras se multiplican las denuncias sobre víctimas mortales y detenciones masivas en el marco de la represión de las protestas internas. Desde hace varios días, amplias zonas del país registran cortes casi totales del servicio de internet móvil, severas restricciones en conexiones fijas y el bloqueo sistemático de plataformas digitales utilizadas para la comunicación y la difusión de información. La medida, adoptada por las autoridades bajo el argumento de preservar la seguridad nacional, coincide con un endurecimiento visible de la respuesta estatal frente a las manifestaciones.

Usuarios dentro del país describen un escenario de desconexión generalizada que afecta no solo a redes sociales, sino también a servicios básicos de mensajería y a plataformas vinculadas al trabajo, la educación y el comercio. En la práctica, millones de personas han quedado incomunicadas del exterior, lo que dificulta la verificación independiente de los hechos y retrasa la llegada de testimonios, imágenes y datos sobre lo que ocurre en las calles. No se trata de un fenómeno nuevo en Irán, pero sí de uno cada vez más refinado y extendido.

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la existencia de víctimas mortales y un número indeterminado de personas detenidas durante las operaciones de las fuerzas de seguridad. Las cifras exactas siguen siendo difíciles de confirmar debido al bloqueo informativo, aunque los reportes coinciden en señalar el uso de fuerza excesiva contra manifestantes, arrestos sin orden judicial y traslados a centros de detención no identificados públicamente. El gobierno iraní, por su parte, ha rechazado estas acusaciones y sostiene que se enfrenta a actos de violencia promovidos por grupos desestabilizadores.

El corte de internet se ha convertido en una herramienta central de control político. Al limitar el acceso a la red, el Estado reduce la capacidad de organización de las protestas, restringe la circulación de información y mantiene bajo control el relato de los acontecimientos. Expertos en derechos digitales subrayan que estas medidas no buscan únicamente frenar la difusión de contenidos, sino también generar un efecto disuasorio sobre la población, al dejar claro que cualquier intento de movilización tendrá consecuencias inmediatas.

La juventud iraní vuelve a situarse en el centro del conflicto. Se trata de una generación acostumbrada a la conectividad, expuesta a referentes externos y cada vez más crítica de las restricciones políticas, sociales y económicas del país. Para este sector de la población, la desconexión forzada no solo representa un obstáculo para la protesta, sino una interrupción directa de la vida cotidiana. Estudios universitarios, actividades laborales y comunicaciones familiares quedan suspendidos de forma abrupta, reforzando una sensación de encierro que va más allá de lo digital.

Irán ha desarrollado en los últimos años una infraestructura tecnológica que le permite mantener una red interna operativa mientras limita el acceso al internet global. Este sistema, conocido como red nacional de información, garantiza la continuidad de algunos servicios estatales y bancarios, pero deja a la ciudadanía aislada del escrutinio internacional. Analistas advierten que este modelo marca una tendencia preocupante, al demostrar cómo los Estados con estructuras autoritarias pueden ejercer control sin recurrir necesariamente a un apagón total, manteniendo una apariencia de normalidad.

La respuesta internacional ha sido, hasta ahora, limitada. Gobiernos occidentales y organismos multilaterales han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Irán y han instado a las autoridades a restablecer el acceso a internet y garantizar el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, estas declaraciones no se han traducido en medidas concretas capaces de alterar el comportamiento del régimen. Las negociaciones nucleares, las tensiones regionales y los equilibrios geopolíticos continúan condicionando cualquier acción más contundente.

En este contexto, el silencio informativo cumple una función estratégica. La ausencia de imágenes constantes, transmisiones en vivo y relatos directos reduce la presión de la opinión pública internacional y diluye el impacto de las denuncias. Cada día sin conexión supone una ventana de oportunidad para las autoridades, que pueden actuar con mayor margen y menor visibilidad.

A pesar de ello, la desconexión no ha logrado eliminar el descontento social. Testimonios que logran salir del país, a través de canales alternativos, muestran a una sociedad que continúa cuestionando el modelo de control impuesto desde el poder. Activistas y ciudadanos buscan nuevas formas de comunicarse, documentar los abusos y preservar la memoria de lo ocurrido, conscientes de que el apagón no es permanente.

Irán permanece hoy a oscuras en el plano digital, pero el conflicto subyacente sigue latente. La experiencia de episodios anteriores sugiere que los cortes de internet pueden retrasar la explosión del malestar, pero no neutralizarlo. Cuando la conexión se restablece, las demandas no desaparecen, sino que reaparecen con mayor fuerza y mayor carga simbólica.

El uso del apagón digital como instrumento de represión confirma una transformación profunda del autoritarismo contemporáneo. El control ya no se ejerce únicamente mediante la presencia policial o la coerción física, sino también a través de la gestión de datos, redes y flujos de información. En Irán, esta estrategia vuelve a dejar una pregunta abierta: hasta qué punto un Estado puede sostenerse desconectando a su población del mundo sin terminar, inevitablemente, enfrentándose a ella.

Groenlandia en el tablero global: Trump, Europa y la disputa estratégica por el Ártico

 

Por: Francisco Veracoechea

La insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la necesidad de que su país ejerza un mayor control sobre Groenlandia ha reactivado una de las tensiones geopolíticas más delicadas del escenario internacional contemporáneo. Lejos de presentarlo como una iniciativa económica o territorial en sentido clásico, Trump ha situado el debate en el terreno de la seguridad nacional y de la competencia estratégica en el Ártico, con Rusia como principal factor de preocupación. La reacción de la Unión Europea, el rechazo de Dinamarca y la posición firme del Gobierno groenlandés muestran hasta qué punto la isla ha pasado de ser un territorio periférico a convertirse en una pieza central del equilibrio de poder en el norte del planeta.

Groenlandia, el mayor territorio insular del mundo, ocupa una posición geográfica clave entre América del Norte y Europa. Durante décadas fue percibida como una región remota, con escasa incidencia en los grandes asuntos internacionales. Sin embargo, el progresivo deshielo del Ártico, acelerado por el cambio climático, ha modificado de forma sustancial ese escenario. La apertura gradual de nuevas rutas marítimas, la posibilidad de explotar recursos naturales estratégicos y el aumento de la presencia militar de diversas potencias han situado a la isla en el centro de los análisis geopolíticos.

Estados Unidos mantiene desde la Guerra Fría una presencia militar permanente en Groenlandia, especialmente a través de la base aérea de Pituffik, considerada un elemento clave para los sistemas de alerta temprana y defensa antimisiles. Desde esta instalación se monitorean movimientos aéreos y marítimos en una región que, según los estrategas estadounidenses, se ha vuelto más vulnerable ante el incremento de la actividad rusa en el Ártico.

Es precisamente este punto el que Trump ha subrayado de forma reiterada. Según el presidente estadounidense, Groenlandia es esencial para garantizar la capacidad de Estados Unidos de vigilar y responder a posibles amenazas procedentes de Rusia. Moscú ha reforzado en los últimos años su infraestructura militar en el Ártico, reabriendo bases, modernizando su flota y ampliando su presencia en rutas marítimas estratégicas. Para Washington, este despliegue altera el equilibrio de seguridad en una región que durante décadas permaneció relativamente estable.

Trump ha argumentado que el actual estatus de Groenlandia limita la capacidad de Estados Unidos para ejercer un control pleno y eficaz sobre un territorio que considera vital para su seguridad nacional. En sus declaraciones, ha cuestionado la capacidad de Dinamarca para responder con rapidez y recursos suficientes ante un eventual deterioro de la situación en el Ártico. Desde su perspectiva, un mayor control estadounidense permitiría una supervisión más directa y una respuesta más ágil frente a cualquier movimiento ruso que pueda afectar al espacio aéreo o marítimo del Atlántico Norte.

A diferencia de su primer mandato, cuando la idea de adquirir Groenlandia fue recibida como una ocurrencia, el discurso actual se presenta con un marco estratégico más definido. Trump ha insistido en que no se trata de una cuestión simbólica, sino de una necesidad vinculada a la defensa del territorio estadounidense y de sus aliados. En este contexto, ha dejado entrever que Estados Unidos no puede depender exclusivamente de acuerdos con terceros cuando se trata de una región que considera crítica para su seguridad.

El planteamiento ha ido acompañado de advertencias económicas. Trump ha sugerido que los países europeos que se opongan a sus planes o que, a su juicio, obstaculicen los intereses estadounidenses en el Ártico podrían enfrentarse a medidas comerciales, incluidos aranceles. Este enfoque ha generado inquietud en varias capitales europeas, que interpretan estas declaraciones como una forma de presión incompatible con la relación entre aliados históricos.

Desde Groenlandia, la respuesta ha sido clara y constante. El Gobierno autónomo ha reiterado que la isla no está en venta y que cualquier decisión sobre su futuro corresponde exclusivamente a su población. Las autoridades groenlandesas han subrayado que el territorio no es un espacio vacío ni una ficha intercambiable en el tablero geopolítico, sino una sociedad con identidad propia, instituciones consolidadas y aspiraciones políticas definidas. Su prioridad, sostienen, es avanzar en el fortalecimiento del autogobierno y en el desarrollo económico, manteniendo relaciones de cooperación con sus socios internacionales.

Dinamarca ha respaldado plenamente esta posición. Desde Copenhague se recuerda que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, un Estado soberano y miembro de la OTAN, y que la cooperación con Estados Unidos en materia de defensa ha sido constante durante décadas. Las autoridades danesas subrayan que la presencia militar estadounidense en la isla se ha mantenido con pleno conocimiento y acuerdo del Gobierno danés, dentro de los marcos legales y políticos vigentes.

El Ejecutivo danés ha insistido en que cualquier intento de modificar el estatus de Groenlandia sin el consentimiento de sus habitantes contravendría los principios del derecho internacional, en particular los relativos a la soberanía territorial y la autodeterminación de los pueblos. Esta postura ha sido respaldada por la Unión Europea, que ha cerrado filas en torno a uno de sus Estados miembros.

Bruselas ha reiterado la necesidad de respetar el orden internacional basado en normas y ha evitado, al mismo tiempo, una escalada retórica con Washington. No obstante, la Comisión Europea analiza posibles escenarios ante la amenaza de nuevas medidas comerciales por parte de Estados Unidos. Varios Estados miembros han reforzado su coordinación diplomática y su implicación en el Ártico, conscientes de que la región se ha convertido en un espacio de creciente rivalidad estratégica.

El interés por Groenlandia se inscribe en una dinámica más amplia. El Ártico ha emergido como uno de los principales escenarios de competencia global del siglo XXI. Rusia considera la región una extensión natural de su espacio estratégico y ha invertido de forma sostenida en su militarización. China, por su parte, se ha definido como un “Estado cercano al Ártico” y ha incrementado su presencia económica y científica, buscando asegurar un papel en el futuro de las rutas marítimas y en la explotación de recursos.

Estados Unidos y Europa observan estos movimientos con atención. Para Washington, el refuerzo ruso en el Ártico representa un desafío directo a su capacidad de disuasión. Para la Unión Europea, el reto consiste en equilibrar su relación con Estados Unidos, preservar la soberanía de sus Estados miembros y evitar que la región se convierta en un nuevo foco de confrontación permanente.

El debate en torno a Groenlandia ha puesto de relieve las diferencias de enfoque entre ambas orillas del Atlántico. Mientras la Administración Trump adopta una política exterior más directa, basada en el control y la presión, la Unión Europea insiste en un marco de cooperación sustentado en normas, acuerdos multilaterales y respeto a la legalidad internacional. Analistas advierten de que estas tensiones podrían tener efectos en la cohesión de la OTAN y en la relación transatlántica, especialmente en un contexto de creciente incertidumbre global.

Groenlandia, en medio de este pulso, continúa reivindicando su derecho a decidir su propio futuro, mientras el Ártico deja de ser una frontera lejana para convertirse en uno de los espacios donde se define la arquitectura de seguridad internacional del siglo XXI.

 

Después de Maduro: el poder que queda y el país que sigue

 

Por Francisco Veracoechea

El día después de lo impensable

La captura de Nicolás Maduro y de su esposa por autoridades estadounidenses marcó un punto de quiebre que durante años pareció improbable. El dirigente que había sobrevivido a sanciones, aislamiento diplomático y crisis internas ya no estaba en el Palacio de Miraflores ni hablaba al país desde cadenas nacionales. Estaba preso en Estados Unidos.

El impacto inicial fue de desconcierto. No solo por la magnitud del hecho, sino por la velocidad con la que el poder tuvo que reorganizarse en Caracas. En cuestión de horas, el Estado venezolano se vio obligado a demostrar que seguía existiendo sin su figura central. La política entró en una fase donde el silencio, más que los discursos, pasó a ser la principal señal de mando.

La pregunta inmediata no fue jurídica ni personal. No giró en torno a la suerte de Maduro, sino al país que quedaba atrás. Qué tipo de Estado emerge cuando el liderazgo absoluto desaparece de forma abrupta. Y, sobre todo, quién toma realmente las decisiones cuando el poder deja de tener un rostro único.

La continuidad sin el vértice

La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina respondió a una necesidad urgente de continuidad. El aparato institucional debía mantenerse en pie para evitar un vacío que derivara en caos político o fractura interna. El mensaje fue que el Estado seguía funcionando, que había mando y que el país no entraba en un territorio desconocido.

Pero la continuidad fue más formal que real. Sin Maduro, el poder dejó de concentrarse en una sola figura y pasó a distribuirse entre actores que ahora se vigilan entre sí. El Ejecutivo, el alto mando militar, el aparato judicial y los sectores económicos vinculados al Estado comenzaron a operar en un equilibrio inestable, donde cada decisión debía ser calculada con mayor cautela.

El chavismo, lejos de desaparecer, se replegó. Ya no actúa desde la seguridad del control absoluto, sino desde la lógica de la supervivencia. Mantener cohesión interna se volvió prioritario. Evitar divisiones en las fuerzas armadas pasó a ser una línea roja. En este nuevo escenario, el poder no se impone con facilidad; se negocia.

Estados Unidos y el nuevo centro de gravedad

La captura de Maduro convirtió a Estados Unidos en un actor central del futuro venezolano, no solo por el hecho en sí, sino por lo que vino después. Washington dejó claro que su papel no sería pasivo ni limitado al ámbito judicial. La operación abrió la puerta a una influencia directa sobre el rumbo político y económico del país.

El mensaje fue explícito. La normalización de Venezuela pasa por una relación preferente con Estados Unidos. Las decisiones estratégicas, especialmente en materia energética, no se tomarán sin su participación. La reinserción en los mercados internacionales, el acceso a financiamiento y el levantamiento progresivo de sanciones estarán condicionados a ese vínculo.

No se trata de una administración formal ni de una ocupación clásica. Es una tutela moderna, ejercida a través de mecanismos económicos, licencias, acuerdos comerciales y control financiero. El poder no se ejerce desde un despacho en Caracas, sino desde la capacidad de autorizar o bloquear decisiones clave.

El petróleo como llave del futuro inmediato

En este nuevo escenario, el petróleo volvió a ocupar el centro del debate nacional. No como símbolo ideológico ni como bandera política, sino como herramienta de reconstrucción y, al mismo tiempo, de presión. Reactivar la industria energética es indispensable para cualquier intento de estabilización económica. Sin ingresos petroleros, el margen de maniobra del Estado es mínimo.

Pero la reactivación tiene un costo. Aceptar inversiones, tecnología y mercados implica aceptar condiciones. La discusión ya no es si Venezuela necesita capital extranjero, sino quién define las reglas y quién controla el proceso. La cesión de capacidad de decisión sobre el principal recurso del país abre un debate profundo sobre soberanía real.

Para Estados Unidos, el petróleo venezolano es una pieza estratégica. Para Venezuela, es una necesidad urgente. En esa asimetría se juega buena parte del futuro inmediato del país.

Gobernar bajo presión permanente

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina en uno de los contextos más complejos que haya enfrentado un dirigente venezolano en décadas. Debe sostener el aparato político heredado, contener tensiones internas y negociar con una potencia que tiene bajo custodia al líder que encabezó ese mismo sistema.

Su discurso público apela a la soberanía, al derecho internacional y a la defensa del Estado. Sin embargo, cada decisión revela los límites de su margen de acción. Gobernar ya no significa imponer una línea política, sino administrar restricciones constantes.

Cada acuerdo económico es observado con lupa. Cada gesto de acercamiento a Washington genera resistencias internas. Cada intento de marcar distancia tiene consecuencias prácticas. La presidencia interina se mueve en un terreno donde la autonomía es relativa y la legitimidad está en construcción.

Una sociedad cansada de relatos

Para la población, la caída de Maduro no se tradujo automáticamente en esperanza plena. Hubo alivio, sí, pero también cautela. Después de años de crisis, la sociedad venezolana ha aprendido a desconfiar de los grandes relatos y a medir los procesos por sus resultados concretos.

La pregunta dominante no es quién gobierna, sino si la vida cotidiana mejora. Servicios básicos, empleo, seguridad y estabilidad pesan más que cualquier promesa de cambio estructural. El tiempo juega en contra de las nuevas autoridades, porque la paciencia social es limitada.

Existe también un temor latente. Que el fin de un poder concentrado dé paso a una dependencia externa que reproduzca viejas desigualdades bajo una nueva narrativa. El recuerdo de transiciones fallidas en la región alimenta esa desconfianza.

El riesgo de una transición tutelada

La historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de cambios políticos que no derivaron en autonomía real. Venezuela enfrenta ahora ese riesgo. La debilidad interna y la urgencia económica pueden empujar al país a aceptar decisiones estratégicas tomadas fuera de sus fronteras.

Cambiar de figura sin cambiar de lógica no garantiza democracia ni desarrollo. Sustituir un mando autoritario por una tutela externa puede estabilizar momentáneamente la economía, pero deja intacta la pregunta de fondo: quién decide el rumbo del país.

El desafío es reconstruir instituciones sin renunciar a la capacidad de decisión propia. Un equilibrio difícil en un contexto de presión constante y necesidades urgentes.

Un proceso sin final inmediato

Lo que sigue para Venezuela no será rápido ni espectacular. No habrá un punto final claro ni un momento fundacional que marque el inicio de una nueva era. El proceso será lento, técnico y profundamente político. Se definirá en negociaciones discretas, acuerdos económicos y reacomodos de poder.

La captura de Nicolás Maduro cerró un capítulo, pero no resolvió el conflicto estructural del país. El sistema sigue ahí, transformado, condicionado y vigilado. El poder ya no se ejerce con el mismo ruido, pero sigue siendo objeto de disputa.

Epílogo: el desafío verdadero

Venezuela entra en una etapa más silenciosa y más compleja. Sin el liderazgo que concentraba todo, el país queda expuesto a sus propias fragilidades y a las presiones externas que buscan llenar ese vacío.

El desafío no es solo dejar atrás el pasado, sino evitar que el futuro sea decidido por otros. En ese espacio incierto, entre la reconstrucción posible y la dependencia latente, se juega el verdadero destino del país.

El legado de Uribe Turbay para Colombia y Latinoamérica, sobre todo Venezuela

Por Francisco Veracoechea

Bogotá amaneció de luto el 11 de agosto de 2025. A la 1:56 de la madrugada, en la Clínica Fundación Santa Fe, falleció el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, tras más de dos meses de lucha contra las graves heridas sufridas en un atentado el 7 de junio, durante un acto de campaña en el barrio Modelia, Fontibón. Tenía 39 años y aspiraba a la presidencia de Colombia en las elecciones de 2026.

Heredero de una estirpe política marcada por la tragedia —nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un operativo de rescate fallido—, Uribe Turbay simbolizaba la unión entre la experiencia de la tradición y el impulso renovador de una generación que exige cambios. Su asesinato, de clara motivación política según las autoridades, ha reabierto el debate sobre la violencia contra líderes en América Latina.

Una voz contra la violencia

Desde su llegada al Senado en 2022, Miguel Uribe Turbay se convirtió en un defensor incansable de la democracia. Su mensaje central, repetido en entrevistas y actos públicos, era contundente: “No hay democracia posible si la palabra se reemplaza por la bala”. Esta postura, lejos de ser retórica, era un compromiso personal que nació de la propia historia de su familia.

En un país donde el ejercicio político aún implica riesgos letales, Uribe Turbay impulsó proyectos para proteger a candidatos, líderes sociales y periodistas, con la convicción de que la política debe resolverse en las urnas y no en las morgues.

Puente generacional y renovación política

Uribe Turbay apostó por incluir a la juventud en el debate público. Promovió iniciativas para facilitar el acceso a la educación superior, fomentar el empleo juvenil y modernizar la administración pública. En su visión, los jóvenes no debían limitarse a ser votantes, sino actores centrales en la toma de decisiones.

Su estilo de liderazgo buscaba cerrar la brecha entre las instituciones y la ciudadanía. Defendía la transparencia, la simplificación de trámites y la digitalización de los servicios estatales como herramientas para combatir la corrupción y recuperar la confianza en la política.

Proyección latinoamericana y vínculo con Venezuela

Aunque su labor legislativa se desarrolló en Colombia, sus propuestas tenían eco regional. Uribe Turbay comprendía que la violencia, la desigualdad y la corrupción son problemas comunes en América Latina y que su solución requiere cooperación entre países.

Particularmente con Venezuela, se manifestó de forma clara y constante en defensa de la democracia. Rechazó abiertamente los regímenes autoritarios y denunció las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Para él, la crisis venezolana no era un asunto interno aislado, sino un desafío regional que ponía a prueba los principios democráticos del continente.

Defendió la necesidad de elecciones libres, transparentes y supervisadas internacionalmente como única vía legítima para resolver la crisis política. También abogó por el fortalecimiento de organismos multilaterales que garantizaran el respeto a la voluntad popular en cualquier nación latinoamericana.

En el plano humanitario, fue un firme defensor de los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia. Respaldó políticas de regularización, acceso al trabajo formal y a los servicios de salud, argumentando que más allá de cifras y estadísticas, se trataba de personas que huían de la pobreza, la represión y la falta de oportunidades. “Cerrar las puertas a quien busca refugio es darle la espalda a la humanidad y a la democracia”, llegó a decir en un debate en el Congreso.

Un legado que trasciende fronteras

Miguel Uribe Turbay entendía que la defensa de la democracia no tenía fronteras. Su visión abarcaba una Latinoamérica unida en valores esenciales: el respeto a la ley, la alternancia en el poder, la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos. En sus discursos, advertía que la erosión de estos principios en un país podía contagiar a toda la región.

Por eso, su muerte no solo enluta a Colombia, sino que deja un vacío en el espacio regional de líderes comprometidos con la democracia. Su legado es la idea de que el miedo no debe silenciar las ideas, y que la violencia no puede ser el árbitro de la política.

Miguel Uribe Turbay no alcanzó a ver el país y la región que soñaba, pero su voz y su causa seguirán resonando. Su ejemplo deja una hoja de ruta: una política libre de violencia, una democracia sin apellidos, y una Latinoamérica capaz de decidir su destino sin miedo.

La estafa invisible: cómo operan las redes de fraude telefónico y digital en América Latina

Por Francisco Veracoechea – News Week Latam

---

Un crimen que no deja huellas

Una llamada inesperada. Un mensaje de WhatsApp con tono urgente. Un anuncio en redes sociales que promete multiplicar el dinero en días. Así comienzan, casi siempre, las historias de miles de personas en América Latina que caen en las redes de las estafas telefónicas y digitales. El rostro del crimen ha cambiado: ya no se presenta con pasamontañas ni revólver en mano, sino con una voz amable y una promesa seductora.

En un continente donde el acceso a la tecnología ha avanzado más rápido que la educación digital, los delincuentes han encontrado un terreno fértil para una nueva forma de saqueo. Se trata de un fraude sin violencia visible, pero profundamente devastador, que no distingue edad, nacionalidad ni clase social. Las víctimas son jóvenes que buscan un ingreso extra, adultos que quieren invertir sus ahorros y personas mayores confiadas en supuestos beneficios del Estado o del sistema bancario.

---

El modus operandi: vender ilusiones

Las estafas más comunes suelen seguir un patrón tan sencillo como efectivo. En su versión telefónica, el estafador se presenta como funcionario de un banco, operador de una plataforma financiera, trabajador de una institución pública o incluso representante de una organización humanitaria. El mensaje varía: una tarjeta bloqueada, un subsidio pendiente, un bono urgente o una inversión de alto retorno.

“Solo necesitamos confirmar sus datos”, dicen.

Con esa frase comienza la entrega voluntaria de información confidencial: números de cuenta, contraseñas, tokens, códigos de verificación. En ocasiones, las víctimas son persuadidas para instalar aplicaciones que permiten el acceso remoto al celular. En otros casos, simplemente transfieren dinero a cuentas bajo promesas de ganancias rápidas.

Las variantes online no se quedan atrás. Plataformas fraudulentas de inversión, anuncios en redes sociales con supuestos expertos financieros, grupos de Telegram con falsas operaciones de trading, y promociones de “criptomonedas emergentes” han inundado la región con promesas tentadoras y rentabilidades imposibles.

---

Call centers del fraude: cuando la estafa se industrializa

Las autoridades de varios países han descubierto lo que ya se sospechaba: muchas de estas operaciones no son improvisadas ni aisladas. Se trata de estructuras delictivas organizadas que operan como verdaderas empresas del crimen digital.

En ciudades como Lima, Bogotá, Caracas, Ciudad de México o Santo Domingo, se han identificado call centers clandestinos que trabajan con bases de datos obtenidas ilegalmente. Los operadores —algunos adolescentes reclutados con promesas de empleo fácil— siguen guiones precisos, utilizan tecnología de suplantación de número (spoofing) y, en algunos casos, incluso acceden a registros bancarios de las víctimas gracias a filtraciones o cómplices internos.

Estas redes no solo operan a nivel nacional. Muchas están conectadas con organizaciones transnacionales que lavan el dinero en criptomonedas, lo transfieren a cuentas en paraísos fiscales o lo diluyen a través de múltiples intermediarios. En menos de 48 horas, el rastro del dinero puede haberse evaporado por completo.

---

Las víctimas no denuncian: entre la vergüenza y la impotencia

Uno de los factores que facilita la expansión de estas estafas es el silencio de las víctimas. La mayoría no denuncia. Algunas por vergüenza; otras, por desconocimiento; y muchas porque, al acudir a las autoridades, encuentran indiferencia o burocracia.

“Caí en una supuesta inversión con retorno garantizado. Perdí 2.000 dólares. Cuando fui a la policía, me dijeron que no podían hacer nada. Me sentí culpable, tonta y sola”, cuenta Lidia Márquez, una profesional de 43 años en San José, Costa Rica.

La impunidad es casi absoluta. Las unidades de cibercrimen de las fiscalías suelen estar subdimensionadas, mal financiadas y saturadas. Las leyes penales no siempre contemplan este tipo de delitos o, cuando lo hacen, son de difícil aplicación por la falta de pruebas digitales forenses o jurisdicción internacional.

En algunos países, incluso, los bancos se desentienden, argumentando que el cliente “autorizó la operación”. La víctima queda doblemente vulnerada: primero por el estafador, y luego por un sistema que no ofrece reparación.

---

Las redes sociales: trampas virales con cara de éxito

TikTok, Instagram, Facebook y YouTube se han convertido en los nuevos escenarios del fraude emocional. Influencers falsos, cuentas clonadas, videos editados y testimonios manipulados se utilizan para construir la imagen de éxito fácil. Se muestra gente sonriente, contando fajos de billetes, asegurando que cambiaron su vida con una “oportunidad que no te puedes perder”.

Los estafadores saben cómo jugar con el algoritmo. Pagan publicidad, inflan métricas, crean engagement falso y colocan enlaces que redirigen a chats privados donde comienza la verdadera manipulación.

Una vez en contacto, el usuario es invitado a invertir pequeñas cantidades. Al inicio, incluso se les permite retirar una supuesta ganancia, para generar confianza. Luego se les anima a invertir más… y más. Hasta que, un día, el grupo desaparece, la página deja de cargar o el asesor “ya no está disponible”.

---

Educación financiera: una deuda estructural

Latinoamérica arrastra un profundo rezago en educación financiera. La mayoría de los ciudadanos no ha recibido formación básica sobre manejo de dinero, riesgos financieros, herramientas de inversión o prevención de fraudes.

Este vacío es aprovechado por los estafadores, que utilizan tecnicismos para confundir o seducir. Palabras como “criptoactivo”, “staking”, “fondos gestionados”, “rendimiento compuesto” o “inteligencia artificial financiera” se usan para disfrazar esquemas piramidales, fraudes Ponzi o plataformas inexistentes.

Ni las escuelas, ni las universidades, ni los gobiernos han asumido con seriedad el reto de capacitar a la población frente a los riesgos de la era digital. Las campañas de prevención son esporádicas, limitadas y, en muchos casos, mal enfocadas.

Mientras tanto, millones de personas siguen confiando en promesas que no entienden del todo.

---

El crimen que se disfraza de oportunidad

En las calles de Caracas, Medellín, Tegucigalpa o Buenos Aires, ya no es necesario empuñar un arma para robar. Basta una línea telefónica, un celular inteligente y una historia bien contada. El crimen ha mutado, y la ley todavía no lo alcanza.

En una región marcada por la desigualdad, donde los sueños suelen depender de golpes de suerte, las estafas digitales encuentran terreno fértil en la necesidad. Las víctimas no son ingenuas ni irresponsables: son personas que, ante la falta de opciones reales, apuestan por la ilusión que alguien les vendió como posibilidad.

Cada clic, cada llamada, cada “oferta imperdible” es una nueva emboscada. Y lo más peligroso es que muchas veces, ni siquiera parece una trampa.

Mientras la tecnología avanza, el riesgo se multiplica. Y en esa carrera entre la codicia de unos y la desesperación de otros, los únicos que siempre ganan son los que se esconden detrás de una pantalla… con tu dinero.

Historias reales: tres voces desde la estafa

Detrás de las estadísticas, las leyes y los discursos oficiales, están las personas. Rostros anónimos que vivieron en carne propia la trampa de una promesa mal intencionada. No son casos aislados: representan a miles de víctimas que, por vergüenza, miedo o resignación, prefieren callar. Estas son solo tres historias entre muchas.

---

📱 Carlos E., 27 años, Bogotá

“Vi el anuncio en Instagram y confié”

Carlos trabajaba como repartidor de comida cuando vio un video en Instagram que cambiaría su vida —aunque no como esperaba. Un joven hablaba sobre una plataforma de inversión en criptomonedas automatizada. El diseño era profesional. El mensaje, convincente.

“La primera vez puse 100 dólares. A la semana ya tenía 160. Me dejaron retirar 30, y eso me dio confianza.”

Motivado, invirtió 500 dólares. Desde entonces, silencio absoluto. La página desapareció, el asesor no respondió más y su dinero se evaporó en segundos.

“Me dio vergüenza decirlo. ¿Cómo le explico a mi familia que me robaron por creer en una página de Instagram?”

---

☎️ Rosa T., 61 años, Lima

“Me dijeron que era un préstamo aprobado por el gobierno”

Rosa es pensionada. Una tarde recibió una llamada de alguien que se identificó como representante del Ministerio de Desarrollo Social del Perú. Le informaron que había sido seleccionada para un bono de ayuda económica. Solo debía pagar una pequeña “tasa de activación”.

“Me hablaron tan bonito, tan seguros. Me dijeron que si no lo hacía ese día, perdía el beneficio.”

Rosa fue al cajero y depositó 200 soles. Luego vino el silencio. El número desapareció. Nunca recibió nada.

“Era lo último que tenía ese mes. Me sentí una tonta. Ni siquiera se lo conté a mis hijos.”

---

🤳 Luis A., 39 años, San Salvador

“Me convencieron por WhatsApp con un video de Bukele”

Luis recibió por WhatsApp un mensaje que incluía un video donde el presidente Nayib Bukele promocionaba una app de inversión para salvadoreños. Prometía retorno seguro, fácil y respaldado por el Estado.

“Todo parecía legítimo. Decían que era parte del ‘futuro financiero del país’.”

Luis transfirió 250 dólares a la plataforma. Durante unos días vio subir sus “ganancias”. Pero cuando quiso retirar, fue bloqueado. El sitio web desapareció. Más tarde supo que el video había sido manipulado con inteligencia artificial.

“Yo voté por Bukele. Ver su cara en ese video fue lo que me convenció. Después supe que era un deepfake.”

Tailandia y Camboya reavivan su disputa fronteriza por el templo de Preah Vihear

 

El templo de Preah Vihear vuelve a ser el epicentro de una crisis entre ambos países. Intercambios armados recientes elevan la tensión regional.

Por Francisco Veracoechea

La histórica disputa territorial entre Tailandia y Camboya ha dado un paso más hacia la escalada militar tras los recientes enfrentamientos registrados en su frontera compartida. Según reportes oficiales, unidades militares de ambos países intercambiaron fuego en las inmediaciones del templo de Preah Vihear, un emblemático santuario del siglo XI erigido durante el apogeo del Imperio jemer, enclavado sobre un acantilado en la cordillera Dangrek.

Aunque las autoridades no han ofrecido un balance oficial de víctimas, medios locales y agencias de prensa en Bangkok y Nom Pen han informado de varios heridos, al menos tres bajas no confirmadas y evacuaciones en aldeas cercanas a la línea de fuego. Se trata del incidente más grave en más de una década, lo que ha hecho saltar las alarmas tanto en el seno de la comunidad internacional como entre los habitantes de la región.

---

Una disputa que nunca se resolvió del todo

El origen de esta controversia se remonta a la época colonial, cuando Francia —potencia dominante en Indochina— trazó mapas con límites ambiguos entre ambos territorios. Tras la independencia de Camboya, la delimitación quedó en suspenso hasta que en 1962, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Camboya, otorgándole la soberanía sobre el templo. Tailandia aceptó la sentencia, pero la falta de una delimitación precisa de los terrenos colindantes dejó la puerta abierta a futuras tensiones.

Lejos de aplacar el conflicto, el fallo sembró resentimientos en sectores nacionalistas tailandeses. En 2008, la declaración del templo como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco reactivó la hostilidad: Tailandia consideró el acto una provocación y movilizó tropas hacia la frontera. Camboya respondió en el mismo tono. Los años siguientes estuvieron marcados por escaramuzas esporádicas, hasta llegar al enfrentamiento armado de 2011, que dejó más de diez muertos y centenas de desplazados.

Un segundo pronunciamiento de la CIJ, emitido en 2013, reafirmó que no solo el templo, sino también su explanada inmediata pertenecen a Camboya. Aun así, grupos ultranacionalistas en Tailandia han mantenido viva la narrativa del despojo, considerándola una afrenta a la soberanía nacional.

---

Contexto político y nacionalismo en alza

Los recientes enfrentamientos no pueden analizarse al margen del contexto interno en ambas naciones. En Tailandia, el Gobierno enfrenta un escenario complejo: protestas juveniles, cuestionamientos al poder de la monarquía, e incertidumbre tras la consolidación del actual Ejecutivo con el respaldo de las Fuerzas Armadas. La falta de legitimidad democrática ha debilitado su margen de maniobra.

En Camboya, el nuevo primer ministro Hun Manet, hijo del longevo exlíder Hun Sen, busca consolidar su imagen como figura de continuidad. En un país donde la oposición ha sido sistemáticamente marginada y los medios independientes silenciados, el nacionalismo territorial ofrece una vía rápida para ganar apoyo popular.

En este clima, reavivar el conflicto fronterizo se ha convertido en una herramienta útil para ambas administraciones: unificador hacia dentro, disuasivo hacia fuera. Los discursos públicos se han endurecido, los despliegues militares se han intensificado y las redes sociales han amplificado el tono beligerante.

---

El templo como símbolo y campo de batalla

El templo de Preah Vihear, consagrado al dios Shiva y construido en un estilo arquitectónico único que se extiende a lo largo de una cresta montañosa, es mucho más que un vestigio religioso. Representa, para Camboya, un símbolo de herencia cultural y orgullo nacional. Para Tailandia, una pérdida mal digerida que sigue alimentando un relato de agravio histórico.

A nivel geoestratégico, el enclave ofrece una posición militar elevada, control de rutas locales y acceso a recursos naturales que se estima existen en la zona. En un sudeste asiático cada vez más marcado por rivalidades de influencia —principalmente entre China y Estados Unidos—, la dimensión estratégica del templo no puede ser ignorada.

El más reciente despliegue de tropas tailandesas y el refuerzo de posiciones camboyanas indican que ambos países están jugando al borde del abismo, midiendo fuerzas sin descartar la confrontación directa.

---

Un pasado que amenaza el presente

Lo que para el mundo exterior puede parecer un diferendo patrimonial o una rencilla fronteriza, en realidad es una disputa por el control del relato histórico y por la soberanía simbólica. La falta de mecanismos regionales eficaces de resolución de conflictos, sumada al oportunismo político, ha convertido a Preah Vihear en un escenario recurrente de tensión.

Mientras la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) —un bloque regional conformado por diez países que busca fomentar la cooperación política, económica y de seguridad en la región— se limita a declaraciones diplomáticas sin efecto vinculante, y las potencias globales observan con distancia, la situación sobre el terreno se deteriora. La población civil vive entre el temor al desplazamiento y la incertidumbre ante una nueva guerra.

---

Un templo atrapado entre banderas

Lejos de ser un espacio de contemplación espiritual, el templo se ha convertido en una trinchera de discursos nacionalistas y militarización regional. La historia sin cerrar, manipulada por intereses internos, ha transformado un legado cultural común en un punto de fricción permanente.

Si no se activan con urgencia canales reales de diálogo y mediación internacional, la frontera entre Tailandia y Camboya podría convertirse nuevamente en una línea de fuego, y el templo de Preah Vihear, en el epicentro de una nueva crisis regional que nadie necesita.